Sánchez trabaja en una enmienda transaccional para cambiar el plan de ERC
El Gobierno enfrentará una semana complicada debido a la enmienda presentada por su socio, ERC, para rebajar las penas por malversación a favor de los líderes del procés. Sectores del PSOE no estarían del todo contentos con esta posibilidad, en especial, cuando algunos líderes si llegaron a beneficiarse de fondos públicos con ánimo de lucro.
El detalle está en ver cómo se aplicará la enmienda sin que algunos puedan no beneficiarse de ella. Durante esta semana, Félix Bolaños trabaja con su equipo jurídico para presentar una enmienda transaccional a sus socios, Unidas Podemos y ERC, donde planean dar la vuelta al plan inicial de los republicanos catalanes y cuyo fin es evitar que bajo ningún motivo queden despenalizadas las conductas de los líderes independentistas durante el procés.
El Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se reduzcan las penas por malversación de esos comportamientos, que supusieron utilizar el uso de dinero público para financiar y preparar un referéndum ilegal, pero sin llegar a despenalizarlos. ERC ha mantenido que con su enmienda, esas conductas no entrarían en la malversación.
El texto que presentaron los republicanos detalla una pena que va desde los seis meses hasta los tres años para el que “destine a usos particulares y ajenos a la función pública” el dinero público. El Gobierno busca cambiar el documento para que quede claro que en el procés hubo delito de malversación, pero también modificar las penas debido a que, en su opinión, ERC las ha bajado demasiado. Esta cuestión es similar a lo que sucedió con la sedición, cuando ERC quería bajarlo a tres años de pena máxima y el Gobierno apostaba por seis años. Finalmente acordaron bajarlos a cinco años cómo máxima.
El Gobierno no ha aclarado cuántos años podrían ser por la la malversación, pero si que apuestan porque serán más que esos tres por los que apuesta ERC y estarán debajo de los ocho actuales. ERC ha estado batallando para la rebaja de penas de la malversación desde hace un tiempo debido a que afecta directamente a Oriol Junqueras, algunos de los miembros de su equipo más cercano y al mismo líder de ERC.
Pedro Sánchez accedió a tocar ese delito pese al riesgo político que representa pero bajo dos condiciones. Primero que el cambio no sea muy grande, más bien sería un retoque a la actual ley que garantice que no se beneficien aquellos que se hayan lucrado personalmente del dinero público. La segunda condición es que el procés no quede despenalizado.
“El PSOE nunca apoyará nada que suponga una despenalización de un uso indebido de los recursos públicos porque cualquier uso indebido de los recursos públicos tiene que estar penalizado por el Código Penal, en cuanto es un delito”, destacó durante el viernes Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del PSOE. Para el Ejecutivo es esencial que con esta enmienda quede claro que en el procés hubo malversación.
La rapidez con que el Gobierno está sacando adelante esta enmienda ha generado icomodidad en algunos sectores del PSOE, en especial, entre sus barones, quienes temen que ocurra lo mismo que ya pasó con la ley del solo sí es sí. El apuro del Gobierno viene de la mano del propio Sánchez que quiere cerrar el año de forma definitiva en paz, y así empezar el 2023 con buen pie, algo importante ya que el próximo año será electoral. @mundiario
