El Gobierno niega una “intromisión” en la justicia y defiende su derecho a apoyar al fiscal general
La Moncloa sostiene que el respaldo público de Pedro Sánchez al titular del Ministerio Fiscal, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos, no vulnera la independencia judicial.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a cerrar filas en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en pleno desarrollo del juicio oral ante el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos. La posición del Ejecutivo, mantenida desde que se abrió la causa el 16 de octubre de 2024, se ha reafirmado tras las declaraciones del presidente en El País, donde volvió a sostener que “cree en la inocencia del fiscal general” y que “la verdad se acabará imponiendo”.
Las palabras del jefe del Ejecutivo han generado una nueva ola de críticas por parte del Partido Popular y de la Asociación de Fiscales —la mayoritaria en la carrera fiscal—, que acusan a Sánchez de “interferir” a la Justicia y de “usurpar” las funciones de los magistrados del Supremo. Sin embargo, desde La Moncloa se insiste en que el presidente actuó dentro de su derecho a expresar una opinión política, sin ejercer influencia en las competencias judiciales.
“Mantener el respeto a los jueces no es incompatible con expresar una opinión”, defendió este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según la también ministra de Educación y Deportes, Sánchez “no dijo nada que no haya verbalizado en otras ocasiones” y sus declaraciones deben entenderse “en el contexto de una entrevista periodística”.
“¿Qué hemos visto ahora en el juicio?”, preguntó Alegría. “Hemos visto, también por las declaraciones de los testigos, que se ha planteado ninguna prueba contra el fiscal general. Numerosos testigos han declarado que tenían esa información. Otros han reconocido que la tenían antes (de que accediera a ella el fiscal general). El jefe de gabinete de Ayuso reconoció que filtró y mintió”, insistuió la portavoz.
Alegría, al ser preguntada si La Moncloa cree plenamente en la inocencia de García Ortiz entendería que una sentencia desfavorable para la defensa equivaldría a una decisión injusta a sabiendas (prevaricación), la ministra ha evitado mojarse. “Trasladamos nuestro respeto a la justicia, le corresponde a los jueces tomar esa decisión (de condenar o absolver) pero nosotros seguimos manteniendo la confianza en la inocencia del fiscal”, insistió.
Críticas del Poder Judicial
El Ejecutivo mantiene una línea argumental delicada: respetar las decisiones judiciales no implica renunciar al derecho a opinar sobre el proceso. “Si se escuchan las múltiples declaraciones del presidente y los miembros del Gobierno, siempre hemos dicho lo mismo. Respeto a la Justicia, pero eso no es contradictorio con trasladar una opinión”, repiten fuentes del Gobierno. Bajo esta premisa, Sánchez habría actuado de forma legítima al reiterar su confianza en García Ortiz, incluso con el juicio en marcha.
El Ejecutivo interpreta las críticas del PP como un intento de “crear una falsa polémica” y recuerda que la posición de Sánchez ha sido constante desde el inicio del caso: apoyo institucional, confianza en la inocencia del fiscal y defensa de la presunción de inocencia.
La Asociación de Fiscales, que agrupa a la mayoría del cuerpo, considera en cambio que la intervención del presidente supone una forma de presión indirecta. En un comunicado, la agrupación advirtió de que declaraciones como las de Sánchez “erosionan la imagen de imparcialidad de la justicia” y sitúan al Ejecutivo en una “posición institucional inadecuada”.
El Partido Popular, por su parte, ha acusado al Gobierno de “romper la independencia judicial” y de utilizar su peso político para influir en un proceso judicial que afecta al máximo responsable del Ministerio Público. Desde Génova califican las palabras de Sánchez de “inadmisibles” y exigen una rectificación.
A pesar de la presión política, en el entorno del Gobierno se percibe optimismo. “Con lo que hemos visto hasta ahora, y siendo conscientes de que a quien le corresponde juzgar es a los jueces, no se ha planteado ninguna prueba directa contra el fiscal general”, señaló Alegría. En Moncloa confían en que el tribunal acabe declarando inocente a García Ortiz, lo que —según el Ejecutivo— demostraría que las críticas al presidente no tienen fundamento. @mundiario
