Álvaro García Ortiz: el fiscal general asediado que acabó procesado por el Supremo
La historia del primer fiscal general del Estado procesado penalmente en democracia es también la crónica de una figura profesional convertida en epicentro de una tormenta política, judicial y mediática sin precedentes.
Por primera vez en la historia de la democracia española, un fiscal general del Estado podría sentarse en el banquillo. Álvaro García Ortiz, designado para el cargo en agosto de 2022, ha sido procesado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, en el marco de la causa relacionada con la filtración de datos personales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La decisión judicial marca un hito controvertido, pero también permite revisar el perfil de un funcionario que ha vivido sus años al frente del Ministerio Público en una tensión constante, atrapado entre su vínculo con Dolores Delgado, la polarización política y una campaña de desprestigio sin tregua.
Nacido en Lumbrales (Salamanca) hace 57 años, García Ortiz es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Comenzó su carrera fiscal en la isla de Menorca y más adelante se asentó en Galicia, donde destacó como fiscal delegado de Medio Ambiente. Allí cobró notoriedad como acusación pública en el caso del Prestige, aunque su negativa a imputar a altos cargos del Gobierno del PP lo distanció del sector más crítico de la izquierda.
En Galicia también protagonizó una disputa con el entonces presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, por negar la existencia de tramas organizadas tras los incendios forestales de 2017. Esa discrepancia marcaría el inicio de una larga relación de fricciones con el Partido Popular.
En 2018 fue elegido miembro del Consejo Fiscal como representante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación que había presidido entre 2013 y 2017. Desde ese puesto trabó una estrecha relación con Dolores Delgado, fiscal general del Estado y exministra de Justicia del PSOE. En 2020, Delgado lo nombró jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, y a su renuncia por motivos de salud en 2022, lo propuso como sucesor.
Un nombramiento bajo sospecha desde el inicio
El aterrizaje de García Ortiz en el cargo estuvo envuelto en polémica. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un dictamen inédito en el que lo calificaba de “no idóneo”, rompiendo con la tradición de certificar automáticamente la idoneidad del candidato. La oposición criticó su cercanía con Delgado, cuestionando su imparcialidad por su presunta afinidad con el Gobierno socialista. Esa percepción fue reforzada cuando García Ortiz intentó promocionar a su predecesora a la Sala de lo Militar y después a la de Memoria Democrática, ascensos que el Tribunal Supremo anuló por “desviación de poder”.
La tensión institucional no se detuvo ahí. La presencia de García Ortiz en una mesa redonda sobre incendios organizada por el PSdeG en 2019 fue presentada por el PP como un acto político, lo que nutrió la campaña para desacreditar su nombramiento. La derecha política y mediática lo ha señalado desde entonces como un “brazo ejecutor” del Gobierno, y no como un fiscal independiente. En ese contexto, su papel al frente del Ministerio Público ha sido constantemente puesto en entredicho por la oposición.
El proceso penal abierto por el Supremo a García Ortiz gira en torno a la revelación de datos sobre el procedimiento fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Tras la publicación de informaciones que acusaban a la Fiscalía de retirar la posibilidad de llegar a un pacto de conformidad con la defensa por “órdenes de arriba”, el fiscal general ordenó divulgar los detalles del caso para defender la actuación del ministerio público. Esa decisión es ahora objeto de una acusación formal por revelación de secretos, con Manos Limpias y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) como acusación particular.
Un precedente con múltiples lecturas
El trasfondo de este conflicto no es únicamente judicial. En un contexto de máxima polarización, el nombre de García Ortiz se ha convertido en un símbolo. Para sus detractores, representa la supuesta instrumentalización de la Fiscalía por parte del Ejecutivo. Para sus defensores, encarna un proyecto de modernización del Ministerio Público bloqueado por sectores conservadores de la judicatura y del ámbito político-mediático.
El el propio fiscal general fue respaldado por la mayoría de sus compañeros en las elecciones al Consejo Fiscal de 2018. Sin embargo, su identificación con Dolores Delgado y su aceptación del marco político impulsado por el Gobierno de coalición lo han situado en una línea de fuego permanente.
El procesamiento de García Ortiz es ya un acontecimiento sin precedentes. Más allá de la sentencia final, el caso abre un debate sobre el papel del fiscal general del Estado en tiempos de enfrentamiento político constante. ¿Debe ser una figura técnica o inevitablemente política?
La respuesta definitiva la dará la Justicia. Pero lo que es indiscutible es que, en la figura de García Ortiz, se concentra un conflicto mucho más amplio sobre la independencia del Ministerio Público, la separación de poderes y el uso político de las instituciones. Y esa batalla, con independencia del veredicto penal, seguirá condicionando el rumbo de la Fiscalía General del Estado en los próximos años. @mundiario
