La UCO apunta a Moncloa: el “fin último” del caso Leire era “proteger los intereses” de Sánchez
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la presunta trama articulada en torno a la exmilitante socialista Leire Díez, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y varios colaboradores dibuja una amplia estructura que articulaba toda clase de operaciones, incluida una supuesta campaña de descrédito contra la Guardia Civil o determinados jueces y fiscales que investigan las causas sensibles de corrupción contra el entorno del Gobierno y del partido.
Según los informes incorporados al sumario que instruye la Audiencia Nacional, los agentes sostienen que el “fin último” de la operativa era “proteger los intereses que afectan directa o indirectamente al Gobierno o a su presidente”. La conclusión convierte una investigación inicialmente centrada en maniobras de presión e interferencia institucional en un caso con profundas implicaciones que apunta directamente a Ferraz, donde Cerdán figuraba como número tres. “El primero en un nivel superior”, precisan los investigadores sobre la posición del exdiputado en la estructura, “y la segunda, en un nivel ejecutivo, habiéndose sumado otras personas en función de las necesidades del grupo”, reza el atestado sobre el rol de Leire.
A medida que avanzan las diligencias del llamado caso Leire, la hipótesis de la UCO es que la trama abarcaba en su conjunto la decena de casos judiciales que en la legislatura han golpeado de lleno a La Moncloa. Los investigadores ya no describen únicamente una red dedicada a recopilar información sensible, promover denuncias o desacreditar a determinados funcionarios. Lo que emerge del sumario es la sospecha de una estructura organizada que, según los agentes, habría actuado para neutralizar riesgos políticos y judiciales que afectaban al entorno del Gobierno.
“Todos ellos actuaban de manera conjunta” y “desarrollaron esta actividad de manera coordinada, manteniendo una unidad de acción y dirección” con el objetivo de “proteger los intereses puestos en juego” que afectaban “a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente”, señalan los investigadores de la Guardia Civil sobre un reparto de una veintena de personas afectadas o cercanas a las causas judiciales.
El papel que los investigadores atribuyen a Cerdán
Dentro de esa supuesta estructura, la figura de Cerdán ocupa una posición central. Los investigadores consideran que Leire no actuaba como una operadora independiente, sino que mantenía una conexión política con el entonces secretario de Organización del PSOE y con personas de su máxima confianza. De hecho, varios testimonios recogidos en el sumario sitúan a Díez presentándose ante terceros como una persona con acceso directo a las más altas esferas del partido y del Gobierno.
Para los agentes, la conducción de la trama queda demostrada en que esta “unidad de acción y dirección” estaba “personificada en la figura de Cerdán”, un argumento que justifican en la “forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada”. “Lo que se pone de manifiesto en el análisis llevado a cabo es que Cerdán habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que ésta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros”, reza el atestado.
La documentación intervenida refleja además contactos frecuentes con Juan Francisco Serrano, considerado durante años uno de los colaboradores más estrechos de Cerdán dentro de la organización socialista. Para la UCO, la relevancia de esas conexiones no reside únicamente en la existencia de relaciones personales o políticas, sino en la posibilidad de que determinadas actuaciones se desarrollaran bajo una cobertura o legitimación procedente de estructuras partidistas.
La obsesión por la UCO
Uno de los elementos más llamativos del sumario es la reiterada aparición de la UCO como objetivo prioritario. Las diligencias describen una actividad continuada destinada a recopilar información sobre agentes concretos, identificar a investigadores implicados en causas sensibles y promover sospechas sobre presuntas filtraciones.
Los agentes consideran que la intención era erosionar la credibilidad de la unidad que investigaba algunos de los asuntos más delicados para el entorno político del Gobierno. En ese contexto encajan las conversaciones atribuidas a Leire Díez en las que hablaba de la necesidad de actuar contra la UCO “a nivel administrativo” o impulsar investigaciones internas relacionadas con filtraciones. La hipótesis policial sostiene que no se trataba de iniciativas aisladas, sino de una estrategia encaminada a cuestionar la legitimidad de quienes dirigían investigaciones especialmente incómodas.
Uno de los capítulos más sensibles de la investigación se refiere a la relación entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. La UCO sostiene haber detectado indicios de contactos directos, reuniones y comunicaciones que habrían servido para trasladar información y alimentar sospechas sobre la actuación de la propia unidad investigadora. Los agentes afirman haber documentado al menos tres encuentros presenciales y varias conversaciones posteriores. Según el sumario, Díez habría intentado impulsar una investigación interna contra la UCO utilizando esa vía de interlocución. La investigación también destaca la apertura de una información reservada relacionada con presuntas filtraciones procedentes de la unidad.
Sin embargo, tanto fuentes gubernamentales como responsables de la Dirección General de la Guardia Civil rechazan tajantemente que dichas actuaciones respondieran a iniciativas promovidas por Leire Díez y niegan que existiera una colaboración destinada a perjudicar a la UCO. La coexistencia de ambas versiones constituye precisamente uno de los aspectos centrales que deberá esclarecer la instrucción judicial.
Las derivadas del caso Villarejo y los hidrocarburos
La fortaleza de la hipótesis policial descansa en una gran cantidad de elementos que los investigadores consideran convergentes. Entre ellos figuran las declaraciones de 16 testigos, mensajes de WhatsApp, comunicaciones en aplicaciones cifradas, anotaciones personales y documentos intervenidos durante los registros.
Diversos testimonios describen a Leire Díez como una persona que presumía de acceso privilegiado a responsables políticos, fiscales y mandos de la Guardia Civil. Algunos declarantes sostienen que hablaba de contactos en “lo más alto” del partido o del Gobierno y que se presentaba como alguien capaz de influir en decisiones relevantes. La UCO interpreta ese conjunto de referencias como indicios de una red de relaciones utilizada para impulsar actuaciones dirigidas a proteger intereses políticos concretos.
Otro de los aspectos que refuerzan la tesis policial es la diversidad de frentes abiertos por la supuesta trama. El sumario incorpora referencias a contactos con el entorno del excomisario José Manuel Villarejo, intentos de obtener información sobre dirigentes del Partido Popular, movimientos relacionados con procedimientos judiciales vinculados al sector de los hidrocarburos e incluso conversaciones sobre posibles acuerdos con testigos.
A ojos de los investigadores, todos esos episodios presentan un patrón común en la búsqueda de información útil para influir en procedimientos judiciales o mediáticos con repercusión política. No se trataría, según esta interpretación, de actuaciones desconectadas entre sí, sino de piezas de una misma estrategia.
La sombra sobre las investigaciones
Quizá el elemento más delicado del sumario sea la referencia constante a procedimientos que afectan al entorno político o familiar del presidente del Gobierno. Las declaraciones de varios mandos de la Guardia Civil apuntan a presiones, peticiones de información y solicitudes relacionadas con investigaciones especialmente sensibles.
Uno de los testimonios más significativos es el del general Rafael Yuste, antiguo responsable de la UCO, quien relató presuntas discrepancias internas en torno a informes que afectaban al hermano del presidente. @mundiario








