La Abogacía del Estado pide casi cuatro años de prisión y medio millón de euros para el novio de Ayuso

La Abogacía del Estado ha solicitado una condena de tres años, nueve meses y un día de prisión, así como una multa de 448.000 euros, para el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La petición, que se suma a la ya formulada por la Fiscalía, sitúa a González Amador en el centro de un proceso judicial por presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, además de un delito de falsedad documental.

Aunque el foco mediático recae inevitablemente sobre su relación con Ayuso, desde el punto de vista judicial se trata de un caso técnico de presunta defraudación al fisco, derivado del uso de facturas que Hacienda considera inexistentes o simuladas. Según el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, el acusado actuó “plenamente consciente” de que las facturas que presentó no reflejaban servicios reales y que fueron utilizadas con el fin de reducir la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Según la acusación, la consultora sanitaria Maxwell, propiedad de González Amador, habría incorporado estos documentos para deducir indebidamente gastos por valor de 1.7 millones de euros, generando un perjuicio a la Hacienda pública de 350.910 euros. A este delito fiscal se le suma una acusación de falsedad documental, lo que agrava el caso y explica la contundencia de la pena solicitada.

Desde el punto de vista judicial, el Código Penal establece que el fraude fiscal por importe superior a 120.000 euros puede suponer entre uno y cinco años de prisión, además de multas que pueden llegar hasta seis veces la cuantía defraudada. La falsificación documental, por su parte, puede conllevar entre seis meses y tres años de cárcel.

La acusación se apoya en informes técnicos de la Agencia Tributaria, que, desde 2022, detectó irregularidades en la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, vinculadas a facturas sin respaldo real. Estas prácticas, según el organismo fiscalizador, se habrían articulado a través de empresas colaboradoras que ahora también enfrentan cargos.

Entre ellas figuran un empresario mexicano y tres empresarios españoles, para quienes se solicitan penas que van desde un año hasta dos años de prisión en función de su implicación en la emisión de las facturas.

Una defensa que insiste en la ausencia de dolo

El acusado, por su parte, sostiene su inocencia y niega haber actuado con voluntad de defraudar. Se ha amparado en su derecho a no declarar durante la instrucción, a la espera de que se resolviera un recurso sobre una pieza separada del procedimiento. En su única intervención relevante, negó haber ocultado ingresos y explicó los vínculos económicos con la empresa sanitaria Quirónsalud, origen de otra causa paralela por un presunto soborno.

Un elemento clave en su estrategia de defensa ha sido el pago voluntario, en mayo de 2024, del importe defraudado más los intereses legales, como fórmula para reparar el daño y tratar de atenuar la eventual condena. Sin embargo, este pago se realizó cuando el procedimiento penal ya estaba en marcha, lo que, según expertos en derecho fiscal, podría limitar su valor como eximente total de responsabilidad penal.

Repercusiones jurídicas y políticas

La solicitud de penas marca un punto de inflexión en el caso. En las próximas semanas, se espera que la jueza Inmaculada Iglesias —quien se jubila este verano— dicte el auto de apertura de juicio oral, paso previo al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. La instrucción ha sido particularmente densa, dado que ha incluido otras investigaciones conexas y la participación de acusaciones populares como el PSOE y Más Madrid, cuyos escritos están aún pendientes.

Además del juicio principal por fraude fiscal, González Amador está siendo investigado por otra causa derivada de un presunto soborno relacionado con la empresa Quirón Prevención. Esta causa aún en fase preliminar, podría añadir nuevas complicaciones judiciales.