El caso que investiga la supuesta trama corrupta vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia dio este jueves un giro de enorme trascendencia política y judicial. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó el ingreso inmediato en prisión preventiva de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto, y de su antiguo asesor Koldo García, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara por primera vez su encarcelamiento. La decisión convierte a Ábalos en el primer parlamentario nacional en ejercicio que entra en prisión por una causa penal desde la reinstauración de la democracia.

Una decisión que modifica el rumbo del caso

La vista celebrada en el alto tribunal tenía como objetivo revisar las medidas cautelares que pesaban sobre ambos investigados —comparecencias periódicas, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España—, pero el análisis desembocó en un endurecimiento drástico de su situación. La Fiscalía, que hasta ahora se había limitado a respaldar las restricciones ya existentes, sostuvo en esta ocasión que el riesgo de fuga era ya inasumible.

El instructor, que meses atrás había rechazado enviar a prisión al exministro, coincidió ahora con el criterio fiscal. Según su valoración, la proximidad del juicio oral, ya propuesto por Puente el pasado 3 de noviembre, ha elevado ese riesgo a niveles “extremos”. El magistrado considera que las medidas vigentes resultan insuficientes para garantizar que los investigados no abandonen el país.

La resolución del juez atribuye a Ábalos y a García la posible comisión de varios delitos graves: integración en organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. El instructor sostiene que existen indicios “más que bastantes” de su implicación en una red que habría obtenido beneficios irregulares mediante la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en pleno estado de emergencia sanitaria.

El caso avanza a gran velocidad. Con la propuesta de envío a juicio ya formulada, el magistrado Puente había advertido semanas atrás de que la cercanía de la fase oral añadía presión al riesgo de fuga. Su decisión de este jueves confirma esa advertencia.

Consecuencias inmediatas en el Congreso

Como exige la ley en casos que afectan a aforados, el juez ha ordenado comunicar la resolución a la presidenta del Congreso. A partir de ese momento, corresponde a la Cámara Baja determinar las consecuencias parlamentarias del encarcelamiento.

Todo apunta a que la Mesa del Congreso actuará de oficio una vez reciba la notificación del alto tribunal. El Reglamento de la Cámara es claro: si un diputado se encuentra en prisión preventiva tras haberse autorizado su procesamiento, queda automáticamente suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios mientras dure esa situación. Esto implica que Ábalos perderá su sueldo —en torno a 6.000 euros mensuales— y no podrá votar ni participar en la actividad legislativa. @mundiario

Un golpe político para el PSOE

La decisión llega en un momento especialmente delicado para los socialistas. Apenas ocho días antes, el exsecretario de Organización Santos Cerdán, encausado en la misma macroinvestigación, recuperó la libertad tras casi cinco meses de prisión preventiva. Su antecesor en ese puesto, Ábalos, recorre ahora el camino inverso.

El encarcelamiento del exministro, uno de los nombres más relevantes del partido en la última década, abre un nuevo frente político y judicial para el PSOE, que se enfrenta a las repercusiones internas y externas de un caso que sigue creciendo en complejidad y visibilidad pública.

La investigación entra ahora en una fase clave, con los principales acusados en prisión preventiva y con un juicio cada vez más próximo que promete arrojar luz sobre una de las tramas más sensibles surgidas al calor de la pandemia. @mundiario