El hilo invisible de Servinabar: la contratación que reaviva las dudas sobre la trama Cerdán
Servinabar nunca fue una empresa especialmente mediática hasta que las costuras de la supuesta trama de corrupción empezaron a abrirse. Desde entonces, cada detalle, cada movimiento empresarial y cada firma adquieren una dimensión distinta. Pero pocos hechos resultan tan reveladores —o tan incómodos— como la contratación en 2019 de Antonio Muñoz Cano, cuñado del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cuando aún cumplía una condena por un delito de violencia de género en régimen de semilibertad. Ese gesto empresarial, aparentemente menor, se ha convertido en una pieza clave dentro del rompecabezas que investiga el Tribunal Supremo.
El relato es simple de enunciar, pero complejo de digerir: Muñoz Cano ingresó en la prisión de Mallorca en 2016 tras ser condenado a tres años por malos tratos. En septiembre de 2019 obtuvo el régimen abierto y fue trasladado al Centro de Inserción Social de Sevilla, un movimiento poco habitual dada la distancia y la ausencia de vínculos familiares en la zona. Y, casi como en una coreografía perfectamente sincronizada, ese mismo mes Servinabar —la empresa que los investigadores vinculan al entorno de Cerdán— tramitó su contratación.
El informe de la UCO, según señala EL PAÍS, habla de mensajes, favores y agradecimientos. Habla también de un directivo de Acciona, Manuel José García Alconchel, hoy imputado, que intercambiaba WhatsApps con Joseba Antxon Alonso, supuesto socio de Cerdán en la mercantil. “Gracias Manuel, no lo olvido!!”, le escribía Alonso el día en que le enviaba el contacto del cuñado del político socialista. La escena recuerda más a las viejas prácticas de influencias soterradas que a un proceso de selección convencional.
Cinco años después, el eco de aquellos chats resuena en un contexto judicial mucho más amplio: el presunto amaño de adjudicaciones millonarias del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Y ahí, en medio de obras públicas, contratos emergentes y mordidas supuestas, aparece la figura del recluso en semilibertad convertido de pronto en peón especialista.
Un empleo que abría puertas
Uno de los criterios clave para que Instituciones Penitenciarias conceda el régimen de semilibertad es, precisamente, disponer de un empleo. La contratación de Muñoz Cano llegó en el momento exacto en que ese requisito era decisivo para él. No consta que Acciona conociera la condición de recluso, pero sí que la empresa recibió el número de teléfono del familiar de Cerdán como parte de un “favor”. El engranaje funcionó con notable fluidez.
La obra del V Centenario, el punto de intersección
Servinabar asignó al cuñado de Cerdán a una obra de emergencia en el Puente del V Centenario de Sevilla, una de las adjudicaciones bajo sospecha. Fue el único empleado de la empresa presente físicamente en esos trabajos. El 30 de marzo de 2020 —en plena fase dura de confinamiento— el Ministerio de Transportes extendió un certificado que le permitió desplazarse sin restricciones. La coincidencia temporal vuelve a levantar cejas.
Un contrato que duró más allá de la condena
La Seguridad Social certifica que Muñoz Cano cobró 53.130 euros entre 2019 y 2022. La semilibertad terminó en noviembre de 2019, pero su vinculación con la empresa se prolongó más de tres años. Lo que comenzó como una oportunidad laboral para un penado, derivó en un símbolo de las relaciones entre Servinabar y Acciona que hoy escrutan los agentes.
Lo más relevante quizá no sea la contratación en sí, sino lo que sugiere. Para los investigadores, es un indicio de un patrón: personas del entorno personal de Cerdán recibieron favores y facilidades empresariales que no encajan con el proceder ordinario de ninguna compañía. Cerdán lo niega todo y asegura que su interés por las obras respondía solo a motivos electorales. Sin embargo, su defensa no ha logrado silenciar la incomodidad que produce esta historia. @mundiario
