El novio de Ayuso sitúa al fiscal general detrás de un “relato institucional de culpabilidad”
El abogado de González Amador sostiene que la Fiscalía filtró a la prensa el correo en el que confesaba dos delitos fiscales para justificar una nota oficial que, a su juicio, consolidó ante la opinión pública la imagen de “delincuente confeso”.
El juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunto delito de revelación de secretos, ha entrado en su fase final con un alegato contundente de la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Su abogado, Gabriel Rodríguez-Ramos, sostiene que la Fiscalía diseñó una “estrategia” para difundir la confesión de su cliente y así justificar la inclusión de ese dato en una posterior nota de prensa.
Según expuso el letrado, la filtración a un medio de comunicación del correo electrónico —en el que González Amador reconocía la comisión de dos delitos fiscales— habría permitido presentar al empresario como “delincuente confeso” incluso antes de que su causa llegara a los juzgados. En su versión, la actuación del Ministerio Fiscal “arrasó” derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la intimidad y el derecho de defensa.
El núcleo de la acusación particular se centra en la nota de prensa difundida por la Fiscalía General la noche del 13 de marzo de 2024. Para Rodríguez-Ramos, ese comunicado, especialmente su punto segundo, supuso la institucionalización de un relato de confesión que, asegura, no era necesario para desmentir las informaciones que circulaban sobre un supuesto pacto frustrado entre Fiscalía y defensa.
La acusación sostiene que incluir el reconocimiento del delito en el comunicado solo fue posible porque previamente se filtró el correo, lo que habría permitido justificar que el contenido ya era conocido por los medios. Un argumento que choca con la posición de García Ortiz, quien defendió ante el tribunal que su intención era aclarar una cronología de hechos distorsionada por filtraciones ajenas a la Fiscalía.
Filtraciones cruzadas y cronologías enfrentadas
El relato de la defensa obvia, no obstante, un punto clave del debate: que la primera filtración documentada habría salido del gabinete de la propia presidenta madrileña. La noticia publicada en El Mundo a las 21.29 del 13 de marzo contenía extractos del correo entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. Esa publicación precipitó la elaboración de la nota de prensa, según la versión del fiscal general.
El caso se complica con las declaraciones de varios periodistas que aseguraron haber tenido acceso a la información antes de que el correo llegara a la cuenta del fiscal general. La acusación, sin embargo, resta valor probatorio a esos testimonios, argumentando que el derecho a proteger las fuentes distorsiona su condición de testigos y que, según ha esgrimido el abogado, los informadores “poseen un interés económico, profesional o de negocio en cuidar como fuente al Ministerio Fiscal”.
En su alegato, Rodríguez-Ramos señaló que su cliente quedó marcado como “defraudador confeso” tras la filtración, aludiendo a declaraciones posteriores del presidente del Gobierno y del ministro de Justicia. A su juicio, el “relato institucional” de la Fiscalía se alineó con la narrativa política del Gobierno, creando una identidad jurídica y mediática que aún no había pasado por control judicial.
La defensa del fiscal general y la posición del Ministerio Público
La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha rechazado que la Fiscalía tratara de forma impropia al novio de Ayuso y ha defendido que recibió el mismo trato que cualquier otro ciudadano. También subrayó la calidad de los testimonios periodísticos presentados y defendió la actuación del Ministerio Fiscal dentro de los límites legales y operativos.
Por su parte, García Ortiz renunció a su última palabra en la vista oral, una decisión interpretada como voluntad de evitar el enfrentamiento político directo que ha marcado el juicio.
El caso abre un debate más amplio sobre las responsabilidades del Ministerio Fiscal, los límites de la comunicación institucional y el uso político de las filtraciones. Mientras la defensa sostiene que la Fiscalía creó un “relato institucional de culpabilidad” que condicionó la percepción pública de González Amador, el Ministerio Público insiste en que actuó para corregir informaciones inexactas derivadas de filtraciones previas de origen externo. @mundiario
