El fiscal general procesado y el Gobierno atrincherado: una defensa que desafía precedentes
La decisión del Tribunal Supremo de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos ha desencadenado una reacción contundente y sin matices del Gobierno. Lejos de plantearse siquiera una retirada preventiva o un relevo prudente, el Ejecutivo ha optado por blindar políticamente a quien está a punto de convertirse en el primer fiscal general juzgado en democracia. Esta actitud, que apela a la presunción de inocencia como escudo inquebrantable, coloca a La Moncloa en una posición institucionalmente incómoda, al tiempo que tensa de nuevo la relación con el Poder Judicial.
El respaldo expresado por el presidente Pedro Sánchez y repetido por los principales ministros no ha dejado espacio a la duda. El fiscal general, afirman, es “un servidor público ejemplar” y “perseguido por decir la verdad”. Una narrativa que traslada implícitamente la idea de que la justicia actúa movida por motivaciones políticas, y no por el rigor de la ley. De hecho, el ministro Félix Bolaños ha denunciado que el auto del juez instructor carece de base probatoria y ha negado “rotunda y categóricamente” que existieran indicaciones desde la Presidencia del Gobierno para filtrar datos del entorno de Isabel Díaz Ayuso, y ha lamentado que “el Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria”.
Esta estrategia de cierre de filas contrasta notablemente con otras situaciones previas donde la prudencia política ha aconsejado apartamientos preventivos. Aquí, sin embargo, el Ejecutivo se aferra a la tesis de que no hay condena ni firmeza en la resolución, lo que lo exime de actuar.
Bolaños ha recordado que el auto de procesamiento contra el fiscal general “no es firme” y que todavía cabe recurso. El ministro de Justicia describió a García Ortiz como un “servidor ejemplar” y ha afirmado que “entre los fiscales y los defraudadores confesos, (el Gobierno) está con los fiscales que persiguen el delito”.
Los socios del Ejecutivo respaldan a García Ortiz
El caso de García Ortiz no es una anécdota aislada, sino otro episodio en una escalada de tensión entre el Gobierno y ciertos sectores del Poder Judicial. Desde las investigaciones al entorno del presidente Sánchez hasta el caso de Begoña Gómez, pasando ahora por el fiscal general, el discurso gubernamental ha mutado hacia una retórica que presenta a algunos jueces como una “oposición real” y a sus decisiones como ataques orquestados contra el proyecto político del Ejecutivo. Esta lectura ha sido repetida sin ambages por miembros del Consejo de Ministros y por partidos aliados como Sumar, Izquierda Unida (IU) o Podemos, que han llegado a calificar el procesamiento como parte de un “lawfare” orquestado por la derecha judicial y mediática.
Sumar y Podemos han aprovechado el contexto para insistir en su narrativa habitual: el fiscal general se ve obligado a sentarse en el banquillo. “El fiscal se va a sentar en el banquillo por unas supuestas filtraciones cuando tenemos una presidenta en la Comunidad de Madrid corrupta, que vive en un piso pagado con dinero negro y que es consecuencia de las mordidas que se llevó su novio por contratos de mascarillas durante la pandemia”, indicó la secretaria general del partido morado Ione Belarra.
Una tesis arriesgada que, más allá de su valor político, ignora el hecho de que es el Supremo —y no un medio de comunicación ni un tertuliano— quien ha apreciado indicios suficientes para abrir juicio oral. Que esa decisión guste más o menos no invalida su legitimidad.
Por su parte, el Partido Popular ha reaccionado con la vehemencia esperada. Desde Cayetana Álvarez de Toledo hasta Alberto Núñez Feijóo, la exigencia de dimisión ha sido inmediata. Para los populares, resulta “insostenible” que quien debe velar por la legalidad penal esté procesado, y entienden que la permanencia de García Ortiz daña gravemente la credibilidad de la institución. No faltan razones para pensar que el escándalo servirá a la oposición para reforzar su discurso de descrédito del Gobierno y proyectar la imagen de un Ejecutivo atrincherado frente a la justicia.
El Gobierno defiende la presunción de inocencia
Sin embargo, el mayor coste de esta crisis no es necesariamente electoral, sino institucional. La imagen de un fiscal general procesado y blindado políticamente erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad del Ministerio Público. Y lo hace, además, en un contexto donde la polarización institucional —Congreso, Senado, CGPJ y ahora Fiscalía— alcanza cotas alarmantes.
Aunque jurídicamente García Ortiz tiene derecho a defender su inocencia hasta el final, políticamente la cuestión es más compleja. Si finalmente es condenado, el daño ya estará hecho. Y si es absuelto, la sospecha de politización habrá contaminado igualmente al órgano que debe estar por encima de toda sospecha.
El Gobierno, al no plantear siquiera una solución intermedia —como la suspensión temporal del cargo mientras se resuelve el caso—, asume un riesgo alto: convertir en mártir institucional a quien dirige la Fiscalía General del Estado, minando la ya frágil credibilidad del sistema judicial ante una ciudadanía cada vez más escéptica.
La estrategia del Ejecutivo parece clara: resistir. Pero en esa resistencia se deja un mensaje inquietante: que la estabilidad política y la defensa del relato pesan más que la ejemplaridad institucional. Y en democracia, ese equilibrio no debería romperse nunca. @mundiario
