Las ayudas públicas a los combustibles fósiles: el obstáculo para combatir el cambio climático

Un nuevo informe presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha arrojado luz sobre un tema crucial en la lucha contra el cambio climático: las abultadas ayudas públicas destinadas a los combustibles fósiles. Según el texto, en 2022 estas subvenciones alcanzaron los 6,5 billones de euros, una cantidad que representa el 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Esta cifra, proveniente de ayudas explícitas e implícitas, destaca la contradicción entre los llamados a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la continua financiación pública que reciben.

Los combustibles fósiles, incluyendo el carbón, el petróleo y el gas natural, se han convertido en los principales culpables del cambio climático que está desencadenando fenómenos extremos como el calor intenso y los devastadores incendios forestales que afectan a diversas regiones del hemisferio norte durante este verano. Sorprendentemente, la misma sociedad que enfrenta las consecuencias del calentamiento global es en gran medida responsable de financiar su propia crisis climática.

La quema de combustibles fósiles libera gases de efecto invernadero que están acelerando el calentamiento del planeta. La eliminación de las subvenciones directas e indirectas a estos combustibles se ha convertido en una demanda primordial de los activistas ambientales desde hace años. Además, esta acción se encuentra en el centro de las estrategias para abordar el cambio climático que se debaten en el ámbito de las Naciones Unidas.

La cumbre climática de Glasgow, celebrada a finales de 2021, hizo un llamado explícito para erradicar gradualmente las subvenciones públicas a los combustibles fósiles. Sin embargo, como destaca el análisis del FMI, estas subvenciones siguen aumentando en lugar de disminuir. Los expertos del organismo han evaluado tanto las ayudas explícitas (aquellas que reciben los productores y consumidores de combustibles fósiles) como las implícitas (relacionadas con los costos ambientales y de salud, así como la pérdida de ingresos fiscales debido a las deducciones). La combinación de estas dos categorías resulta en la impactante cifra de seis billones de euros en 2022, donde el 82% corresponde a ayudas implícitas y el 18% a ayudas explícitas.

La alternativa de la FMI

La propuesta del FMI para contrarrestar esta problemática es una reforma integral en los precios de los combustibles fósiles que elimine las subvenciones explícitas. Además, se propone la implementación de "impuestos correctivos", como una tasa al dióxido de carbono, con el objetivo de reducir las emisiones de este gas de efecto invernadero en un 34% para 2030, alineándose así con las metas del Acuerdo de París.

El informe también revela que las ayudas implícitas representan una gran preocupación, ya que superan el 80% del total y se espera que sigan aumentando, especialmente en los mercados emergentes. La distribución desigual de los beneficios de estas subvenciones se destaca, ya que la mayoría favorece a los hogares más ricos, lo que contrarresta los esfuerzos para reducir la pobreza.

A nivel regional, Asia oriental y el Pacífico son responsables de casi la mitad de las ayudas públicas a nivel mundial. En términos absolutos, China encabeza la lista como el principal proveedor de subvenciones a los combustibles fósiles, seguido por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea e India. Paralelamente, estos mismos países son los mayores emisores de gases de efecto invernadero.

En el caso de España, el informe del FMI indica que en 2022 el país destinó alrededor de 10.500 millones de euros en ayudas públicas directas e indirectas a los combustibles fósiles. Aunque esta cifra representa una disminución con respecto al año anterior, es esencial continuar la reducción de estas subvenciones para alinear los esfuerzos nacionales con las metas globales de mitigación del cambio climático. @mundiario