La causa contra García Ortiz, en manos del Supremo tras un proceso sin evidencias directas
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cerrado su última sesión dejando al Tribunal Supremo ante una de las decisiones más complejas de su historia reciente. La vista ha finalizado sin aportar indicios nuevos respecto a los que ya motivaron la apertura del proceso: unas supuestas filtraciones vinculadas al correo remitido por el abogado de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— en el marco de una investigación por fraude fiscal.
La defensa, encabezada por el abogado del Estado José Ignacio Ocio, abrió su alegato denunciando el peso del “juicio paralelo” mediático que ha rodeado el caso desde su origen y recordando al tribunal que su independencia no debía verse contaminada. La frase quedó flotando en una sala consciente de que el proceso se ha desarrollado bajo la presión de un país dividido y un ruido político ensordecedor.
Un Supremo fragmentado ante una decisión histórica
La composición del tribunal refleja la tensión del momento: cuatro magistrados de perfil conservador, dos progresistas y un presidente sin alineación definida. Sobre ellos recae la responsabilidad de dictar sentencia en un asunto que ha sido amplificado hasta el extremo por el enfrentamiento entre Gobierno y oposición.
El origen del caso es inseparable de la batalla política en torno al fraude fiscal de 350.000 euros atribuido a la pareja de Ayuso. El entorno de la presidenta madrileña presentó la investigación como una operación de acoso político, mientras el PP asumió desde el primer día la culpabilidad de García Ortiz. El Gobierno, en cambio, defendió su inocencia sin matices.
En las tertulias, columnas y encuestas se llegó a actuar como si el veredicto dependiera de la opinión pública.
Indicios débiles, sospechas recurrentes y un historial borrado
Durante las seis jornadas del juicio, la acusación no ha podido presentar una prueba directa contra García Ortiz. La UCO apuntó hacia él basándose en “inferencias temporales”, como admitió su responsable, el teniente coronel Antonio Balas. “No hay prueba porque no puede haberla”, subrayó la defensa, insistiendo en que las coincidencias temporales no constituyen evidencia.
El argumento más repetido por los acusadores —el borrado del historial telefónico del fiscal general— fue explicado por la defensa como una práctica establecida por motivos de seguridad mucho antes de que se abriera la causa.
La fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde reforzó esa tesis: no hubo revelación de secretos porque la información sobre la confesión fiscal del novio de Ayuso ya circulaba entre diversos periodistas antes de la filtración concreta denunciada.
Seis reporteros de cuatro medios confirmaron en sala que sus informaciones no procedían de García Ortiz, aunque sin revelar fuentes. Las acusaciones interpretaron ese silencio como un flanco débil. La defensa lo usó en sentido opuesto: demostraba que había múltiples vías de acceso al correo, que circuló por direcciones genéricas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La nota de la Fiscalía, pieza clave y fantasma recurrente
A lo largo del proceso reapareció continuamente la nota informativa publicada por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, que recogía la admisión de los delitos por parte de González Amador. Para una parte de las acusaciones, aquel comunicado formaría parte de una maniobra diseñada para construir un “relato institucional de culpabilidad”.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró esa nota como un posible cuerpo del delito. El Supremo, sin embargo, descartó esa opción y redirigió el foco hacia la supuesta filtración del correo, ahora centro del proceso.
Política, medios y derecho: tres planos superpuestos
Los grupos acusadores no evitaron las consideraciones políticas en sus informes finales, llegando a acusar al fiscal general de actuar alineado con el Gobierno. Entre códigos legales y reproches ideológicos, el juicio se convirtió en un espejo de la polarización nacional.
El Supremo deberá decidir ahora si el conjunto de indicios presentados —débil, interpretativo y sin pruebas determinantes— basta para condenar al fiscal general del Estado o si, por el contrario, todo responde a una construcción política sin respaldo jurídico real.
La sentencia no solo afectará a Álvaro García Ortiz: será leída como un veredicto sobre la independencia judicial y la salud institucional de la democracia española. El reloj ya está en marcha. @mundiario
