Nuevas declaraciones refuerzan que la filtración del correo no partió de la Fiscalía General del Estado
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de un correo electrónico relacionado con el caso de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso—, continúa revelando detalles clave sobre el origen y la difusión de la información. En la cuarta jornada del proceso, el periodista Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, ha asegurado ante el tribunal que tuvo acceso al correo en cuestión aproximadamente seis horas antes de que lo recibiera el propio fiscal general.
Campos, primer informador que publicó la existencia del mensaje en el que la defensa de González Amador admitía dos delitos fiscales y proponía un pacto de conformidad, explicó que una fuente le mostró el documento la tarde del 13 de marzo de 2024. Según su testimonio, acudió a un despacho sobre las 15:30 horas, donde pudo leer el correo y tomar notas, aunque no obtuvo una copia. García Ortiz no recibió el mensaje hasta las 21:59 de esa misma noche.
“Mi noticia revelaba la verdad”, declaró Campos, quien sostuvo que su información desmentía las versiones difundidas por el entorno de Ayuso, que acusaban a la Fiscalía de haber intentado un pacto con González Amador. “Fue la defensa quien buscó el acuerdo, no la Fiscalía”, insistió el periodista.
El reportero afirmó también que su fuente le pidió inicialmente no publicar el contenido del correo por motivos de confidencialidad, y que respetó esa decisión hasta poder confirmar la información por otras vías. “Volví a la redacción y pasé varias horas haciendo llamadas para contrastar los hechos sin vulnerar mi compromiso con la fuente”, relató.
Campos es el cuarto periodista que declara haber conocido el contenido del correo antes que el fiscal general, una coincidencia que apunta a que la filtración se produjo antes de que el mensaje llegara a la Fiscalía. En la misma línea, José Manuel Romero, también citado como testigo, confirmó que conoció el contenido del email a través de fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
En paralelo, el fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Morillo, justificó el borrado del móvil de García Ortiz al considerar que no existía un protocolo interno para la eliminación segura de datos en la Fiscalía General del Estado. “Los titulares de los dispositivos tienen la obligación de proteger la información y la facultad de borrarla”, explicó ante el tribunal. Además, sostuvo que la nota de prensa publicada por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 —en la que se desmentía el bulo difundido por el entorno de Ayuso— no constituyó una violación de seguridad, ya que los datos que contenía ya habían sido difundidos por la prensa.
Por su parte, Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid, defendió que aquella nota causó “honda preocupación” entre los letrados, al considerar que se vulneró el principio de confidencialidad. Ribón pidió entonces que se depurasen responsabilidades dentro del Ministerio Público, petición que no prosperó tras una reunión con García Ortiz al día siguiente.
El testimonio de Campos, junto con el de otros informadores y responsables judiciales, perfila un escenario cada vez más claro: la información sobre el correo de González Amador circulaba ya entre distintos despachos y redacciones antes de que llegara oficialmente al fiscal general. El tribunal del Supremo deberá determinar ahora si esa secuencia temporal exime a García Ortiz de toda responsabilidad penal o si, por el contrario, se considera que existió algún grado de participación en la filtración.
Mientras tanto, la causa continúa bajo un fuerte foco mediático, no solo por sus implicaciones judiciales, sino también por el trasfondo político que envuelve al caso y por el impacto que la polémica ha tenido en la relación entre la Fiscalía, los medios de comunicación y el Gobierno autonómico madrileño.
