Podemos congela la cesión de la migración a Cataluña y enfría la estrategia de Sánchez con Junts

La aritmética parlamentaria vuelve a tensarse en el Congreso. Podemos ha optado por marcar distancias con el Gobierno y condicionar cualquier avance en la delegación de competencias de inmigración a Cataluña a un requisito previo: que la regularización extraordinaria de entre 500.000 y 800.000 personas migrantes no solo esté aprobada, sino efectivamente en marcha. El mensaje, reiterado por su secretaria general, Ione Belarra, es “primero derechos”, después negociación.

Esta posición supone, en la práctica, un aplazamiento de al menos varios meses en un asunto clave para el Ejecutivo. Según el propio calendario del Gobierno, las solicitudes de regularización comenzarán previsiblemente a principios de abril y no empezarán a resolverse hasta mayo. Solo entonces, sostiene Podemos, se podrá evaluar si lo pactado se cumple sin trabas. Ese margen temporal desplaza cualquier eventual acuerdo sobre la cesión de competencias a finales de primavera o incluso al verano.

El retraso tiene consecuencias políticas evidentes. La delegación de competencias en materia migratoria es una de las principales exigencias de Junts para retomar una relación estable con el Gobierno. Sin el aval de Podemos, que ya tumbó la proposición de ley en septiembre, el Ejecutivo carece de los apoyos necesarios para sacar adelante esa reforma. Y sin Junts, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se vuelve aún más incierta.

El plan de Pedro Sánchez pasaba por encadenar movimientos. Aprobar en el Consejo de Ministros la regularización extraordinaria por real decreto para recuperar a Podemos y cesión de competencias para atraer a Junts. La advertencia del partido morado rompe esa secuencia y deja al Ejecutivo sin margen para recomponer la mayoría en los plazos que se había fijado, especialmente si su objetivo era presentar los Presupuestos Generales del Estado en el primer trimestre del año.

Desconfianza y contenido del texto

Más allá del calendario, el fondo del desacuerdo sigue intacto. Podemos insiste en que el texto pactado entre PSOE y Junts contiene elementos “racistas” no solo en el preámbulo, sino en el articulado, lo que exige una reforma profunda de la iniciativa. Para Belarra, no basta con una declaración de intenciones porque “la política migratoria que tiene nuestro país, con redadas basadas en perfil étnico, centros de internamiento extranjeros, un enfoque de las migraciones que es de securitización, que es de represión contra las personas migrantes, eso Podemos no lo comparte, no lo ha votado nunca”.

Este planteamiento choca con la posición de Junts, que se ha mostrado reacio a modificar el articulado de la ley. La distancia entre ambas formaciones explica por qué Podemos no se limita a ganar tiempo, sino que eleva el listón político de la negociación. La regularización extraordinaria se convierte así en una prueba de confianza hacia un Gobierno al que el partido morado reprocha reiteradamente “promesas vacías”.

El pulso del antiguo socio de coalición de Sánchez deja en evidencia, una vez más, la fragilidad del bloque de investidura que sostiene al Ejecutivo. Cada avance requiere compensaciones cruzadas y tiempos distintos, lo que dificulta una estrategia coherente. Podemos refuerza su perfil propio y su agenda de derechos, pero al hacerlo ejerce de tapón y afecta al conjunto de la legislatura.

Mientras tanto, la oposición del PP aprovecha la incertidumbre para cargar contra la regularización, a la que acusa de responder a intereses de “clientelismo político”, y para trasladar el debate al ámbito europeo. El resultado es un escenario en el que la política migratoria se consolida como uno de los principales ejes de confrontación, tanto dentro como fuera del bloque que apoya al Gobierno. @mundiario