España sufre una sequía que le obliga a elaborar un plan para reducir las fugas de agua
Según algunas auditorías realizadas en los últimos meses por distintas comunidades, en algunas localidades, las pérdidas superan el 60% del suministro.
La sequía persiste en España. Una situación que se ve agravada por una red de suministro repleta de fugas, especialmente en la España rural. En algunas localidades, las pérdidas superan el 60% del suministro, según algunas auditorías realizadas en los últimos meses por comunidades como Baleares o Galicia. Ahora bien, ante este problema generalizado, el Gobierno ha manifestado su intención de exigir a los municipios de más de 50.000 habitantes o suministradores de más de 10.000 metros cúbicos a presentar datos de sus pérdidas en el primer trimestre de 2025.
A partir de allí, España elaborará un diagnóstico general que presentará antes de 2026 a la Comisión Europea en el marco de la directiva europea de calidad de las aguas destinadas al consumo humano de 2020, que obligó a los Estados a tener estadísticas detalladas. Posteriormente, en 2027 se establecerá una reducción, según explicó Francisco Javier Sánchez, subdirector general en el área de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico del Gobierno.
Esta decisión puede ser el resultado de la presión hecha por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimientos y Saneamiento (Aeopas), que reúne a las principales empresas públicas de agua de España, y pedía al Gobierno la elaboración de “un plan de choque valiente” para subvencionar la mejora de las redes de suministro y por consecuente, frenar la sangría invisible que seca a España.
¿Un problema del pasado?
Las fugas son un problema de larga data. De hecho, en 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinó 200 millones, provenientes de los fondos europeos Next Generation, a un plan para la mejora del ciclo urbano del agua. La mitad de estos fueron dirigidos exclusivamente a la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios y se repartieron a las comunidades autónomas en función de su población.
Ahora bien, Aeopas considera que las cifras son aún insuficientes y reclama al Ejecutivo impulsar un plan más elevado, de 300 millones anuales y sostenidos en el tiempo, y con una convocatoria distinta para que sean los propios municipios los que puedan acogerse directamente al plan. Los operadores proponen que, a cambio del dinero inyectado, los consistorios se comprometan por escrito a reducir las pérdidas a menos de 25% del suministro.
Una opción bien vista por el Gobierno, quien está “tratando de buscar fondos para poder recoger esta propuesta e integrarla en el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) de la digitalización del ciclo del agua”, explican fuentes del ministerio que dirige Teresa Ribera. @mundiario
