Pedro Sánchez busca negociar con Montero ajustes de la ‘ley del solo sí es sí’

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; e Irene Montero, ministra de Igualdad. / RR SS.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; e Irene Montero, ministra de Igualdad. / RR SS.
La ministra de Igualdad se mantiene inamovible en su desición de no modificar la ley. Por su lado, el Gobierno se plantea que un comité de técnicos de Justicia la revisen y propogan ajustes.
Pedro Sánchez busca negociar con Montero ajustes de la ‘ley del solo sí es sí’

La ley del 'solo sí es sí' se ha convertido en un punto de desacuerdo entre el PSOE y su socio, Unidas Podemos. Tras las polémicas generadas, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez da un paso al frente y empieza a tomar las riendas de la situación llamando a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para proponerle un ajuste de la norma.

La situación se da, según fuentes del Gobierno citadas por El País, luego de la polémica arrastradas por las reducciones de pena y excarcelaciones, que han supuesto un golpe duro para el Gobierno y duras criticas; pero sobre todo han querido tomar en cuenta la última sentencia del Tribunal Supremo, la cual avala esta reducción de penas en el caso de La Arandina.

Con esto, Sánchez ha dejado claro a Montero que será necesario un ajuste para evitar la interpretación de los jueces, la cual, obviamente no era la esperada con una ley que buscaba proteger a las víctimas y no a los atacantes. Tras la intervención de Sánchez, este pasa la pelota a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la propia Montero. La solución que parece prevalecer es que un equipo de técnicos de Justicia junto a otro de Igualdad analicen los probables ajustes de la misma.

Sánchez se ha mostrado como un defensor de la ley, por tal, piensa que solo serán necesarios unos ajustes para dejar atrás la polémica. "Es una gran ley, de todo el Gobierno, que amplía derechos y protege a las mujeres”, asegura una de las fuentes citadas por El País. Sin embargo, el Ejecutivo no puede ignorar las rebajas de penas ocurridas que amenazan con empañar una ley que podría ser un referente para el feminismo. La misma opinión es compartida por otros miembros del Gobierno, incluyendo a Llop, que tiene la puerta abierta a negociar. Pero en el lado contrario está la ministra de Igualdad. 

Montero se mantiene en su puesto de que no es necesario modificar la ley y que será el tiempo el encargado de ajustar todas las interpretaciones. Cercanos a la ministra aseguran que Igualdad ha revisado posibles ajustes y todos pueden ser perjudiciales para el objetivo principal de la misma, que es proteger a la mujer agredida, por tanto, es mejor centrar los esfuerzos en conseguir que los jueces interpreten de otra manera la norma en la misma línea que ha planteado la fiscalía general. 

Actualmente tiene lugar medio centenar de revisiones de sentencias y unos 12 abusadores ya han sido liberados en toda España. Esto ya pasó y no podrá modificarse ni ajustando la ley actual, sin embargo, se busca evitar que siga ocurriendo. Para esto, el Ejecutivo quiere reunir a un comité de expertos del Ministerio de Justicia que presente posible soluciones jurídicas. Este grupo incluso podría determinar que es mejor dejar la ley tal como está, pero al menos, hay que dar una oportunidad a mejorar lo que ya está. 

Ya existe un órgano dentro del ministerio que podría encargarse de los ajuste y es presidido por la propia ministra. Se trata de la Comisión General de Codificación, que el ministerio define como: “un órgano colegiado de asesoramiento en la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario y cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico”.

Por su parte, Igualdad se ha mantenido en su punto acusando a los jueces de realizar una interpretación errónea de la ley rebajando las penas cuando no deberían hacerlo. En ese sentido, el entorno de Montero señala que la cantidad de penas que contiene la ley fue el que se pactó internamente en el Gobierno, el cual fue diseñado por Justicia cuando era precidida por Juan Carlos Campo. Un retoque al alza de las penas mínimas, una solución planteada, causaría que muchos comportamientos por abusos sexuales menos graves quedaran fuera de cualquier pena, que es algo que quiere evitar la ley. Por dicho motivo Montero se niega a tocar la ley y decide que es mejor esperar a que tengan lugar las primeras sentencias desde su entrada en vigor, además, aunque efectivamente han habido excarcelaciones y revisiones de sentencias, también aclara que muchas otras han sido rechazadas, que siguen siendo una inmensa mayoría. @mundiario

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