La Abogacía del Estado reclama absolver a García Ortiz: “no hay pruebas porque no puede haberlas”
El proceso contra Álvaro García Ortiz —el primero contra un fiscal general en ejercicio— concluyó con un alegato categórico de la Abogacía del Estado solicitando su absolución. El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, recalcó que “los hechos carecen de base probatoria” y que se ha criminalizado una actuación institucional destinada a frenar informaciones que afectaban a la credibilidad del Ministerio Público.
La defensa centra su argumentación en una premisa clave: no existe delito de revelación de secretos porque el contenido supuestamente filtrado ya era conocido por periodistas y por numerosos miembros de la Fiscalía antes de que García Ortiz recibiera el correo que desencadenó la investigación. Según la jurisprudencia del Supremo, cuando un dato ya es público deja de estar protegido por secreto.
La Abogacía del Estado atribuye a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal, la ruptura de la confidencialidad al reenviar el correo de su abogado al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, y al compartir detalles con un periodista. Esa información terminó publicada en un medio horas antes de que García Ortiz la recibiera.
Ocio subraya que “cuando el titular de un secreto hace partícipe a terceros se pierde el secreto”, contradiciendo así el argumento de que el fiscal general habría sido el originador de la filtración. “Habrá que preguntarse si hablar con un periodista y pasarle (el correo) al jefe de gabinete de tu pareja son actos propios de la tutela que pretende ahora. Lo que no puede es revelar esos términos de la conformidad y, a renglón seguido, decir que esas conversaciones siguen siendo reservadas”.
La Fiscalía coincide: absolución y ausencia de secreto
Seis periodistas declararon que conocían el contenido del supuesto secreto antes de que llegara al buzón de García Ortiz. Las acusaciones cuestionaron su testimonio amparándose en que no revelaron sus fuentes, pero la defensa recordó que el secreto profesional es un derecho constitucional, citando incluso un voto particular del Supremo que respalda su validez probatoria.
Los mensajes aportados a la causa corroboran que la información circulaba ampliamente antes del momento clave señalado por la acusación.
En un movimiento inusual, la Fiscalía también pidió la absolución del fiscal general. La teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde sostuvo que incluso si García Ortiz hubiera difundido el correo —hipótesis que rechaza— el contenido ya no era secreto, porque circulaba entre profesionales de la información y dentro de la institución.
La fiscal también cuestionó la credibilidad del jefe de gabinete de Ayuso, señalando contradicciones en su declaración y la existencia de mensajes que demostrarían “una relación muy fluida entre ellos”. La número dos de García Ortiz ha dicho que ambos comparten la estrategia de combatir la denuncia de fraude de González Amador “haciendo recaer una sombra de sospechas sobre quienes habían intervenido en el proceso”, desde los funcionarios de Hacienda a los fiscales.
El borrado de mensajes y formateo del móvil
La Abogacía del Estado dedicó parte de su alegato a criticar la instrucción del magistrado Ángel Luis Hurtado. Considera que no se valoró adecuadamente cuántas personas tenían acceso al correo y critica la amplitud y forma en que se realizaron los registros, así como la falta de análisis técnico sobre los dispositivos del fiscal general.
La defensa también cuestionó que solo se investigara a García Ortiz pese a que, en el momento de mayor difusión de la información, casi 500 fiscales y funcionarios tenían acceso al correo.
El borrado de mensajes de WhatsApp y el formateo del móvil de García Ortiz fue presentado por la acusación como indicio de ocultación. La Abogacía, en cambio, lo enmarca en un estándar de autoprotección de datos ante la información sensible que maneja el fiscal general. También acusa a la UCO de no solicitar contraseñas ni el contenido de la cuenta afectada antes de su eliminación.
A la espera de un fallo histórico
Con el fiscal general renunciando a un alegato final, la última palabra la tuvo la Abogacía del Estado, que cerró con un mensaje tajante: “no hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla”. La Fiscalía sostuvo lo mismo.
El Tribunal Supremo deberá ahora decidir entre dos relatos enfrentados: el de la acusación impulsado por la pareja de Ayuso y su entorno, o el de un Ministerio Público que afirma haber sido víctima de una maniobra política y mediática.
La sentencia será histórica: marcará si el primer fiscal general enjuiciado en democracia resulta absuelto o si se abre un precedente sin parangón en la arquitectura institucional española. @mundiario