El Gobierno cierra filas con Podemos en inmigración y reabre un flanco que refuerza a Vox frente al PP
La regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes irregulares sirve como una pieza más de la estrategia parlamentaria del Gobierno para sobrevivir sin Presupuestos y sostener una mayoría frágil, sometida a las tensiones constantes entre los intereses heterogéneos de sus socios de la investidura, y a un contexto político especialmente duro, debido al caos ferroviario desatado por los accidentes de Adamuz y Rodalies, que se suman a los casos de corrupción y denuncias de acoso sexual que azotan al PSOE. Tras los acuerdos con ERC en financiación autonómica y con el PNV en transferencias de competencias pendientes, el pacto con Podemos completa un arranque de año diseñado para disipar la idea de un Ejecutivo en caída libre.
El Gobierno, con Félix Bolaños como negociador clave, concede a los morados una victoria política de alto calado. La regularización era una demanda histórica de la izquierda alternativa y un elemento central de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lleva más de un año bloqueada en el Congreso. Al optar por la vía del real decreto y evitar la votación parlamentaria, el Ejecutivo esquiva un bloqueo previsible por la mayoría de derechas en la Cámara baja y garantiza el apoyo de los cuatro diputados morados en votaciones decisivas, como las medidas de pensiones y transporte en el decreto ómnibus.
La medida adquiere mayor relevancia por el contexto internacional. Mientras gran parte de Europa endurece su discurso y sus políticas migratorias —incluidos gobiernos socialdemócratas como los de Dinamarca o el Reino Unido— y EE UU protagoniza una campaña exhaustiva a cargo de los agentes de ICE, España se desmarca con una regularización masiva. El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz consolidan así una línea propia del Gobierno de coalición, coherente con su discurso proclive a mantener el flujo migratorio, pero claramente contracorriente con el resto de países europeos.
En clave doméstica, el acuerdo permite a Podemos reforzar su perfil con elecciones autonómicas como las de Aragón a la vuelta de la esquina y una pugna abierta con Sumar por el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE. El hito de la regularización ofrece a los morados un argumento tangible frente a una coalición que, pese a reclamar la medida, queda desdibujada en el reparto de méritos.
Junts, el socio ausente
El gran ausente de este ciclo de acuerdos es Junts. El partido de Carles Puigdemont se mantiene al margen y endurece su posición, presionado por la competencia electoral de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana y cada vez más alineado con el PP y Vox en cuestiones del comer como la inmigración, la vivienda o la fiscalidad. La negativa de Junts a apoyar la ILP y su rechazo frontal a la regularización por decreto evidencian una brecha que el Gobierno no ha logrado cerrar, pese a los gestos anunciados, como la futura publicación de las balanzas fiscales para Cataluña.
Esta distancia tiene consecuencias prácticas inmediatas. Sin Junts, cualquier decreto sigue siendo vulnerable en el Congreso, y el Ejecutivo queda obligado a negociar pieza a pieza, sin una mayoría estable. La regularización, en este sentido, asegura el flanco izquierdo de la investidura, pero no recompone el bloque en su conjunto.
Los posconvergentes son cortejados por los socialistas desde finales del año pasado, cuando el partido de Puigdemont movió ficha para romper su interlocución con La Moncloa y pasar a la oposición. Los independentistas tomaron esta decisión al considerar que los pactos alcanzados con el PSOE, para investir a Sánchez en 2023, no han sido cumplidos. Además de la ley de amnistía o la oficialidad del catalán en la UE, una de las medidas clave es la cesión de competencias de inmigración para la Generalitat, bloqueada precisamente por la renuencia de Podemos, que ha tildado el traspaso de “racista” y xenófobo”.
Un regalo político para Vox
Más allá de la aritmética parlamentaria, la regularización extraordinaria reabre el debate migratorio en un momento delicado para el Gobierno, atormentado por la tragedia ferroviaria y el viacrucis judicial que se vislumbra en el calendario. El Ejecutivo introduce así en la agenda un asunto que históricamente ha favorecido a Vox, cuya reacción inmediata y radical confirma que ve en la política migratoria un terreno fértil para su discurso de cara al ciclo electoral, en el que sus principales competidores son los populares.
La estrategia no es improvisada. En La Moncloa asumen que, aunque la inmigración también genera tensiones en la izquierda, el principal desgaste se produce en el espacio de la derecha. El PP queda atrapado entre una crítica dura, muy similar a la de Vox, y su propio historial, que incluye el apoyo a la admisión a trámite de la ILP a petición de organizaciones sociales como Cáritas y la Iglesia católica. Esa ambigüedad ofrece a Vox una oportunidad para presentarse como la única oposición “coherente” y profundizar en su narrativa de confrontación, como hizo en verano pasado con los altercados racistas en Torre-Pacheco, Murcia.
Sin embargo, la regularización también aborda la realidad estructural de una bolsa creciente de inmigrantes irregulares que alimenta la economía sumergida y la precariedad. Los precedentes históricos, especialmente el de 2005, muestran que estas medidas pueden tener efectos positivos en afiliación y recaudación sin generar necesariamente un efecto llamada, como denuncian las derechas. @mundiario
