El histórico juicio contra el fiscal general cristaliza la fractura entre la Fiscalía y la UCO
La vista oral ha estado marcada por la confrontación entre las inferencias de la Guardia Civil y una defensa que presentó su actuación como una respuesta institucional frente a los “ataques” al Ministerio Público.
Por primera vez desde el inicio del proceso, la jornada final del juicio mostró una imagen inédita: la del fiscal general del Estado sentado, sin toga, frente a los siete magistrados del Tribunal Supremo. Durante 90 minutos, Álvaro García Ortiz ofreció su versión de los hechos y negó tajantemente haber filtrado a los medios el correo del abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— en el que este reconocía un fraude fiscal ante la Fiscalía.
García Ortiz sostuvo que su actuación se limitó a “defender la honorabilidad de la institución” ante lo que calificó como “insidias y calumnias” del entorno político de Ayuso. Sin embargo, sus explicaciones se produjeron después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo señalaran directamente como responsable de la filtración, en lo que fue el testimonio más contundente del proceso.
El teniente coronel Antonio Balas, jefe del área de delitos económicos de la UCO, declaró que “todo lo filtrado ocurrió después de estar en poder de la Fiscalía General del Estado”, concluyendo que el “dominio de la información” recaía en García Ortiz. Sin embargo, la abogada del Estado, Consuelo Castro, cuestionó el valor probatorio de esas afirmaciones, subrayando que se basaban en simples “inferencias” y no en evidencias directas.
El intercambio entre ambos fue uno de los momentos más tensos de la vista. Mientras Balas defendía la coherencia de su investigación, Castro replicó que los documentos filtrados también estaban accesibles a “más de 600 personas”, incluyendo distintas fiscalías y direcciones genéricas de la Abogacía del Estado.
“La verdad no se filtra, se defiende”
En su declaración final, García Ortiz recurrió a un tono más político que jurídico. Argumentó que su “única obsesión” durante los hechos fue proteger a los fiscales que trabajaban en el caso del novio de Ayuso y preservar la imagen del Ministerio Público frente a la campaña mediática impulsada por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
El acusado insistió en que la nota de prensa emitida por la Fiscalía no revelaba datos perjudiciales para González Amador, sino que respondía a una necesidad de “transparencia institucional”. Concluyó su intervención con una frase que resumió su defensa moral del caso: “la verdad no se filtra, la verdad se defiende”.
Otro de los puntos controvertidos fue el borrado de mensajes y la eliminación de una cuenta de Gmail vinculada al caso. García Ortiz negó haber destruido pruebas y aseguró que elimina de forma “sistemática” los historiales de sus dispositivos por razones de seguridad. La defensa presentó peritos que confirmaron que no puede determinarse cuándo ni qué mensajes fueron borrados.
Pese a ello, la UCO sostuvo que el fiscal general cambió de móvil durante la instrucción y que cerró su cuenta personal tras recibir amenazas derivadas de filtraciones mediáticas. La defensa, por su parte, pidió la nulidad del registro en su despacho por presunta vulneración de derechos fundamentales.
A la espera de la sentencia
El caso ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un pulso institucional sin precedentes. García Ortiz, principal garante de la legalidad del Estado, se enfrenta a penas de entre tres y seis años de prisión por revelación de secretos. La acusación particular, en representación de González Amador, solicita cuatro años, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) eleva su petición a seis.
En el trasfondo del proceso late un debate mayor: la independencia del Ministerio Fiscal y su papel en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. El propio acusado lo dejó entrever en su intervención, al acusar a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de mantener una “actitud obstruccionista” y de mostrar “desafección” hacia la actual cúpula de la Fiscalía.
Tras las intervenciones finales de las partes, el juicio quedó visto para sentencia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá determinar ahora si García Ortiz vulneró el secreto de las actuaciones o si, como sostiene su defensa, actuó dentro de los márgenes de su deber institucional.
Sea cual sea el fallo, el proceso ya ha marcado un hito en la historia judicial española: nunca antes un fiscal general en ejercicio había tenido que defender su inocencia ante el más alto tribunal del país, en un caso que pone a prueba no solo su futuro personal, sino la credibilidad de toda la Fiscalía General del Estado. @mundiario
