El fiscal general rechaza las acusaciones y denuncia un proceso “desleal” en su contra
La quinta sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha girado en torno a su esperada declaración ante el Tribunal Supremo. Acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo relacionado con el caso de fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, García Ortiz ha negado con firmeza cualquier implicación y ha defendido que su actuación fue “ajustada a derecho y posterior a la publicación de la información en los medios”.
“Lo que hicimos fue colocar los correos después de que estos hubieran sido revelados a la opinión pública”, ha afirmado el fiscal general, asegurando que no participó en la difusión de los mensajes confidenciales. Desde el inicio de su declaración, García Ortiz ha anunciado que no respondería a las preguntas de las acusaciones, a las que ha atribuido una actitud “desleal no solo con el acusado, sino también con el propio tribunal”.
El máximo responsable del Ministerio Público ha enumerado cuatro motivos que, según él, justifican su decisión de acogerse a su derecho a guardar silencio. En primer lugar, ha señalado que los abogados de González Amador “ocultaron en su denuncia” que el correo filtrado había sido enviado también a la Abogacía del Estado, lo que “multiplicaba las posibles fuentes de filtración”. En segundo lugar, ha acusado al propio González Amador de entregar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, un correo interno de la Fiscalía que fue utilizado para “difundir una versión tergiversada” del caso.
En tercer lugar, García Ortiz ha recordado que el empresario se reunió con un periodista de El Mundo, “ajeno al procedimiento”, lo que —a su juicio— demuestra un intento de manipular la información. Por último, ha subrayado que González Amador renunció a reclamar la responsabilidad subsidiaria del Estado, lo que para el fiscal general “deja claro que su único objetivo era ir contra mí”.
Durante la vista, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron su despacho confirmaron que no pudieron acceder al contenido del teléfono móvil del fiscal general porque había sido borrado el mismo día en que fue encausado, el 16 de octubre. Aun así, los investigadores lograron reconstruir parte de las comunicaciones a través del dispositivo de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. Los informes policiales, sin embargo, se basan en “deducciones”, según la defensa.
El fiscal general también negó haber tenido contacto alguno con el periodista Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, quien publicó la primera información con fragmentos del correo. Campos declaró que obtuvo el mensaje por otras vías y que, aunque intentó contactar con García Ortiz aquella noche, su llamada fue desviada al buzón de voz. “No cojo llamadas desde que soy fiscal general; me volvería loco si lo hiciera”, ironizó el acusado.
En su intervención, García Ortiz recordó además que fue la propia presidenta madrileña quien, tras conocerse el caso de su pareja, señaló públicamente a la Fiscalía y, en particular, a la fiscal jefa provincial de Madrid, generando una “campaña de desprestigio” en redes sociales contra el Ministerio Público. “Ayuso dijo que había una persecución política, y eso dañó gravemente la credibilidad de la institución”, denunció.
Por último, el fiscal general explicó que por motivos de seguridad borra sistemáticamente sus conversaciones de WhatsApp cada mes para evitar que información sensible caiga en manos de terceros: “Soy consciente del riesgo que supone; no permito que permanezcan datos profesionales en mi teléfono más de un mes”.
El juicio continuará en los próximos días con nuevas declaraciones y la valoración de las pruebas forenses sobre los dispositivos electrónicos incautados. Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a la Fiscalía y añade un nuevo capítulo a la creciente tensión institucional entre el Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Poder Judicial. @mundiario
