El Supremo estrecha el cerco sobre Acciona: el juez ve una “indebida influencia” de Cerdán
El Tribunal Supremo ha dado un paso relevante en el caso Ábalos–Koldo al apuntar directamente al entorno del exscretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa, sostiene que existen indicios suficientes para considerar que Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona, firmó acuerdos con la empresa Servinabar confiando en que futuras adjudicaciones llegarían gracias a la “indebida influencia” de Cerdán en altos cargos del Ministerio de Transportes.
La afirmación, respaldada por informes de la Guardia Civil y ahora reforzada por las resoluciones judiciales, sitúa al exsecretario de Organización del PSOE en el epicentro político de una investigación que el Supremo describe como “compleja” y con ramificaciones aún en desarrollo.
Pelegrini y su subordinado, Tomás Olarte, niegan categóricamente cualquier pago ilegal. Defienden que el 2 % que Acciona abonaba a Servinabar no era una comisión, sino el coste máximo por servicios de prevención de riesgos laborales acreditados con facturas. Según su versión, no hubo favores políticos ni contraprestaciones irregulares.
Sin embargo, el juez Puente subraya que sus explicaciones de este miércoles en sede judicial no despejan las dudas:
- Las reuniones con Antxon Alonso —administrador de Servinabar y amigo de Cerdán— se celebraban con medidas de seguridad inusuales.
- Se empleaban aplicaciones cifradas como Threema.
- Se apagaban teléfonos móviles durante los encuentros.
- Se mostraban documentos en pantalla sobre obras en proceso de adjudicación.
Para el magistrado, según consta en el auto emitido tras los interrogatorios para acordar medidas cautelares, este comportamiento no encaja con reuniones ordinarias de seguimiento técnico.
Medidas cautelares y avance procesal
El juez destaca que Pelegrini reconoció una relación “asidua” con Alonso y admitió reuniones en las que también participó Cerdán. Su explicación de que quería “pulsar la opinión de agentes sociales” no parece convencer al instructor, que apunta a una conducta incompatible con la finalidad alegada por el exdirectivo.
El informe de la UCO incorpora imágenes y trazas digitales que sitúan a los tres implicados en varios encuentros de 2019, algunos en lugares alquilados específicamente para esas reuniones. El Supremo considera estos elementos indicios suficientes de una dinámica organizada, no casual.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha impuesto a Pelegrini y Olarte:
- Retirada del pasaporte
- Prohibición de salir de España
- Comparecencias cada 15 días ante el juzgado
Las medidas reflejan la solidez que, a juicio del magistrado, tienen los indicios acumulados. Y llegan en paralelo a la decisión del Supremo de avalar la división en dos piezas del caso Ábalos, lo que ha permitido cerrar la instrucción sobre la compra de mascarillas y acelerar la apertura de juicio. Esa pieza ya ha llevado al ingreso en prisión provisional del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García por “riesgo extremo” de fuga.
Cerdán, cada vez más cerca del centro de la trama
La investigación sobre adjudicaciones presuntamente amañadas continúa abierta y es previsiblemente la más extensa. En ella, el papel atribuido a Cerdán como presunto facilitador de influencias es clave. El juez reconstruye un esquema en el que:
- Servinabar habría funcionado como intermediaria.
- Acciona habría aceptado un pago del 2 % con expectativas de trato preferente.
- Las actuaciones de Cerdán, Ábalos y Koldo habría favorecido adjudicaciones relevantes.
Los investigados niegan ese engranaje. Pero la instrucción, apoyada en escuchas, documentación incautada y testimonios, sigue agregando piezas que el Supremo considera coherentes entre sí. @mundiario
