El fiscal general al borde del banquillo: la pareja de Ayuso pide cárcel para García Ortiz
La crisis institucional que enfrenta la Fiscalía General del Estado ha entrado de lleno en el terreno político con una derivada inédita: la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa directamente al fiscal general, Álvaro García Ortiz, de haber cometido un delito de revelación de secretos. Alberto González Amador, empresario procesado por fraude fiscal, ha presentado un escrito de acusación ante el Tribunal Supremo en el que reclama para el jefe del Ministerio Público una condena de cuatro años de prisión, tres de suspensión de empleo, inhabilitación especial y una multa de 108.000 euros.
La acusación de González Amador se fundamenta en la presunta filtración de un correo electrónico que su abogado envió a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, donde se admitía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y se proponía alcanzar un acuerdo penal. Este mensaje, clave en el proceso de negociación con el Ministerio Público, fue divulgado semanas después, según sostiene la defensa del empresario, con la intención de contrarrestar una versión interesada difundida previamente por el entorno de Ayuso.
El escrito de 73 páginas, registrado tras el cierre de la instrucción por parte del juez del Supremo Ángel Hurtado, apunta directamente a García Ortiz y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, como responsables de la revelación del contenido de ese correo. En el caso de Rodríguez, la pareja de Ayuso solicita una condena de tres años de cárcel, dos de suspensión de empleo y una multa de 36.000 euros. A ambos les exige, además, una indemnización de 300.000 euros por daños morales, así como una fianza conjunta de 400.000 euros.
Más allá del conflicto estrictamente judicial, el escrito dibuja un trasfondo político de alto voltaje. Según González Amador, la revelación no fue un acto aislado, sino parte de un “plan delictivo para ganar el debate político” presuntamente coordinado desde el Palacio de la Moncloa. Para sustentar esta afirmación, el documento de acusación señala como piezas clave al exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El documento sostiene que las comunicaciones internas del PSOE reflejan una estrategia para exigir la dimisión de Díaz Ayuso, articulada en torno a las filtraciones sobre su pareja.
La APIF también pide prisión para el fiscal general
A este relato se suma la acusación popular de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que no solo comparte la tesis del delito de revelación de secretos, sino que suma el de prevaricación. APIF eleva así su petición de pena para García Ortiz a seis años de prisión y doce de inhabilitación, y para Rodríguez, a cuatro años de cárcel. Su escrito añade otra dimensión crítica: la exigencia de comparecencia como testigo de Santos Cerdán, lo que podría abrir una vía directa a la implicación política en la causa.
En lo político, el impacto es inevitable. Aunque el escrito presentado no menciona expresamente a Ayuso, es evidente que la maniobra judicial de su entorno más próximo tiene también un componente defensivo y estratégico. La presidenta madrileña ha sido blanco de críticas del Gobierno en plena efervescencia del caso Koldo, y la contraofensiva judicial de su pareja se produce cuando el Ejecutivo afronta el desgaste de los escándalos internos. Desde el entorno de Ayuso se ha insistido en que las filtraciones fueron utilizadas para dañar su imagen pública y distraer del foco mediático sobre las investigaciones que afectan al PSOE.
De momento, el Supremo deberá decidir si eleva la causa a juicio. Lo que es seguro es que el pulso judicial que se avecina no se circunscribe al terreno de lo penal. El conflicto entre el poder político y el Ministerio Fiscal se recrudece, en un contexto en el que el principio de confidencialidad procesal, la separación de poderes y la integridad de las instituciones vuelven a estar en el centro del debate público.
La estrategia de González Amador —y por extensión, del entorno de Ayuso— apunta a convertir un proceso penal por fraude fiscal en una acusación cruzada de lawfare institucional, en la que ya no solo se cuestiona la actuación de los fiscales, sino la de todo un Gobierno. @mundiario
