La UCO halló que Leire Diez tenía acceso a la Fiscalía General y lo utilizó para hacer sus gestiones
La investigación sobre la presunta trama conocida como las cloacas del PSOE ha entrado en una nueva fase tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó dos reuniones mantenidas por Leire Díez con un supuesto contacto vinculado a la Fiscalía General del Estado durante el mandato de Álvaro García Ortiz.
Más allá de las implicaciones concretas de estos encuentros, las revelaciones amplían el foco de una causa que ya investiga supuestos intentos de influir en procedimientos judiciales, obtener información sensible y desacreditar investigaciones incómodas para el entorno gubernamental.
Según el sumario, las reuniones se habrían celebrado en marzo y abril de 2025 en la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la madrileña calle Fortuny. La relevancia que la UCO atribuye a estos encuentros no reside únicamente en su existencia, sino en el contexto: conversaciones interceptadas, mensajes analizados y grabaciones donde la exmilitante socialista presumía de contactos institucionales y de capacidad para intervenir en procesos abiertos.
Uno de los aspectos más sensibles del informe policial es que los investigadores sostienen que Leire Díez mantenía algún tipo de enlace operativo dentro del Ministerio Público, aunque no han identificado formalmente a esa persona. La hipótesis policial se apoya en geolocalizaciones, intercambios de mensajes y referencias explícitas a encuentros en la Fiscalía General.
En las conversaciones incorporadas al sumario aparecen alusiones constantes a la posibilidad de acceder a altos niveles del Ministerio Público. Entre ellas destaca uno de los mensajes atribuidos a Díez: “Ya tenemos vía libre para que tú y yo nos vayamos a ver al FGE con este tema”.
La UCO considera que estas expresiones, repetidas en distintos momentos y con diferentes interlocutores, sugieren algo más que una exageración personal o una estrategia de persuasión. La investigación trata ahora de determinar si existió realmente capacidad efectiva de influencia o si las afirmaciones formaban parte de una operación de captación y presión sobre investigados.
Ofertas de intermediación y promesas de beneficios judiciales
Los investigadores sostienen que el supuesto esquema de actuación seguía un patrón repetido: ofrecer interlocución con Fiscalía, insinuar ventajas procesales o acuerdos y, a cambio, solicitar información comprometida sobre jueces, fiscales, mandos policiales o adversarios políticos.
La conversación grabada con el fiscal Ignacio Stampa aparece como uno de los episodios más delicados. Cuando el fiscal preguntó por el alcance institucional de la reunión, la respuesta recogida en el sumario fue especialmente llamativa.
Stampa, al detectar la gravedad de lo que ella le ofrecía y sugería, grabó la conversación por seguridad y la aportó a la justicia, lo que dio origen a la causa penal.“¿Pero Álvaro [García Ortiz] va a saber que yo he estado aquí?”, preguntó Stampa.
“Bueno en algún momento lo va a saber, sí. Yo también mido los tiempos. Esta gente que tiene miedo hay que dosificar porque si lo sueltas así…”, contestó Leire Díez. “Si lo sabe Álvaro, ya sabes que lo va a saber más gente”, advirtió entonces Stampa. “Si da igual, si yo no tengo ningún problema… (ininteligible). Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro, fíjate tú qué problema”, respondió la fontanera de Ferraz.
La literalidad de estas conversaciones ha incrementado la relevancia judicial del caso, aunque el contenido de las mismas aún debe ser contextualizado dentro de la investigación y sometido al contraste probatorio correspondiente. La investigación coincide además con un contexto especialmente sensible para la Fiscalía General. En aquellas fechas, Álvaro García Ortiz estaba inmerso en sus procedimientos judiciales propios y bajo fuerte presión política e institucional.
La aparición de referencias continuas al “FGE” en mensajes interceptados añade complejidad al caso porque desplaza el foco desde una presunta red política hacia posibles conexiones institucionales. Sin embargo, hasta el momento no existe acreditación judicial de participación directa de la Fiscalía General en los hechos investigados.
La UCO sostiene que la trama liderada por Leire Díez y Santos Cerdán actuaba para proteger "los intereses del presidente"
— Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) June 3, 2026
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Los investigadores han documentado igualmente mensajes posteriores a reuniones presuntamente celebradas en Fortuny. Uno de ellos resume la importancia que la propia Díez otorgaba a estos encuentros: “La reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore”.
El contexto exacto fue el 28 de marzo de 2025 se enmarca en una conversación por mensajería privada entre Leire Díez y su pareja, Vicente Fernández (expresidente de la SEPI). Díez estaba organizando sus encuentros en la sede de la Fiscalía General del Estado con el objetivo de negociar pactos, archivar causas incómodas y desviar la presión judicial que afectaba al entorno de Moncloa.
Díez le escribió a su pareja comentándole que el siguiente jueves (3 de abril de 2025) iba a ser “el día más importante de mi vida a nivel profesional”. Días antes (el 6 de marzo de 2025), la UCO ya había geolocalizado el teléfono de Leire ingresando a la sede fiscal. Ella misma presumía en sus chats de que, si en la Fiscalía “hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán”.
El conocimiento de Pedro Sánchez: La frase se utiliza en el sumario para sustentar la tesis policial de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto —o se beneficiaría directamente— de las maniobras de esta “fontanera” de Ferraz para desactivar los frentes judiciales del Ejecutivo. De ahí su convicción de que el mandatario la “adoraría” tras conseguir el favor del Ministerio Público.
La dimensión política y judicial de una causa en expansión
El caso Leire ya no se limita a investigar contactos informales o supuestas operaciones de presión aisladas. Las pesquisas se han expandido hacia posibles estructuras organizadas destinadas a intervenir sobre investigaciones sensibles relacionadas con corrupción, casos judiciales abiertos y actuaciones policiales.
La UCO sostiene que existieron intentos de aproximación a empresarios investigados, antiguos cargos públicos, abogados y fiscales. También examina documentos incautados donde se describen reuniones proyectadas, intercambio de información sensible y posibles contraprestaciones.
Al mismo tiempo, la causa continúa bajo supervisión judicial y muchas de las hipótesis policiales siguen pendientes de verificación definitiva. Varias de las personas señaladas niegan irregularidades o rechazan las acusaciones.
Lo que sí parece claro es que las nuevas revelaciones han desplazado el centro del debate desde la mera existencia de una supuesta trama política hacia una cuestión institucional más amplia: hasta qué punto pudo existir capacidad real de influencia sobre organismos clave del Estado o si parte de esa red operó sobre la base de promesas exageradas, relaciones personales y expectativas nunca materializadas. @mundiario
