El PSOE lleva la contraria a sus socios de izquierdas para tender puentes con Junts

El amplio respaldo parlamentario a la proposición de ley impulsada por Junts —302 votos a favor frente a 36 en contra— dibuja una fotografía poco habitual en la actual legislatura. PSOE, PP, Vox, Junts, PNV y UPN votaron juntos una reforma que endurece las penas para quienes reinciden en delitos leves como hurtos o pequeñas estafas. En contra quedaron Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG; mientras que una presionada ERC optó por la abstención, al igual que los nacionalistas centristas de Coalición Canaria.

En términos formales, la norma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir penas de hasta tres años de prisión a quienes acumulen al menos tres condenas por delitos leves, además de introducir figuras específicas para el robo de teléfonos móviles y reforzar la capacidad de los jueces para imponer órdenes de alejamiento de zonas concretas. Pero el alcance político del voto supera con creces el contenido jurídico.

Para Junts, la aprobación supone una contundente victoria simbólica y práctica. La formación de Carles Puigdemont llevaba más de un año defendiendo esta reforma como respuesta a las quejas de alcaldes catalanes por la pequeña delincuencia reiterada. El hecho de que el PSOE reactivara la iniciativa después del otoño del año pasado, en el que los posconvergentes anunciaran la ruptura de relaciones con el Gobierno, ha sido interpretado en el Congreso como un intento explícito de congraciarse con los independentistas, cuyos siete votos siempre serán determinantes hasta que se disuelvan las Cortes.

El PSOE está dispuesto a ceder en una demanda clave de Junts, incluso a costa de incomodar a sus socios de izquierdas, para evitar que la legislatura quede bloqueada. Sin embargo, desde el partido independentista se apresuraron a advertir de que este gesto no recompone por sí solo la relación y que otros frentes, como la oficialidad del catalán en la UE o las competencias de inmigración, que siguen abiertos.

El PSOE da la espalda para recuperar a Junts

La votación ha sido una rara avis, toda vez que los socialistas prefirieron romper filas con su bloque progresista para apoyar una medida con todas las derechas del hemiciclo, a pesar de que sus socios la calificaron de “populismo punitivo” propio de la “ultraderecha más reaccionaria”. En la pasada legislatura, el apoyo ocasional de Ciudadanos permitía al Gobierno combinar mayorías sin romper ese frente con izquierdas estatales y nacionalistas. Hoy, esa vía prácticamente ha desaparecido, y cualquier acuerdo alternativo pasa por Junts o directamente por la derecha.

En este caso, el PSOE ha optado por una mayoría amplia y transversal, pero el coste ha sido elevado en el flanco izquierdo. Sumar acusó a los socialistas de asumir marcos discursivos propios de la derecha que, a su juicio, castigan a los sectores más vulnerables sin abordar las causas estructurales de la delincuencia. Podemos y EH Bildu fueron aún más lejos al denunciar una criminalización de la pobreza.

El debate parlamentario reflejó dos visiones contrapuestas. Los defensores de la reforma apelaron a la percepción de inseguridad y a la sensación de impunidad que, según alcaldes y jueces, genera la multirreincidencia en delitos leves. Desde esta óptica, el endurecimiento penal sería una respuesta pragmática a un problema real, especialmente visible en áreas urbanas de Cataluña.

Un equilibrio frágil para la legislatura

Las izquierdas, en cambio, sostienen que el aumento de penas no reducirá la delincuencia y que la reforma corre el riesgo de centrarse en los eslabones más débiles, mientras quedan fuera los grandes delitos económicos. A sabiendas de la realidad que se palpa en zonas urbanas como Barcelona, ERC, con su abstención, reconoció la existencia del problema social, pero dudó de la eficacia de la solución propuesta.

Para el PSOE, la ley de multirreincidencia es un movimiento táctico porque mejora el clima con Junts y demuestra capacidad de sacar adelante reformas con mayorías amplias. Pero también deja al descubierto la fragilidad del bloque de investidura y las tensiones ideológicas dentro del espacio progresista.