La defensa del fiscal general contraataca y acusa de “desproporcionadas” las gestiones de la UCO
El Tribunal Supremo vivió este miércoles una sesión envuelta en tensión durante la penúltima jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración del correo que la defensa de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— remitió a la Fiscalía para explorar un posible acuerdo judicial. La jornada estuvo marcada por un enfrentamiento directo entre la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal, y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados de la investigación.
La abogada del Estado Consuelo Castro centró su intervención en cuestionar las conclusiones de los informes de la UCO, que —según afirmó— se basan más en deducciones que en pruebas. Hablan de “inferencias”, sostuvo, al recordar que más de 500 personas tenían acceso a la denuncia original y al correo cuya filtración se investiga, pero los agentes decidieron enfocar su investigación únicamente en el fiscal general.
El teniente coronel Antonio Balas, responsable del equipo investigador, respondió con ironía: “solo llevo investigando desde 1999”. En su defensa del trabajo de la UCO, afirmó que “nosotros no hacemos investigaciones prospectivas” y que se descartan hipótesis hasta centrar la atención en la figura del fiscal general.
Los agentes insistieron en que García Ortiz tenía “el dominio a todos los niveles” de la información que circulaba en la Fiscalía sobre González Amador y que las filtraciones se producían una vez que los documentos pasaban por la Fiscalía General del Estado. “Muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla”, ha dicho el agente.
Pese a ello, las declaraciones de los 11 agentes citados no esgrimieron pruebas directas que vinculen al fiscal general con la difusión del correo. La propia UCO reconoció que no puede asegurar quién fue el autor de la filtración, aunque mantiene que las sospechas se concentran en la cúpula del Ministerio Fiscal.
El informe de la UCO afirma que la doble condición que debe concurrir en el presunto filtrador, es decir, tener en posesión el correo y conocer que se estaba redactando una nota de prensa, “solamente se da primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en esta”. Sobre la estructura del Ministerio Público, los agentes señalan que las sospechas pueden “circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, a la fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”.
La defensa cuestiona la base de la investigación
La Abogacía del Estado subrayó las omisiones y contradicciones de los informes policiales. Según Castro, el criterio de la Guardia Civil de investigar solo a García Ortiz y no a otros fiscales con acceso al correo carece de base objetiva. “Ustedes concluyen que esas dos circunstancias se dan en cuatro personas y una institución. Pero piden al juez que se analicen los dispositivos del fiscal general”, les reprochó.
Los agentes replicaron que se centraron en él porque “sobre esta persona es sobre la que tenemos más indicios y porque la Fiscalía está jerarquizada” y el fiscal general tiene “el control total” de la información, una afirmación que provocó risas y comentarios entre los fiscales presentes en la sala en apoyo a García Ortiz.
En su declaración, García Ortiz negó rotundamente haber filtrado el correo o haber mantenido contacto alguno con periodistas sobre el asunto. “No mantuve ninguna conversación con el señor Campos (periodista de la Cadena SER). He sabido de la llamada entrante al ver el atestado de la UCO. Yo no cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco”, ironizó. García Ortiz explicó que su actuación respondió al intento de defender la reputación de la Fiscalía ante lo que consideró “una campaña de desinformación” sobre un supuesto pacto con la pareja de Ayuso. “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”, afirmó ante el tribunal.
El fiscal general también negó haber destruido su teléfono móvil anterior, como afirmaron algunos agentes de la UCO. Según su versión, borra los datos por motivos de seguridad y protección de información sensible, aunque afirmó tener otros cinco dispositivos en su poder que no ha devuelto al Ministerio Público. También sostuvo que en su teléfono hay mucha información de la que depende la “vida” de muchas personas, por lo que toma varias precauciones.
La Fiscalía considera “desproporcionadas” las actuaciones de la UCO
La defensa de García Ortiz y la propia Fiscalía han pedido que se anulen los registros realizados en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, alegando que las actuaciones de la UCO fueron “desproporcionadas”.
El juez instructor había autorizado la copia completa de los dispositivos electrónicos entre marzo y octubre de 2024, un periodo mucho más amplio del solicitado por la acusación particular. Los agentes reconocieron haber volcado todo el contenido, alegando que “técnicamente” no se puede clonar solo una parte, ya que depende de los dispositivos y volcar datos selectivos es muy laborioso.
El caso ha evidenciado la fractura interna en la Fiscalía y la tensión entre la cúpula del Ministerio Público y los investigadores de la Guardia Civil.
El fiscal general se enfrenta a una posible condena de hasta seis años de prisión, aunque su defensa insiste en que no existen pruebas materiales que sustenten las acusaciones.
El proceso concluye este jueves con los informes finales de las partes y la última palabra de García Ortiz. Más allá de su resultado judicial, el caso ha abierto un debate sobre los límites entre la transparencia institucional y la protección del secreto profesional, así como sobre la independencia del Ministerio Fiscal frente a la presión política y mediática. @mundiario
