El fiscal general pide al Supremo que archive su causa por filtración: “carece de base o fundamento”
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo que archive la causa en su contra por presunta revelación de secretos vinculada a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, al considerar que el auto de procesamiento dictado por el juez Ángel Hurtado “carece de toda base o fundamento”. Respaldado por un extenso escrito de la Abogacía del Estado, el máximo representante del Ministerio Fiscal se defiende de unas imputaciones que califica de “infundadas o voluntaristas”.
La causa gira en torno a la supuesta filtración de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña y procesado por fraude fiscal. En ese mensaje, se admitían dos delitos fiscales y se ofrecía un pacto para evitar la cárcel. La publicación posterior de estos hechos por elDiario.es desencadenó una denuncia del entorno de González Amador y una investigación judicial que ha desembocado en el procesamiento de García Ortiz.
Sin embargo, el fiscal general y su defensa sostienen que, cuando recibió el correo —el 13 de marzo, según consta—, la información ya era conocida por al menos una decena de periodistas, lo que excluiría cualquier carácter reservado de su contenido.
En un recurso de 72 páginas, la Abogacía del Estado argumenta que no solo no hay delito, sino que tampoco existen indicios racionales que vinculen al fiscal general con la filtración. Subraya que se ha desarrollado una instrucción intensa, incluso con medidas “invasivas” como el registro de los despachos de los fiscales imputados, sin que se haya podido corroborar la tesis acusatoria. A juicio de la defensa, no ha sido por falta de diligencia, sino porque simplemente “no hay otro resultado posible para el inocente que constatar su inocencia”.
La Abogacía del Estado desvía el origen de la filtración
El escrito también critica duramente la fundamentación del juez Hurtado, a quien acusa de haber concluido el auto de procesamiento incluso antes de leer el alegato de la defensa, presentado apenas hora y media antes de que el magistrado notificara su decisión. “La conclusión se impone: el auto de 9 de junio de 2025 estaba ya redactado antes de recibir formalmente el escrito de esta parte, incorporándose con posterioridad únicamente fórmulas genéricas de desestimación para aparentar —al menos en lo formal— una valoración judicial de nuestro escrito de sobreseimiento (...) que en realidad nunca existió”, critica la defensa del fiscal general.
Uno de los aspectos más controvertidos del auto judicial es la insinuación de que García Ortiz habría actuado siguiendo “indicaciones” de la Presidencia del Gobierno. La defensa tilda esta afirmación de “infundada” y advierte de que no existe ninguna prueba de comunicación entre el fiscal general y altos cargos del Ejecutivo ni con periodistas en los días clave. Además, cuestiona la consistencia de los documentos aportados por los querellantes, como en la nota que habría enviado la ex alto cargo de La Moncloa Pilar Sánchez Acera al exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, cuya tipografía y formato serían diferentes al escrito que recibió el fiscal general.
Otro frente crítico se dirige hacia el origen de la filtración. La defensa sostiene que es “altamente verosímil” que fuera el propio entorno de González Amador, incluido el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien difundiera la información a medios con el objetivo de controlar el relato mediático. Si el titular del derecho a la intimidad comparte sus confidencias con terceros, argumenta el abogado del Estado, deja de tener derecho a reclamar confidencialidad sobre ellas. Una interpretación clave para entender si hubo realmente revelación de secretos. @mundiario
