El nombramiento de esta joven médica fue una sorpresa en el gremio de la salud pública del país pues no estaba en el radar de los integrantes de los gremios relacionados con este ministerio, o en las esferas políticas. No obstante, por la cercanía con el recién nombrado presidente, al ser parte de la máxima organización de la campaña electoral, no fue difícil encontrar la razón de su nombramiento, a pesar de los cuestionamientos por su juventud y su inexperiencia en aspectos de salud pública, más allá de la que se presenta en su hoja de vida.

Quizás, el hecho de venir a tomar el puesto que dejó el Dr. Daniel Salas resultaba harto complicado, dado el alto perfil que le dio el Dr. Salas a su gestión enfrentando la parte de la pandemia por la covid-19 en nuestro país.

Desde la campaña electoral presidencial del 2022, el actual presidente, Rodrigo Chaves, se mostró proclive a tomar algunas decisiones, especialmente respecto a la vacunación obligatoria contra la covid-19 y el uso de mascarillas. Esa posición fue parte importante de su campaña, al punto de que es altamente probable que muchos votantes se hayan inclinado por ese candidato por estas solas razones. No es de extrañar, entonces, que el mismo día de toma de posesión del Gobierno, nos regalara sendos decretos que, de una forma bastante discutible por su forma y por su fondo, pretendían eliminaran la vacunación obligatoria y el uso de la mascarilla en algunos espacios públicos: Decretos Ejecutivos, N° 42543 y N° 42544.

Desde un inicio de esta administración, las políticas en salud pública, calificadas por muchos expertos en el tema como contrarias a la salud pública, fueron moneda de curso corriente. El Ejecutivo ha dado una lucha frontal contra la vacunación obligatoria contra la covid-19 utilizando la estrategia del descrédito de los miembros de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), poniendo lo normativo por encima de lo técnico-científico para cuestionar sus acciones.

Poco a poco algunos miembros renunciaron a esa comisión por motivos personales, básicamente cuidando de su salud integral, mientras que otros fueron destituidos de formas cuestionables. Eso sí, la misma Procuraduría General de la República respaldó lo actuado por esa comisión, asestando un fuerte golpe a los criterios, deseos y decisiones del presidente Chaves.

Durante la epidemia por la covid-19 en Costa Rica, se instauró un grupo técnico para la vigilancia de la covid-19. Este equipo estaba conformado por algunos de los mejores especialistas en temas de inmunología, virología, epidemiología y terapéutica del país, venidos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, el Inciensa y el sector académico. Posteriormente, se amplió su ámbito de acción a las infecciones por virus tipo influenza y otras afecciones respiratorias. En un inicio, y hasta el final de la administración de Carlos Alvarado, su rol fue fundamental en la creación de normativa, lineamientos, guías, etc., relacionadas con su propósito. No fue así durante la nueva administración.

Desde fuera de la administración, quienes seguimos con interés los aspectos de la salud pública costarricense, y más allá de nuestras fronteras, desde distintos nichos del quehacer científico y de la política pública, hemos visto con preocupación la ausencia de políticas claras en beneficio de la salud pública, más allá de las ya existentes y que son permanentes como parte del trabajo propio del Ministerio de Salud. Más bien, insisto, ha habido una serie de políticas anti-salud pública que han atentado, directamente, contra la población costarricense.

La renuncia de la Dra. Eugenia Corrales Aguilar al grupo técnico para la vigilancia de la covid-19, influenza y otras virosis respiratorias, el pasado 16 de enero, puso el dedo en una llaga profunda y dolorosa: la disfuncionalidad del ministerio de salud en aspectos sustantivos de su acción. Su carta de renuncia fue fuerte, clara y directa. En ella, le manifiesta la Dra. Corrales a la ministra: “Desde que usted es jerarca de tan importante institución no se ha podido garantizar una asesoría de alta calidad científica que permita al personal de primera línea de defensa contra Covid-19 ni a la población costarricense tomar decisiones y medidas adecuadas en la prevención y mitigación de estas enfermedades”; además, “…se han brindado recomendaciones y cambiado medidas sin revisión ni validación por el grupo técnico”. 

Esta renuncia se sumó a la de la Dra. Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, en octubre pasado en medio de una plétora de casos de infecciones respiratorias agudas, muchas de ellas graves, que le obligaron a dedicarse por completo a atender la emergencia en el hospital. Sin embargo, también manifestó, en esa oportunidad, que la medida del “receso lluvioso”, tomada de forma unilateral y abrupta por Salud, no era lo conveniente ni lo acordado en el seno del grupo técnico.

Algo peculiar

En días recientes, se anunció la renuncia a este grupo técnico de cuatro especialistas en Inmunología, Infectología, Microbiología y Epidemiología venidos desde la CCSS.

La forma tan particular de llevar los asuntos de la salud pública por este Ejecutivo ha arrinconado a invaluables especialistas a dar un paso de costado y dejar de aportar a la salud púbica desde tan importantes órganos asesores, pero continuando, eso sí, desde sus trincheras, en la lucha por las mejores condiciones de salud para la población habitante del país. Conozco a casi todos ellos y sé que su renuncia fue difícil y dolorosa, pero no les quedó otro camino que el tomado. 

Se nota, por cualquier lado, con múltiples ejemplos y evidencias, que la actual ministra se queda corta a las necesidades de un sector tan fundamental para cualquier sociedad; sin embargo, el presidente la respalda. Podríamos decir, paradójicamente, que este brote de renuncias es muestra clara de una enfermedad que afecta a la salud del Ministerio de Salud. @mundiario

Semanas antes, la ministra de Salud y el presidente de la República, en conferencia de prensa luego del Consejo de Gobierno, anunciaron que las actuaciones y decisiones de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología eran nulas desde el momento en que varios de sus integrantes tenían irregularidades en su nombramiento y, por tanto, varias de sus decisiones convertidas en decretos por el anterior Gobierno, en especial aquellas que tenían que ver con la vacunación obligatoria en personal de la salud, en funcionarios públicos, y en la población pediátrica para las que las vacunas estuviesen autorizadas, ya no tenían valor ni vigencia, por lo que se retiraba la obligatoriedad de las vacunas.

Esta forma de razonar del ejecutivo, basada en criterios del departamento jurídico del Ministerio de Salud (Minsa), fueron luego traídos abajo por la Procuraduría General de la República (PGR) apelando a la condición del funcionario de hecho, lo que hizo que, una vez más, las actuaciones del ejecutivo quedaran sin efecto.

Precisamente en su consulta a la PGR, la jerarca indicó que la eliminación de la obligatoriedad de la vacunación, incluyendo a las personas menores de edad, fue por criterios jurídicos mas no epidemiológicos. Esto incendió las opiniones de expertos, comunicadores y de los actores políticos ajenos al partido de gobierno. El resultado fue una bofetada a las aspiraciones del ejecutivo.

La comparecencia, tanto la ministra como buena parte de los diputados fueron muy débiles argumentos, tanto en respuestas, como en los cuestionamientos. Algunos diputados, más allá de los oficialistas, incluso, se mostraron afines a la posición del Ejecutivo, validando la política de la eliminación de la obligatoriedad de la vacunación pediátrica, así como en otras poblaciones. Las preguntas más fuertes vinieron del Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio; ante ellas, algunas respuestas mostraron debilidad, inseguridad, falta de información en aspectos que deben ser de su absoluto conocimiento y, casi como en un acto de realismo mágico o de fantasía, se atribuyó logros que no fueron ejecutados en su gestión actual. Además, por instantes padeció de gestos y actitudes impropias de una ministra de Gobierno hablando con diputados de la República.

Al final, la diputada oficialista Pilar Cisneros, haciendo gala de su experiencia como comunicadora, quiso sacar las castañas del fuego para su ministra haciendo un recuento de lo que se podía concluir de la participación de la Dra. Chacón; conclusiones que, también, resultaron bastante discutibles. Para cerrar, la diputada Kattia Rivera recogió, diría yo, en buena forma, los argumentos que ponían en entredicho todo lo actuado por la ministra y el ejecutivo y que llevó a esa interpelación, así como lo expresado por la ministra en el mismo acto y cerró con una frase muy filosa: “el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el que no está capacitado”.

Sin duda, en la comparecencia no se mostró una ruta clara en su exposición y más bien se perdió en su laberinto, pese a que pudo salirse de las manos, la impericia de algunos diputados lo impidió. @mundiario