Cerdán, Servinabar y Acciona: nuevas claves en la investigación del Supremo
La investigación sobre la presunta trama de corrupción en torno a Servinabar, la empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha incorporado un nuevo elemento de relevancia judicial y política. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que Antonio Muñoz Cano, cuñado del dirigente socialista, ha sido contratado en 2019 mientras cumplía una condena por violencia de género en tercer grado penitenciario, según adelantó Diario de Sevilla y ha verificado El País a través de diversas fuentes.
Muñoz Cano entró en prisión en diciembre de 2016 para cumplir una pena de tres años por malos tratos instruida en un juzgado de Inca (Baleares). Tras casi tres años en el centro penitenciario de Mallorca, ha sido trasladado en septiembre de 2019 al Centro de Inserción Social (CIS) de Sevilla, desde donde ha pasado a semilibertad hasta la extinción de su condena en noviembre de ese mismo año.
Fuentes penitenciarias consultadas califican este traslado entre islas y península como “poco habitual”, sobre todo cuando en el lugar de destino no consta un entorno familiar o de apoyo. Instituciones Penitenciarias ha evitado aportar detalles, alegando la protección de datos de los internos.
La UCO ha recogido que Servinabar contrató a Muñoz Cano desde el 23 de septiembre de 2019 hasta el 5 de diciembre de 2022, periodo en el que habría percibido 53.130 euros repartidos en 69 pagas, según documentación de la Seguridad Social incorporada al informe.
Intercambio de mensajes y un supuesto “favor” de Acciona
El informe aportado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente incluye mensajes de WhatsApp entre Joseba Antxon Alonso, presunto socio de Cerdán en Servinabar, y Manuel José García Alconchel, directivo de Acciona recientemente imputado. En esas comunicaciones, Alonso agradece la supuesta facilitación de la contratación del cuñado del dirigente socialista: “Gracias Manuel, no lo olvido!!”, enviaba el 23 de septiembre de 2019.
Los agentes enmarcan esta conversación dentro de las “relaciones económicas” entre Acciona Construcciones y Servinabar, que se encuentran bajo sospecha en la investigación por el presunto amaño de adjudicaciones públicas del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos.
Trabajos en el Puente del Centenario y un certificado en plena pandemia
El documento policial añade que Acciona y Servinabar firmaron en marzo de 2020 una colaboración vinculada a la obra de emergencia del Puente del V Centenario de Sevilla, una actuación adjudicada por el Ministerio y hoy bajo investigación judicial.
Muñoz Cano fue el único trabajador de Servinabar desplazado de forma presencial a esos trabajos, en calidad de peón especialista. El 30 de marzo de 2020, en pleno confinamiento por la emergencia sanitaria, Transportes emitió un certificado que le permitió incorporarse a la obra pese a las restricciones de movilidad vigentes.
La remodelación del puente, inicialmente presupuestada en 71 millones de euros, ha terminado superando los 102 millones dos años después. Según un informe policial incorporado al caso, Ábalos y su exasesor Koldo García habrían debido recibir 450.000 euros en comisiones por esta y otras dos adjudicaciones, unas cantidades que García habría reclamado sin éxito a Cerdán, siempre según las grabaciones que obran en la causa.
Un caso que incrementa la presión sobre el PSOE
Este nuevo indicio refuerza la línea de investigación sobre los vínculos entre Servinabar y Acciona en un momento en el que la causa ha tensionado el clima político en plena precampaña electoral. La incorporación de un familiar directo de Santos Cerdán en circunstancias excepcionales y con gestiones aparentemente canalizadas por una gran constructora añade un elemento especialmente sensible para el PSOE, que ya afronta críticas por la gestión interna del caso Ábalos.
Cuando declaró ante el Supremo el 30 de junio, Cerdán ha negado cualquier actuación irregular y ha justificado su interés en acelerar la obra del puente de Sevilla para favorecer la campaña municipal del entonces candidato socialista Juan Espadas.
La investigación judicial sigue abierta y los movimientos procesales de las próximas semanas serán determinantes para establecer si estos indicios configuran un esquema estable de colaboración irregular entre empresas y responsables políticos durante el mandato de Ábalos. @mundiario
