Pedro Sánchez, solo ante la presión parlamentaria: el caso Koldo arrincona al Gobierno
En medio del creciente escándalo por el caso Koldo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado prácticamente aislado en el Congreso, resistiendo en solitario la presión de todos los grupos parlamentarios —excepto el PSOE— que exigen una comparecencia inmediata del presidente para dar explicaciones. La oposición, junto con algunos socios del Ejecutivo, reclama transparencia y celeridad, mientras La Moncloa apuesta por una comparecencia aplazada hasta el 9 de julio. Este desacuerdo ha intensificado las tensiones institucionales y evidenciado la fragilidad del respaldo parlamentario del Ejecutivo.
La propuesta del Partido Popular para modificar el orden del día del actual pleno y forzar así la intervención urgente de Sánchez fue bloqueada por el PSOE, con el respaldo de EH Bildu y la ambigüedad táctica de Sumar. La modificación del orden del día exige unanimidad, lo que permitió al grupo socialista frenar esta vía. Sin embargo, Bildu, aunque alineado con el PSOE, ha mostrado su disposición a convocar un pleno extraordinario este jueves, al final de la sesión ordinaria, lo que podría abrir una nueva posibilidad para forzar la comparecencia del presidente.
El Ejecutivo, por su parte, se aferra a los compromisos internacionales de Sánchez —como la cumbre de la OTAN y reuniones del Consejo Europeo— para justificar el retraso. El portavoz socialista, Patxi López, y el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, han defendido públicamente esta agenda como una razón legítima para postergar la comparecencia. Sin embargo, varios socios parlamentarios, como ERC, han replicado que no habrá agenda internacional que excuse la falta de explicaciones ante el Parlamento si Sánchez pierde el apoyo de la Cámara.
El reglamento del Congreso permitiría, no obstante, convocar un pleno monográfico esta misma semana, si así lo acuerda la Junta de Portavoces —como ha solicitado el PP— y si cuenta con el respaldo de al menos dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados. Con el apoyo ya confirmado de populares, Vox y parte de los socios de investidura, los números necesarios para activar este mecanismo ya están reunidos.
El Gobierno busca encapsular el escándalo del caso Koldo
La oposición ha intensificado su ofensiva política. Desde el PP, su portavoz Miguel Tellado ha calificado al presidente de “zombi político” que “tiene miedo a la democracia” y “a comparecer porque está hasta el cuello de corrupción”. La secretaria general del grupo popular, Macarena Montesinos, fue más allá al pedir la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por presuntamente mentir en sede parlamentaria en el marco de la investigación del caso Koldo. El PSOE ha respondido cerrando filas, pero su soledad es cada vez más evidente.
Desde el Gobierno se intenta calmar a unos socios cada vez más incómodos. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha insistido en que Sánchez está abierto a dialogar y escuchar propuestas de todos los grupos, y ha recalcado la “contundencia” con la que —según ella— ha actuado el Ejecutivo desde que se conocieron los indicios de corrupción. Alegría ha intentado encapsular el escándalo en lo que ha llamado un “triángulo tóxico” formado por Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, intentando limitar el impacto reputacional sobre el resto del partido.
Aun así, los hechos y las grabaciones que circulan, en las que se alude a supuestos amaños de contratos públicos en los que aparecen altos cargos de la administración, dificultan el discurso oficial. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha reconocido que, aunque una auditoría interna validó los contratos en Transportes, ahora el ministerio busca nuevos indicios tras las revelaciones judiciales. También ha insistido en que “hay lugares a los que la Administración no puede llegar, y tiene que ser la justicia la que lo investigue”.
En paralelo, Sánchez ha enviado una carta a la militancia del PSOE con un tono introspectivo. En ella reconoce el daño moral que el caso ha infligido al partido, lamenta la “traición” de quienes ocuparon responsabilidades institucionales y reitera su voluntad de actuar con firmeza. El presidente sostiene que el Gobierno no ha interferido en el proceso judicial y acusa a la derecha de querer utilizar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) como un arma política para desestabilizar al Ejecutivo.
Sánchez acusa a la oposición de atacar al Gobierno
La estrategia de Sánchez también apunta a reforzar la idea de una operación de “demolición moral” impulsada por la oposición, a la que acusa de preferir el descrédito institucional al debate político legítimo. El presidente advierte de que “hemos venido a mejorar la vida de la gente, a combatir la desigualdad y a defender las libertades. Y no vamos a permitir que nada nos aparte de esos anhelos en los que millones de personas han depositado sus esperanzas”.
Sin embargo, el efecto de esta narrativa es incierto. El clamor parlamentario por una respuesta inmediata, la presión de socios clave y el ruido mediático por las revelaciones del caso Koldo colocan al presidente en una posición defensiva. La insistencia del Gobierno en retrasar su comparecencia puede ser vista como una maniobra dilatoria que, lejos de apaciguar la situación, alimenta la percepción de opacidad y debilidad política.
Si finalmente se convoca un pleno especial esta misma semana, como reclaman numerosos grupos, Sánchez se verá obligado a enfrentar una comparecencia clave bajo un escrutinio máximo. En juego no está solo su credibilidad personal o la del Ejecutivo, sino la capacidad del Gobierno para mantener su mayoría parlamentaria y la legitimidad política para continuar gobernando en medio de un escándalo que amenaza con extenderse más allá de sus fronteras internas. @mundiario
