La UCO señala a Navarra como origen de la trama del caso Koldo y traza su expansión hasta Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado nuevos elementos clave al llamado caso Koldo, una investigación que pone bajo sospecha la gestión de contratos públicos en el entorno del Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos. El informe de 490 páginas, entregado al Tribunal Supremo, apunta a que el germen de la trama se habría situado en Navarra en 2015, para luego expandirse a escala nacional tras la llegada de Ábalos al Gobierno en 2018. El análisis se apoya en conversaciones telefónicas, mensajes y grabaciones incautadas a Koldo García, antiguo asesor ministerial, quien habría actuado como intermediario en la red.

Según la UCO, los primeros indicios de actividad irregular se remontan a la etapa en la que Santos Cerdán era diputado en el Parlamento foral y Koldo García concejal en el municipio de Huarte. Ambos habrían establecido entonces contactos con la constructora Acciona a través de Fernando Merino, directivo en Navarra y La Rioja. Este nexo empresarial, en el contexto de un proyecto minero entre Navarra y Aragón, permitió, según el informe, vincular a Cerdán y García con empresas como Servinabar 2000 y Nooran Coop. Los investigadores sostienen que Cerdán pudo haber tenido “cierta capacidad de decisión” sobre estas sociedades, incluso en aspectos logísticos como el alquiler de una vivienda en Madrid.

El informe detalla cinco pagos realizados por Servinabar a García entre 2015 y 2018, además de la existencia de una imagen que sugiere un ingreso en efectivo a favor de Cerdán. Aunque no se ha podido probar de forma definitiva el beneficio económico de este último durante esa etapa, la UCO destaca una conversación entre García y Ábalos en la que se asegura que Cerdán habría recibido dinero en presencia del primero.

Con el salto de Ábalos al Ministerio de Transportes tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018, la presunta red habría adquirido una dimensión nacional. García fue nombrado asesor en el ministerio y la UCO considera que desde ese puesto habría facilitado adjudicaciones a empresas concretas, que se habría beneficiado de licitaciones públicas en diversas provincias. Los agentes cifran en al menos un millón de euros las comisiones presuntamente derivadas de estas operaciones.

Las operaciones se extendieron por España

Uno de los puntos más relevantes del informe es la implicación que se atribuye a Cerdán en esta nueva fase. El entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE habría actuado, según los agentes, como mediador en el reparto de comisiones y habría presionado para influir en los nombramientos del ministerio, facilitando que personas afines ocuparan cargos clave. La Guardia Civil aporta incluso un documento elaborado por García con nombres propuestos para diferentes direcciones del Ministerio de Fomento, compartido posteriormente con Cerdán y, supuestamente, con Merino, de Acciona.

El atestado también detalla que el interés por controlar la estructura ministerial no cesó tras la salida de Ábalos del Gobierno. García habría intentado mantener su influencia a través de Cerdán, ya secretario de Organización del PSOE, incluso buscando posicionar a personas de confianza cuando Óscar Puente fue designado como nuevo ministro, después de las elecciones generales de 2023. El tono de los mensajes recogidos en esta fase refleja la frustración de García ante la falta de respuesta de Cerdán y sus intentos de obtener pagos presuntamente pendientes. En varias conversaciones, amenaza con divulgar grabaciones que implicarían tanto a Cerdán como al exministro Ábalos.

“Óscar sí habla con Santos y le escucha y le hace caso, vale. Yo lo que voy a pedir a Santos, es decir, dame un par obras y vete a tomar por culo... jefe, yo te estoy diciendo totalmente sincero. Santos lleva sin cogerme el teléfono y sin verme desde hace un año y cuatro meses”, se queja García con Ábalos en una conversación recogida en el documento policial.  “450.000 euros que te debe. Y a mí me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos, o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante de mí”, reclama el exasesor ministerial en la transcripción de una conversación grabada, almacenada en las memorias que los agentes incautaron en su vivienda.

Cerdán comparecerá en el Supremo

Estas revelaciones llevaron al juez del caso, Leopoldo Puente, a citar a declarar a los tres implicados: Cerdán, Ábalos y García. El magistrado considera que los hechos apuntan a una posible participación en delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal, en una causa que ha ido ganando complejidad con el avance de las diligencias. La declaración de Cerdán está prevista para el 25 de junio, un día después de que comparezcan los otros dos investigados.

Tras conocerse el contenido del informe, Santos Cerdán dimitió de su cargo en la dirección del PSOE y renunció a su escaño en el Congreso, lo que implica la pérdida de su condición de aforado. Sin embargo, fuentes jurídicas señalan que seguirá bajo investigación del Supremo debido a la conexión directa entre su rol y el resto de la causa vinculada a Ábalos, quien sigue siendo diputado al no entregar el acta después de ser dado de baja en el PSOE.

Aunque por ahora las acusaciones son provisionales y no existe una sentencia firme, los hechos relatados por la Guardia Civil dibujan una presunta estructura de corrupción sostenida en el tiempo, que habría evolucionado desde un entramado en Navarra hasta convertirse en una red de alcance estatal. La investigación en curso determinará en última instancia si la cooperación entre responsables públicos y empresas vulneró los principios de transparencia y legalidad en la contratación pública. @mundiario