Asedio a Sánchez: estrategia, escándalos y un PP al acecho
Cuando un Gobierno pierde el mando sobre la conversación pública, rara vez lo recupera sin costes. En las últimas semanas, Pedro Sánchez y su Ejecutivo han comprobado cómo una serie de escándalos relacionados con grabaciones, filtraciones y supuestas conspiraciones han desplazado por completo cualquier tentativa de imponer una agenda política propositiva. El ruido mediático generado en lo algunos en el entorno del PSOE califican abiertamente como una “campaña mafiosa” no solo ha nublado los logros económicos del Ejecutivo, sino que ha puesto en entredicho la capacidad del Estado para sostener su propia arquitectura institucional sin fracturarse.
El caso es particularmente grave porque no se trata simplemente de una crisis política más. Se habla de audios comprometidos, de agentes de la Guardia Civil presuntamente alineados con intereses partidistas, de empresarios que afirman estar siendo perseguidos por oscuros intereses, y de miembros del PSOE implicados en maniobras tan torpes como alarmantes. Este escenario recuerda, peligrosamente, al de otras democracias que han visto cómo su entramado institucional quedaba dañado no tanto por una crisis puntual, sino por una erosión sistemática y sostenida.
Desde la oposición, el Partido Popular ha optado por capitalizar el momento. Algunos de sus dirigentes consideran que es la oportunidad largamente esperada para forzar el desgaste definitivo del Gobierno, aunque figuras como José María Aznar abogan por una estrategia de resistencia fría y disciplinada hasta 2027. Lo cierto es que el PP, aún midiendo sus tiempos, ha endurecido su tono hasta límites inéditos: llamar “capo de la mafia” al presidente del Gobierno desde una cuenta oficial marca un punto de inflexión en la escalada verbal que vive la política española.
En este tablero de desconfianza, la imagen de un Estado dividido se proyecta con inquietante nitidez. Mientras el PSOE denuncia la existencia de una coalición informal formada por jueces, medios, policías y grandes empresarios con el objetivo de hacer caer al Gobierno, desde la oposición se sostiene la tesis contraria: que el poder político estaría presionando y deslegitimando a cuerpos clave del Estado, como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para neutralizar sus investigaciones. En medio de este fuego cruzado, la ciudadanía contempla cómo la política se convierte en una guerra de trincheras donde el barro ha sustituido a las ideas.
Las consecuencias de este clima ya se hacen sentir. El Ministerio del Interior ha entrado en zona de turbulencias, con críticas internas por su supuesta incapacidad para controlar a ciertos sectores de las fuerzas de seguridad, y con la reciente incorporación de perfiles más políticos como Aina Calvo en un intento de recuperar el pulso. El ministro Marlaska sigue contando con el respaldo formal de Sánchez, pero su figura ya no está libre de erosión dentro del propio Ejecutivo.
Paradójicamente, todo este embrollo estalla cuando los datos económicos son objetivamente positivos: el Ibex 35 se encuentra en niveles récord, el empleo sigue creciendo, y los organismos internacionales revisan al alza sus previsiones para España. Sin embargo, la política española ha entrado en una fase en la que los hechos pesan menos que las percepciones, y donde el escándalo, real o fabricado, se impone como principal materia prima del debate público.
Frente a esta tormenta, Sánchez ha optado por el silencio. Desde el célebre “apagón” de abril, ha reducido al mínimo sus comparecencias y ha delegado en su entorno la respuesta pública a esta crisis. La consigna es clara: resistir, no caer en la provocación, y esperar a que el ruido se disipe solo. Pero la resistencia, si no va acompañada de una estrategia proactiva, corre el riesgo de parecer inacción. Algunos dentro del PSOE ya reclaman una estructura de contraofensiva política que permita desmontar con datos y argumentos lo que consideran una ofensiva coordinada para desgastar al Ejecutivo.
La tensión está lejos de disiparse. A corto plazo, otros temas se vislumbran en el horizonte: la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, el aumento del gasto en defensa de cara a la cumbre de la OTAN, o nuevos capítulos en la guerra de filtraciones. Cada uno de ellos puede actuar como un cortafuegos o como gasolina para un incendio que amenaza con extenderse.
Lo que queda claro es que la política española vive un momento definitorio. Más allá de la figura de Sánchez o de la pugna entre PSOE y PP, lo que se dirime en esta fase es la capacidad del sistema democrático para resistir a las fuerzas que buscan desestabilizarlo desde dentro. Y en ese combate, la prudencia institucional, el respeto a la legalidad y el compromiso con la verdad deberían ser los únicos aliados posibles. Lo contrario sería aceptar que las cloacas, esta vez, no solo atascan la política, sino que acaban por devorarla. @mundiario
