Quiénes podrán regularizarse y cómo: las claves del acuerdo entre Gobierno y Podemos
El Consejo de Ministros aprobará este martes la tramitación de una regularización extraordinaria de inmigrantes que beneficiará a más de 500.000 personas en situación administrativa irregular. Se trata de una medida inédita en España desde hace dos décadas y que llega tras un prolongado pulso político y social impulsado por cientos de organizaciones de muy distinto signo ideológico, desde colectivos empresariales hasta entidades religiosas y sociales.
El acuerdo, al que ha tenido acceso El País, justifica la iniciativa en un contexto de transformaciones geopolíticas, conflictos armados, nuevas dinámicas de movilidad humana y el impacto del cambio climático, factores que han intensificado los flujos migratorios a escala global. Según el documento, el Ejecutivo considera “imprescindible” que la política migratoria española responda con “eficacia y coherencia” a una realidad “dinámica y compleja”.
Aunque el contenido íntegro del real decreto aún no se ha hecho público, Podemos adelantó este lunes varias de sus claves, posteriormente confirmadas por fuentes gubernamentales.
¿A quién afectará la regularización?
La medida beneficiará a personas en situación irregular y solicitantes de asilo que acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025. El Gobierno prevé que las solicitudes puedan comenzar a tramitarse a partir de mayo. El número de potenciales beneficiarios se sitúa en torno al medio millón de personas.
España ha ejecutado nueve procesos de regularización desde la transición democrática, entre 1986 y 2005, que permitieron la legalización de más de un millón de extranjeros durante los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
Cómo acreditar la permanencia en España
Para demostrar la estancia continuada en el país, los solicitantes podrán aportar documentación diversa, como certificados de empadronamiento, informes de citas médicas, acreditaciones de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, entre otros.
Requisitos y antecedentes penales
Además de la acreditación de residencia previa, será imprescindible carecer de antecedentes penales relevantes, según han confirmado fuentes del Ejecutivo. Este criterio se alinea con los anteriores procesos de regularización y con el actual marco del reglamento de extranjería.
Suspensión de expulsiones y permiso provisional
Uno de los elementos clave de la medida es la suspensión automática de los procedimientos de retorno o expulsión en el momento en que se presente la solicitud de regularización, siempre que las órdenes sean de carácter administrativo o por trabajar sin permiso.
Una vez admitida a trámite, la persona solicitante obtendrá una autorización de residencia provisional, que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria. En caso de resolución favorable, se concederá un permiso de residencia por un año, tras el cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme a la normativa vigente.
Sin paso por el Congreso
El acuerdo se aprobará mediante Real Decreto, por lo que no requerirá convalidación parlamentaria, un trámite que el Gobierno considera inviable ante la oposición frontal del PP y Vox. Tras su aprobación inicial por vía urgente, el texto se someterá a audiencia pública, a informes ministeriales y al dictamen del Consejo de Estado, antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
El impulso social detrás de la medida
La regularización es fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y promovida por más de un millar de organizaciones. Entre ellas figuran desde asociaciones empresariales hasta colectivos sociales y religiosos. La Conferencia Episcopal Española ha desempeñado un papel destacado, presionando en los últimos años para contrarrestar el discurso xenófobo de la extrema derecha y reclamar una respuesta humanitaria y estructural al fenómeno migratorio.
Con esta decisión, el Ejecutivo se sitúa a contracorriente del endurecimiento migratorio dominante en buena parte de Europa, apostando por una regularización masiva como herramienta de integración, ordenación administrativa y garantía de derechos. @mundiario
