La Fiscalía asume que Leire Díez capitaneó un plan para neutralizar a la UCO y Anticorrupción
La investigación judicial contra Leire Díez, exmilitante y excargo del PSOE, da un giro decisivo tras las nuevas conclusiones de la Fiscalía. El Ministerio Público atribuye a Díez el liderazgo de un “plan delictivo” destinado a “desacreditar” a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de “anular” o “malbaratar” las investigaciones que afectan a políticos y empresarios próximos al poder. El caso, instruido por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, sitúa a Díez en el epicentro de una presunta red que, según los fiscales, habría operado en la sombra para interferir en causas judiciales sensibles para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El relato de la Fiscalía, incorporado al sumario del caso, describe una actividad continuada y coordinada en la que habrían participado el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también imputados. Según el escrito, los tres habrían concertado reuniones con el propósito de recabar información comprometedora sobre mandos de la Guardia Civil y fiscales anticorrupción, ofreciendo a cambio favores institucionales y promesas de protección política.
La exmilitante socialista, a la que algunos medios apodan “la fontanera del PSOE”, ha negado siempre las acusaciones. “Soy periodista, no fontanera”, defendió en septiembre ante el Senado.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Díez se presentó ante sus interlocutores como representante del PSOE y portavoz de altas instancias del Estado, lo que —según los investigadores— habría otorgado credibilidad a las supuestas ofertas de soborno y tráfico de influencias.
Grabaciones, reuniones y favores a cambio de información
El caso estalló tras la difusión de una grabación en la que Díez ofrece supuestos favores de la Fiscalía a un empresario investigado, Alejandro Hamlyn, a cambio de datos sobre miembros de la UCO y Anticorrupción. Desde entonces, la investigación ha revelado una presunta serie de maniobras que apuntan a un intento sistemático de obstaculizar investigaciones en curso, algunas de ellas vinculadas a casos sensibles como el caso Koldo o las pesquisas sobre la esposa del presidente, Begoña Gómez.
Uno de los episodios más relevantes es el relatado por el fiscal Ignacio Stampa, quien denunció haber sido contactado por Díez y Pérez Dolset para concertar una reunión en nombre del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, supuestamente para disculparse por su salida de Anticorrupción. En el encuentro, que duró más de tres horas, ambos le habrían pedido información sobre fiscales y jueces que instruían causas relevantes, entre ellos al jefe Alejandro Luzón, José Grinda y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ahora jubilado.
Según la denuncia de Stampa, recogida por varios medios como El Confidencial, Pérez Dolset llegó a justificar el contacto asegurando que “cuando salió la imputación de Begoña (Gómez), el presidente (Pedro Sánchez) dio orden de limpiar sin límite”, añadiendo que “la situación hay que revertirla, caiga quien caiga”. El fiscal declaró que se le ofrecieron beneficios profesionales y respaldo institucional a cambio de información interna.
Las “ofertas” a fiscales y los intentos de manipular causas judiciales
El caso no se limita a ese episodio. Otro fiscal, José Grinda, también denunció que un periodista vinculado al entorno de Díez le entregó un documento con una oferta a cambio de filtrar información sobre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
A cambio, según el relato judicial recogido por El Confidencial, se le prometía un destino en el extranjero y la cancelación de una demanda personal. El documento —que Grinda no pudo conservar— pedía además que el fiscal colaborara en el archivo de varios casos de corrupción, como el caso Pujol, el 3 % o el de la Banca Privada de Andorra.
Para la Fiscalía, estos hechos demuestran la existencia de un plan “premeditado” destinado a desestabilizar a las instituciones encargadas de investigar la corrupción. En palabras del Ministerio Público, el grupo liderado por Díez habría actuado “con el objetivo de desacreditar personal y profesionalmente a los jefes de la UCO y de Anticorrupción, a fin de anular las investigaciones que afectan a políticos y empresarios de relevancia”.
Una causa con implicaciones políticas de gran alcance
Leire Díez y Javier Pérez Dolset están citados a declarar el 11 de noviembre ante el juez Arturo Zamarriego, que instruye la causa en Madrid. La investigación no solo examina las presuntas ofertas ilícitas y los contactos con fiscales, sino también la posible conexión entre la trama y el entorno del Gobierno. Aunque ninguna prueba directa vincula a La Moncloa con las actuaciones de Díez, las declaraciones recogidas en el sumario han encendido las alarmas políticas por su potencial repercusión institucional.
El caso plantea además un dilema mayor: hasta qué punto las redes paralelas de poder pueden interferir en la independencia del sistema judicial. Si las sospechas de la Fiscalía se confirman, el episodio se convertiría en uno de los escándalos más graves de la historia reciente, con ramificaciones que podrían alcanzar tanto a responsables políticos como a empresarios y periodistas implicados.
A la espera de su declaración judicial, Leire Díez insiste en su inocencia y niega haber actuado por encargo del PSOE o del Gobierno. Sin embargo, la Fiscalía mantiene que existió una coordinación consciente y sostenida para desacreditar a quienes lideraban investigaciones sensibles. Una acusación que, de confirmarse, situaría este caso en el corazón mismo del debate sobre la transparencia, la ética pública y la independencia de las instituciones en España. @mundiario
