El PP se enreda con Gaza mientras La Moncloa aprovecha para obligar a la oposición a retratarse
La guerra en Gaza, marcada por una nueva ofensiva terrestre del Ejército israelí en la capital del enclave palestino, se ha convertido en un campo de batalla político en España. El Partido Popular (PP) rehúye calificar como genocidio la matanza en la Franja, pese a que un reciente informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sostiene que Israel cumple con los criterios que establece la Convención de 1948. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado esta postura para aumentar la presión sobre la oposición, consciente de que la sociedad española se muestra mayoritariamente crítica con la actuación del primer ministro Benjamín Netanyahu.
La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, descartó este martes asumir el informe de la ONU, que califica por primera vez como genocidio la masacre en Gaza. Muñoz insistió en que solo el Tribunal Penal Internacional (TPI) puede dictaminar si existe tal delito, y que hasta entonces el PP no adoptará esa terminología. Para la dirigente, reducir el conflicto a un sí o un no en torno al genocidio supone una “simplificación interesada” del Gobierno, que —según ella— utiliza el tema para dividir y desviar la atención de sus propios problemas internos.
El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de “inadmisible” la matanza en Gaza, pero también evita el término. La dirección del PP insiste en que la Unión Europea no lo ha reconocido aún como genocidio, lo que supedita su posición a esperar un pronunciamiento judicial definitivo.
El informe de 72 páginas elaborado por la comisión de la ONU señala que Israel ha incurrido en cuatro de los cinco criterios que configuran el genocidio. Sin embargo, Muñoz restó importancia al trabajo de la comisión, subrayando que está compuesta por “tres personas” y que la situación en Gaza es “mucho más compleja”.
El debate se intensificó tras las protestas propalestinas que dinamitaron la Vuelta a España. El PP acusó al Gobierno de “alentar la violencia” para tapar lo que denomina su “semana judicial”. La portavoz popular en el Senado, Alicia García, hizo suyas las denuncias de los sindicatos de policías y asociaciones de guardias civiles para criticar que las fuerzas de seguridad actuaran “atadas de pies y manos”, mientras que su compañera María José Pardo describió a manifestantes como “violentos propalestinos que estaban vinculados a Hamás”. En contraste, Amnistía Internacional calificó las protestas como “eminentemente pacíficas” y de carácter desobediente, pero no violento.
La ofensiva política del Gobierno
El Ejecutivo no ha desaprovechado la oportunidad para situar al PP en el centro de la polémica. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, planteó la pregunta clave: “¿con quién está el PP? ¿Con quienes cometen el exterminio y matan a 20.000 niños o con las víctimas?”. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, acusó directamente al PP de actuar “mala fe” y de “dar la espalda a lo que está diciendo mayoritariamente la ciudadanía de este país”.
“Es una ceguera interesada. Los insultos, las comparaciones indignas, empezando por Feijóo, que ha hecho todo tipo de giros para no condenar la masacre en Gaza es algo que les va a perseguir toda su vida política. Esos silencios, esas comparaciones odiosas, les van a perseguir”, sentenció la ministra de Educación.
Para Sánchez y su equipo, este es un terreno favorable. La política exterior en torno a Gaza permite marcar distancias con Netanyahu y, al mismo tiempo, obligar al PP a posicionarse en un tablero incómodo. El Ejecutivo considera que la ambigüedad de Feijóo y su equipo es insostenible a medida que crece la presión internacional contra Israel.
El Gobierno tampoco se libra de sus propios retos. Sánchez anunció un decreto para consolidar jurídicamente el embargo total de armas a Israel, pero el texto aún no ha visto la luz. Según el Ejecutivo, se trata de una cuestión técnica compleja, pues afecta a leyes y tratados internacionales. El retraso ha generado malestar en Sumar, socio de coalición que exige medidas más rápidas y contundentes.
Más allá del debate jurídico, el conflicto en Gaza se ha convertido en un catalizador de la confrontación política en España. Mientras el PP acusa al Gobierno de “usar electoralmente” la tragedia, el Ejecutivo ve en la postura popular una oportunidad para aislar a Feijóo y presentarse como defensor de los derechos humanos en sintonía con la opinión pública. @mundiario
