Qué se llevó la UCO de Ferraz y qué busca demostrar la investigación de las cloacas del PSOE

La desclasificación parcial del sumario del llamado caso Leire Díez ha permitido poner el foco en una cuestión concreta que hasta ahora permanecía envuelta en filtraciones parciales: qué material salió realmente de la sede del PSOE en Ferraz, qué encontraron los investigadores en ella y cómo encaja todo ese volumen documental en la arquitectura de una investigación que pretende determinar si existió una red organizada destinada a interferir, desacreditar o influir en los procedimientos judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y del partido.

La imagen que emerge de las diligencias practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) no es la de un registro centrado únicamente en teléfonos móviles o correos electrónicos. Los investigadores desplegaron una estrategia mucho más amplia: reconstruir flujos de comunicación, relaciones organizativas, movimientos económicos y trazabilidad documental.

El 27 de mayo, por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la UCO acudió a la sede federal del PSOE con un requerimiento amplio de documentación. La colaboración del partido evitó un registro coercitivo, pero no impidió una intervención extensa de material físico y digital.

Uno de los focos principales fue el material relacionado con el exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán. Según consta en las actuaciones, el partido informó a los agentes de que todo el contenido procedente de su despacho había sido almacenado tras su salida en una sala cerrada del sótano del edificio.

Lo que apareció allí explica buena parte del interés investigador: siete cajas de documentación, dos contenedores adicionales, un ordenador portátil MacBook Air, discos duros externos, agendas manuscritas, libretas y abundante documentación en papel.

Especial relevancia adquieren las agendas personales. Los agentes intervinieron dos agendas manuscritas atribuidas a Cerdán —una negra identificada con anotaciones correspondientes a 2025 y otra roja con anagrama del PSOE— además de una libreta vinculada al trabajo de organización y campaña electoral de 2023. Este tipo de documentación suele ser especialmente valiosa en investigaciones complejas porque permite cruzar nombres, fechas, reuniones y movimientos con el resto de evidencias digitales.

La UCO también consideró de interés folios sueltos manuscritos, carpetas específicas y soportes de almacenamiento que podrían contener información relacionada con los hechos investigados.

Móviles, correos electrónicos y comunicaciones internas

La segunda gran línea de actuación fue tecnológica. Los investigadores se llevaron terminales móviles de varias personas vinculadas orgánicamente al partido o mencionadas en la causa.

Entre ellos figuran los teléfonos de Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez (las secretarias de personal administrativo y de apoyo), ambas investigadas por presuntamente gestionar la logística y los recursos del partido para la red; así como el de Ana María Fuentes, directora gerente federal del PSOE e imputada por su supuesta participación en la autorización de fondos y simulación de documentos para dar apariencia legal a los pagos de la trama.

También se intervinieron los terminales de Juan Manuel Serrano, figura clave en el entorno del presidente, y del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, un exmiembro de la UCO investigado por facturar servicios al PSOE y presuntamente filtrar información confidencial sobre las pesquisas que afectaban al entorno del Gobierno. En algunos casos fueron intervenidos tanto dispositivos personales como profesionales con el objetivo de cruzar mensajes, agendas y llamadas que permitan esclarecer el presunto uso de fondos del partido para obstruir a la justicia.

La incautación del teléfono de Juan Manuel Serrano ha generado especial atención política por su doble perfil: antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos. Su terminal podría resultar relevante para reconstruir comunicaciones y reuniones bajo investigación.

Pero los móviles representan solo una parte. La UCO también solicitó buzones completos de correo electrónico y realizó búsquedas selectivas sobre cuentas vinculadas a varios investigados. El objetivo es evidente: reconstruir cadenas de comunicación, identificar interlocutores y detectar patrones coordinados.

Este tipo de análisis digital suele desarrollarse en varias fases. Primero se realiza la extracción forense. Después se indexan contenidos, se cruzan fechas y finalmente se construyen mapas relacionales entre usuarios, contactos y eventos.

Viajes, gastos y movimientos internos del partido

La razón de este interés va más allá del control contable. La investigación parece orientarse a verificar si determinados desplazamientos, encuentros o actividades tuvieron cobertura económica organizada y si existieron mecanismos internos para financiarlos o justificarlos.

Los investigadores también pidieron protocolos de acceso a Ferraz y archivos vinculados al control de entrada de vehículos. Esta información permite reconstruir presencias físicas, visitas y coincidencias temporales.

Los registros fuera de Ferraz y los casi 20.000 euros hallados

Las diligencias se extendieron a domicilios particulares y oficinas vinculadas a investigados. En el caso de Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, la Guardia Civil intervino teléfonos, dispositivos electrónicos, documentación y 19.850 euros en efectivo, cantidad posteriormente ingresada en la cuenta judicial de depósitos.

La Audiencia Nacional lo investiga como uno de los piezas clave de la red presuntamente financiada por el PSOE para boicotear y desacreditar causas judiciales que afectaban al partido. En el registro de su domicilio en Madrid, los agentes de la UCO hallaron 19.850 euros en efectivo. El dinero estaba oculto en un bolso negro dentro de un baúl en el salón y en un sobre bancario, repartido en fajos de billetes de 50 y 20 euros unidos con gomas.

Zarrías admitió ante el juez haber abonado personalmente 16.000 euros a la principal encausada, Leire Díez (a razón de cuatro nóminas de 4.000 euros). Los investigadores también se llevaron iPads, ordenadores, lápices de memoria y discos duros, además de carpetas físicas, archivadores, documentación manuscrita y la correspondencia digital almacenada.

En el domicilio de Javier Pérez Dolset, la actuación se concentró especialmente en el material tecnológico: teléfonos, discos duros, CDs, iMacs y un elemento particularmente llamativo, un bolígrafo grabadora. En esta causa judicial se le señala al empresario socio de Díez como el presunto “coordinador” de la red que maniobró para proteger al PSOE mediante el espionaje, la búsqueda de trapos sucios y el intento de desestabilización de jueces y policías de la UCO.

Mientras, en la vivienda de Santos Cerdán en Navarra se intervinieron nuevos teléfonos, agendas adicionales y documentación complementaria. La amplitud del material requisado refleja que la investigación no persigue un hecho aislado, sino la posible existencia de estructuras organizadas y persistentes.

El caso sigue bajo instrucción en la Audiencia Nacional y muchas de las hipótesis manejadas por los investigadores continúan pendientes de contraste judicial. Hasta ahora, las diligencias muestran que la UCO ha construido una investigación basada en la acumulación de evidencias cruzadas: dispositivos, documentación física, trazabilidad económica y reconstrucción de redes de relación.

La incógnita que permanece abierta no es únicamente qué información contienen las agendas, teléfonos o discos duros intervenidos, sino si el conjunto de ese material permitirá acreditar la existencia de una estructura coordinada para influir en investigaciones, desacreditar adversarios o interferir institucionalmente. @mundiario