PSOE y PP pactan, Unidas Podemos se rebela
El pacto para desbloquear los nombramientos en varias instituciones es una buena noticia, demostrando que no había ninguna razón objetiva para demorarlos.
Que luego de varios años de discusiones bizantinas y excusas inválidas, los dos grandes partidos hayan acordado normalizar el funcionamiento del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia de Protección de Datos, proponiendo además a Ángel Gabilondo para el primer puesto citado, una persona apreciada en el mundo político, es una medida que merece el aplauso. Que no hayan logrado extender el acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, una mancha que necesita ser borrada cuanto antes. Recordemos que en este último caso el PP ha puesto como conditio sine qua non la modificación del sistema de elección, algo que el PSOE no rechaza pero quiere demorarlo hasta después de los nombramientos.
Ha bastado ese leve acuerdo, obligado de acuerdo con los resultados electorales, para que la facción de UP en el Gobierno haya provocado dos sonoros incidentes. Uno secundario, al querellarse contra la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, por atender al requerimiento del Tribunal Supremo aplicando la inhabilitación y consecuente cese de un diputado de esa formación condenado penalmente. En realidad, la presidenta prefirió ejercer como miembro de la mayoría parlamentaria antes que como árbitro de la Cámara, aceptando una interpretación sesgada de la sentencia y posteriormente invitando al Supremo a pronunciarse. Si hubiese hecho lo contrario, primero preguntar y luego decidir, se hubiese ahorrado la situación actual. Que ella misma sea profesora de Derecho Constitucional añade confusión a su actuación.
Por otra parte a estas alturas debería ser conocido que el presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, no se amedrenta ante los casos que implican al poder político, como se ha visto en la sentencia contra los sediciosos catalanes. Forzarlo a aceptar que la sentencia de la Sala que preside, por definición máxima intérprete de las normas, fuese reinterpretada por los letrados de las Cortes, implicaba consecuencias para el futuro inaceptables.
Pero el incidente mayor provocado por UP afecta al Gobierno. Tomando como excusa unas declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño, asumiendo que la reforma laboral será coordinada por ella, las ministras Yolanda Díaz e Ione Belarra han elevado el tono en defensa de su exclusiva competencia. Recordemos que mientras la Ministra de Trabajo insiste una y otra vez en el elevado grado de consenso que registra esa reforma de la normativa aprobada por el Gobierno Rajoy en 2012, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reiterado que su organización no participa de ese acuerdo. Mientras, el presidente del Gobierno ha dado una de cal, apoyando la reforma, y otra de arena, apoyando a la Ministra de Economía.
La mayoría socialista, de acuerdo en el fondo
Como acontece con otras normas, por ejemplo la futura ley de Vivienda y especialmente el control sobre los alquileres, la mayoría socialista está de acuerdo en el fondo pero discrepa en los detalles. No todos los efectos de la reforma de 2012 han sido perniciosos aunque algunos aspectos necesitan reforma como la excesiva temporalidad o las trampas legales derivadas por ejemplo el encadenamiento de contratos. De igual forma el mercado de la vivienda necesita planteamientos a largo plazo, como el incremento del parque público pero no hay evidencia de que el control administrativo de los precios de alquiler produzca efectos positivos tangibles. En otros términos frente a la imagen que UP difunde, del empresario sin escrúpulos o el casero avaro, la realidad indica que muchas empresas tienen dificultades, que la globalización exige mayor flexibilidad o que en el mercado de alquiler hay muchas viviendas que complementan rentas familiares. El trazo grueso sirve en los mítines para enardecer a la afición pero no sirve para gobernar con eficacia.
No es que existan vasos comunicantes en el Gobierno, de forma que un acuerdo con el PP influya en UP directamente, pero cuando el PSOE pone en evidencia que puede pactar en ambas direcciones políticas, devalúa la posición de su socio. Es lo que ocurre estos días con PNV y ERC, ambos conscientes de que su posición es más débil que hace unos meses. No peligra el apoyo al Gobierno pero las negociaciones se vuelven más arduas. Veremos con mayor frecuencia situaciones parecidas según nos aproximemos al año electoral de 2023. @mundiario