Peinado extiende el malestar del Gobierno al prorrogar hasta abril la causa contra Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha acordado ampliar el plazo de investigación en la causa que mantiene abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La decisión, notificada este lunes, prorroga las diligencias hasta el 16 de abril de 2026 y responde a la petición de las acusaciones populares, entre ellas la asociación ultracatólica Hazte Oír, pese a la oposición de la Fiscalía y las defensas, que habían solicitado el archivo de la causa.
Según detalla el auto judicial, al que tuvo acceso El País, la investigación no podrá concluir antes del actual plazo porque aún quedan “numerosas diligencias pendientes de practicar”. Entre ellas, la elaboración por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un informe sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) relacionados con el máster de Transformación Social Competitiva que dirigió Gómez, así como el análisis de las colaboraciones gratuitas de grandes empresas como Indra, Google y Telefónica con la citada cátedra.
Además, Peinado ha solicitado a la Escuela de Gobierno de la Complutense y a Amazon EU la remisión de correos electrónicos vinculados a los dominios del máster para su posterior análisis por la Guardia Civil. En paralelo, el magistrado requiere a Presidencia del Gobierno un listado detallado de los secretarios generales que han ocupado el cargo desde julio de 2018 —incluido el actual ministro Félix Bolaños— y de las personas que autorizaron o supervisaron los pagos a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa. También pide copia de los correos enviados y recibidos desde la cuenta oficial asignada a la esposa del presidente.
La resolución llega una semana después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez unificar en un solo procedimiento toda la investigación. Peinado había decidido dividir la causa en dos piezas: una sobre presunta malversación relacionada con la contratación de la asesora de Gómez en Moncloa, y otra centrada en los supuestos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. El tribunal madrileño le obligó a devolver todo al procedimiento principal, corrigiendo así su decisión inicial.
Hazte Oír lanza una ofensiva judicial
La prórroga no solo extiende el calendario judicial, sino que refuerza el impacto político de un caso que ha acompañado al Gobierno desde la pasada primavera. Begoña Gómez fue imputada en abril de 2024, tras una denuncia presentada por Manos Limpias, organización que ya ha promovido otras causas judiciales contra cargos públicos y que en esta ocasión fue secundada por grupos de extrema derecha como Vox y Hazte Oír. Desde entonces, el caso ha ganado notoriedad mediática pese a que la Fiscalía sostiene que no existen indicios sólidos de delito.
En paralelo, Hazte Oír ha reactivado su ofensiva judicial con una nueva denuncia, esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez. La asociación argumenta que la Guardia Civil halló una nota con el nombre de Gómez y una referencia al “Restaurante Manuel Becerra”, lo que, según su versión, sugeriría una supuesta reunión entre ambas. Sin embargo, tanto Rodríguez como la propia Gómez han desmentido tajantemente cualquier contacto personal, y la fiscal aclaró que la anotación se refería a otro caso, el de un incendio ocurrido en ese local meses antes.
La decisión de Peinado implica que el caso podría seguir abierto hasta el límite de los dos años que la ley permite para las investigaciones judiciales. El magistrado, que cumplirá 72 años en septiembre de 2026 —edad máxima para el ejercicio judicial—, no descarta la posibilidad de ordenar nuevas diligencias una vez recibida la documentación pendiente. Mientras tanto, la defensa de Gómez mantiene que el proceso responde más a una estrategia de desgaste político que a una causa con fundamento jurídico, y confía en que el caso termine archivado.
Con la nueva prórroga, el juez reaviva una causa que, más allá de su dimensión penal, se ha convertido en un elemento de presión política sobre el Ejecutivo. El entorno del presidente evita pronunciarse, mientras desde la oposición se insiste en reclamar explicaciones, en un contexto donde la instrucción parece lejos de cerrarse. El desenlace judicial —y sus tiempos— podrían coincidir con el tramo final de la legislatura, manteniendo el caso Begoña Gómez como un factor de tensión en la agenda política española. @mundiario
