Pensiones en el aire: el Gobierno busca reconciliarse con Junts tras el pacto migratorio con Podemos
La votación que tumbó el decreto ómnibus con la revalorización de las pensiones ha devuelto al primer plano una de las grandes vulnerabilidades de la legislatura, entre ellas la extrema volatilidad de la mayoría que sostiene al Gobierno. Más allá del revés parlamentario, la votación en el Congreso ha encendido una alarma política de gran calado, al poner en cuestión una medida que afecta a casi 10 millones de pensionistas y que, de no resolverse a tiempo, podría tener un impacto directo en la nómina de febrero.
En La Moncloa, sin embargo, nadie da el escenario por perdido. La experiencia del año pasado —cuando el rechazo al decreto ómnibus con la subida de las pensiones acabó resolviéndose in extremis— alimenta la convicción de que habrá una segunda oportunidad. El Ejecutivo trabaja con la certeza de que dejar caer la revalorización de las pensiones tendría un coste político inasumible para cualquier fuerza parlamentaria y confía en que esa presión facilite un acuerdo, especialmente con Junts.
El rechazo de PP y Junts al decreto se apoya en argumentos distintos, pero con un denominador común: la crítica a la inclusión del escudo social y, en particular, a la prórroga de la protección frente a desahucios para familias vulnerables. Un elemento que ambos partidos sí respaldaron en 2025, pero que ahora se ha convertido en línea roja.
Para el Gobierno, separar la subida de las pensiones del resto de medidas sociales supondría asumir un coste político propio y abrir una fractura con sus socios a la izquierda. De ahí que la prioridad siga siendo aprobar el paquete completo, aunque con ajustes, como ya ocurrió en el pasado. La negociación con Junts, sin embargo, se ha vuelto más compleja porque el partido de Carles Puigdemont decidió romper su relación con el PSOE en otoño al tiempo que compite con la ultraderecha independentista de Aliança Catalana, lo que reduce su margen para aparecer como socio flexible del Ejecutivo.
El pacto con Podemos como palanca indirecta
En este contexto, el acuerdo entre el PSOE y Podemos para una regularización extraordinaria de cerca de medio millón de personas migrantes ha introducido un nuevo elemento en la ecuación. Más allá de su contenido, el pacto simboliza el regreso de los morados a la dinámica de negociación de la mayoría y abre una vía que el Gobierno espera que tenga efectos indirectos sobre Junts.
Podemos ha dejado claro que la regularización era una condición previa para sentarse a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, uno de los compromisos más sensibles para los independentistas y una de las principales exigencias pendientes del acuerdo de investidura. El hecho de que los morados se muestren ahora dispuestos a reconsiderar su veto como indicó la eurodiputada Irene Montero—si el texto se modifica— es interpretado en Moncloa como un gesto hacia Junts.
No se trata de un movimiento aislado. A él se suman otros gestos en preparación, como la publicación de las balanzas fiscales o los avances en el reconocimiento del catalán en la UE. La estrategia del Ejecutivo pasa por reconstruir la confianza con la estrategia de negociación “carpeta a carpeta”, consciente de que ningún socio se moverá si no percibe avances tangibles.
Tres escenarios sobre la mesa
El Gobierno maneja varios escenarios para desbloquear la situación antes de la nómina de febrero. El preferido sigue siendo un acuerdo global con Junts que permita recuperar el decreto en una segunda votación, introduciendo garantías adicionales para los propietarios afectados por la suspensión de desahucios. Otra opción, más controvertida, sería trocear el texto y sacrificar parte del escudo social, algo que generaría tensiones con Sumar y el resto de la izquierda. La tercera vía —un decreto exclusivo de pensiones con apoyo del PP— se considera la menos probable, tanto por la desconfianza mutua como por el coste político que implicaría para ambas partes.
Mientras tanto, el Ejecutivo despliega una estrategia a dos bandas: presión pública para que PP y Junts asuman el desgaste de haber puesto en riesgo las pensiones, y negociación discreta para reconstruir puentes. El contraste con la convalidación del decreto de ayudas al transporte público, aprobado con el apoyo de Junts y ERC, refuerza la idea de que la ruptura no es total y que aún hay margen para un entendimiento puntual.
El episodio de las pensiones vuelve a ilustrar la lógica de esta legislatura: cada votación es una negociación y cada acuerdo, provisional. El Gobierno confía en que el pacto migratorio con Podemos actúe como catalizador para recomponer la mayoría y facilitar un acercamiento a Junts, no solo para salvar la revalorización de las pensiones, sino también para dar oxígeno a medio plazo a la legislatura. @mundiario
