Las acusaciones intentan desacreditar a los periodistas en el juicio al fiscal general
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, encara su fase final en medio de una batalla dialéctica donde la credibilidad de los periodistas ha pasado a ocupar el centro del debate. Durante la exposición de los informes finales, las acusaciones de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— y del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) trataron de sembrar dudas sobre la fiabilidad de los informadores que han declarado, insinuando vínculos con la Fiscalía General y falta de transparencia en torno a sus fuentes.
El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, fue el primero en cargar contra los medios, en especial contra Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER, quien publicó la información inicial sobre el correo electrónico que destapó el caso. El letrado sugirió que tanto Campos como García Ortiz y la jefa de prensa de la Fiscalía, Mar Hedo, podrían haber mantenido comunicaciones la noche de la filtración que no han querido revelar. “¿Qué problema habría en mostrar sus mensajes si no existe ninguna relación entre ellos?”, planteó Rodríguez Ramos, insinuando que el secreto profesional podría estar siendo utilizado para ocultar una posible connivencia.
El representante legal de González Amador también subrayó como “hecho clave” que el correo objeto de la filtración fuese reenviado a una dirección personal de Gmail del fiscal general, en lugar de a su cuenta institucional, lo que —a su juicio— habría sacado el documento del circuito oficial de trazabilidad del Ministerio Fiscal. Este detalle, dijo, “podría explicar cómo el mensaje acabó en manos de la prensa”.
Por su parte, el ICAM respaldó la validez del registro efectuado en el despacho de García Ortiz, que permitió acceder a los dispositivos electrónicos del fiscal general, y calificó de “indicio cualificado” el hecho de que este borrase parte del contenido de su teléfono móvil. Además, el Colegio de Abogados aprovechó su intervención para retomar la tesis —ya descartada por el Tribunal Supremo— de una posible implicación del Gobierno en la filtración, apuntando sin pruebas a una “dimensión política” detrás del caso.
A estas acusaciones se sumó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), cuyo abogado, Juan Antonio Frago, cuestionó que García Ortiz tuviera acceso legítimo al correo filtrado y lo acusó de haber usado su “superioridad jerárquica” para obtenerlo. Frago también sostuvo, sin que haya sido acreditado, que la noche de la filtración el fiscal general mantuvo contacto con el periodista de la SER, basándose en una llamada de cuatro segundos registrada en su teléfono, aunque el reportero explicó que el intento de comunicación no pasó del buzón de voz.
En conjunto, las acusaciones intentan construir un relato en el que el fiscal general y algunos periodistas habrían actuado en connivencia para difundir información confidencial con fines políticos. Frente a esta narrativa, la defensa de García Ortiz insiste en que no existe prueba alguna que le vincule con la filtración y recuerda que la acusación debe demostrar su culpabilidad, no al contrario.
El juicio, que ha generado gran expectación mediática por las implicaciones institucionales y políticas del caso, queda visto para sentencia tras una jornada marcada por las insinuaciones y las tensiones entre el derecho a la información, el secreto profesional y la independencia de los medios frente al poder judicial. @mundiario
