La jueza que da el paso decisivo: el procesamiento del novio de Ayuso y sus implicaciones políticas
La justicia avanza mientras la política se atrinchera. La jueza Inmaculada Iglesias ha transformado la investigación contra Alberto González Amador en un procedimiento abreviado, un paso judicial clave que supone su procesamiento formal por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Más allá del impacto penal para el empresario, la decisión de Iglesias coloca el caso en el centro del tablero político y jurídico nacional, ya que afecta directamente al entorno más íntimo de una de las figuras más influyentes del PP: la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Desde su inicio, el caso ha estado marcado por un innegable estruendo mediático y político. Fue la propia Fiscalía la que destapó en 2023 la presunta utilización de facturas falsas para defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. La Agencia Tributaria recopiló durante casi dos años pruebas que, según la magistrada, muestran cómo González Amador usó sociedades instrumentales para simular servicios y trasladar beneficios artificialmente, con el fin de sacar provecho de deducciones fiscales ficticias.
La jueza Iglesias, lejos de doblegarse ante la presión o de desestimar el caso como una vendetta política —como ha intentado presentar reiteradamente el entorno de Ayuso—, asumió la acusación. Con su auto, la magistrada deja de lado cualquier ambigüedad y da por cerrada la instrucción.
Este paso no solo implica un cambio de fase procesal; es, en sí mismo, un acto de afirmación institucional en la que ratifica el trabajo previo de Hacienda y la Fiscalía. El argumento de Ayuso y el PP de que todo esto forma parte de una “operación de Estado” queda, de momento, confrontado con un auto repleto de datos contables y análisis de operaciones comerciales inexistentes.
Qué hará la defensa de González Amador
La respuesta del entorno de González Amador ha sido inmediata: recurrirán. Alegan que no se ha aceptado ninguna de las diligencias solicitadas por la defensa, lo que, según su versión, vulnera derechos fundamentales. La instrucción ha durado más de un año y medio y ha contado con decenas de documentos probatorios, peritajes fiscales e incluso intentos de acuerdo por parte del propio Amador, quien llegó a admitir los delitos en comunicaciones privadas a la Fiscalía.
Aquí es donde el silencio de Ayuso se vuelve clamoroso. Desde que estalló el escándalo, la postura de la presidenta madrileña, azote del Gobierno central y principal figura del ala dura del PP, ha oscilado entre el ataque al Ministerio Público y el retraimiento político, alegando que se trata del asunto de “un particular”. Pero cada nuevo movimiento judicial la arrastra de nuevo al foco.
Y lo que es aún más significativo: la jueza ha descartado cualquier indicio contra el asesor fiscal que confeccionó las autoliquidaciones, señalando con claridad que la causa recae directamente sobre el procesado y quienes elaboraron las facturas falsas.
La decisión de Iglesias llega, además, justo antes de su jubilación, prevista para julio. Quedan aún varias incógnitas por despejar. ¿Se declarará culpable Amador para evitar la cárcel, como llegó a intentar hace meses? ¿Qué papel jugará la pieza separada sobre un supuesto soborno en Quirónsalud? @mundiario
