La pareja de Ayuso reclama al Supremo que cierre la causa y procese ya al fiscal general
La causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos entra en su fase decisiva. El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha pedido formalmente que ambos fiscales sean procesados. Lo hace convencido de que se vulneraron sus derechos fundamentales en el contexto de la causa que se sigue contra él por fraude fiscal. La estrategia procesal del empresario eleva el tono de un caso que, desde sus inicios, ha tenido fuertes implicaciones políticas y mediáticas.
El núcleo de la acusación reside en la filtración de un correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales y proponía un acuerdo para evitar el ingreso en prisión. Este correo, fechado el 2 de febrero, terminó apareciendo en medios de comunicación semanas más tarde, en un contexto de pugna política por el relato mediático. La defensa del empresario apunta directamente a los dos fiscales como responsables de la filtración, asegurando que no se trató de un acto aislado, sino de una conducta continuada al considerar que “las revelaciones se extendieron entre el día 7 y el día 14 de marzo de 2024″.
En su escrito al juez instructor del Supremo, Ángel Hurtado, la defensa insiste en que la actuación de García Ortiz y Rodríguez se vio motivada por el hecho de que González Amador es pareja de la presidenta madrileña, y no un ciudadano más. A juicio del querellante, esa condición provocó un uso político de su expediente tributario, lo que habría derivado en la supuesta difusión indebida de información protegida, en violación de su derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Frente a esta acusación, la defensa de la fiscal jefe de Madrid sostiene que no existió revelación de secretos. Argumenta que la información ya había sido difundida en medios —como lo demuestra la cronología de publicaciones de El Mundo y la Cadena SER— y que, por tanto, lo divulgado había perdido su carácter confidencial. Además, subraya que Rodríguez actuó siguiendo órdenes del fiscal general, en el marco de la obligación estatutaria de dar cuenta a los superiores en casos de especial relevancia pública.
“Para que algo sea considerado secreto debe ser confidencial, no accesible a los demás. Por tanto no puede considerarse secreto lo que ya ha sido divulgado, y una vez que se ha hecho público, la protección penal contra revelaciones indebidas debe decaer”, alega su abogado, Daniel Campos.
Procesar a los fiscales o archivar la causa
La instrucción del Supremo también ha recogido elementos que complican el relato acusatorio. Por ejemplo, el correo del abogado de González Amador fue enviado a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos y posteriormente reenviado a la Abogacía del Estado, lo que abre la posibilidad de que existan más posibles responsables de la filtración.
Asimismo, se ha documentado que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió entre periodistas una versión errónea sobre el supuesto origen de la propuesta de acuerdo con la Fiscalía, lo que contribuyó a que la cúpula del Ministerio Público se sintiera obligada a desmentir públicamente esa interpretación, según la defensa.
Sin embargo, para la defensa del empresario, esos elementos no exoneran a los fiscales. Señalan indicios como la eliminación de cuentas de correo, el borrado de móviles y la negativa del propio fiscal general a declarar ante el juez instructor. Acusan a García Ortiz de actuar con un objetivo político: controlar el relato público frente a la estrategia comunicativa de la presidenta madrileña y su entorno.
El Tribunal Supremo tendrá ahora que decidir si convierte estas diligencias en un procedimiento abreviado, lo que implicaría procesar formalmente a los fiscales, o si archiva la causa. En uno u otro sentido, la resolución marcará un precedente importante sobre los límites de la transparencia institucional en contextos judiciales con alta carga política. @mundiario
