El dilema de Cerdán: ¿Un entramado judicial o un exceso de cautela?
El caso de Santos Cerdán ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la justicia actúa con el mismo rasero cuando los protagonistas pertenecen a las altas esferas políticas? Mientras el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García permanecen en libertad con medidas cautelares, Cerdán lleva más de cien días en prisión preventiva. Un contraste que alimenta la sensación de que algo no encaja del todo en la ecuación judicial.
El Tribunal Supremo decidió mantenerlo encarcelado por riesgo de destrucción de pruebas, aunque descartó peligro de fuga o de reiteración delictiva. En cambio, a Ábalos y García se les aplicaron medidas menos severas, pese a formar parte de la misma investigación. Este desequilibrio plantea un dilema de fondo: ¿es la prisión preventiva una herramienta de precaución o se está usando como una pena anticipada?
El uso excepcional de la prisión preventiva
La prisión preventiva, por definición, debe ser una medida excepcional y proporcionada. En España, solo puede aplicarse cuando exista riesgo real de fuga, de manipulación de pruebas o de reincidencia. No debería servir para enviar mensajes ejemplarizantes ni para tranquilizar a la opinión pública. Sin embargo, la práctica muestra que no siempre se respeta ese carácter extraordinario, especialmente cuando el acusado tiene relevancia política.
En el caso de Cerdán, el argumento del “riesgo de destrucción de pruebas” parece sostenido en una base difusa. Si ese peligro se considera inexistente para otros implicados de mayor peso mediático, ¿por qué mantener a uno de ellos entre rejas? La respuesta podría estar menos en los hechos concretos y más en una interpretación subjetiva del rol que cada uno desempeñó en la trama.
Esa diferencia en la valoración judicial no solo afecta a la persona encarcelada; erosiona la confianza de la ciudadanía en un sistema que debe ser predecible y justo. Cuando las reglas parecen aplicarse según quién sea el acusado, la justicia pierde parte de su legitimidad.
La transparencia como antídoto contra la desconfianza
En este escenario, lo urgente no es tomar partido por un acusado, sino exigir claridad. Las resoluciones judiciales deben estar motivadas de manera comprensible y accesible para todos. No basta con que sean legales: tienen que parecer justas. Y para eso, la transparencia en las decisiones es tan necesaria como el rigor en las pruebas.
Además, este tipo de casos invitan a reflexionar sobre la lentitud de los procesos judiciales y la tendencia a prolongar las medidas cautelares más allá de lo razonable. La prisión preventiva no puede ser un limbo que se prolongue meses mientras la investigación avanza a paso de tortuga. Cada día de encierro sin condena debilita la confianza en la justicia y erosiona derechos fundamentales.
El Estado de derecho no se mide solo por la capacidad de castigar, sino por la de proteger garantías. Y en esa balanza, mantener a un político en prisión sin argumentos sólidos ni avances claros en la causa es, como mínimo, una señal de desequilibrio. La justicia no puede ser un escenario donde unos esperan su juicio desde casa y otros desde una celda. Si la igualdad ante la ley se rompe, la democracia se resiente. La transparencia no debería ser una concesión, sino una obligación. @mundiario
