Mayoría inesperada en el Congreso para endurecer las penas por delitos leves
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la reforma que endurece el castigo contra la multirreincidencia en delitos leves, una reivindicación sostenida por Junts durante los últimos años y que finalmente ha salido adelante gracias al respaldo del PSOE junto a PP, Vox y UPN. La aprobación dibuja una mayoría parlamentaria poco habitual y visualiza un nuevo escenario político tras la ruptura anunciada por la formación de Carles Puigdemont con el bloque de investidura.
La norma, que modifica tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introduce un endurecimiento significativo de las penas para quienes acumulen más de tres condenas por delitos leves, especialmente hurtos. En esos casos, la pena podrá alcanzar hasta tres años de prisión. También se agravan las sanciones en supuestos de pequeñas estafas y en el robo de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos que contengan datos personales. Además, los jueces podrán imponer prohibiciones de acceso a determinados barrios o localidades a quienes reincidan reiteradamente.
Un gesto político en plena recomposición de alianzas
El apoyo socialista a la iniciativa se produjo en un contexto político delicado. Los movimientos para desbloquear el texto se aceleraron pocos días después de que Junts escenificara su distanciamiento del Gobierno. En cuestión de semanas, los grupos lograron un acuerdo en la Comisión de Justicia que permitió encarrilar la reforma hasta su aprobación final.
El resultado de la votación dejó en evidencia la fractura en el espacio progresista. Mientras el PSOE defendía la reforma como una herramienta legítima de política criminal, Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG votaron en contra. ERC optó por la abstención.
El portavoz socialista en materia de Justicia, Paco Aranda, justificó el respaldo afirmando que la seguridad no es patrimonio ideológico de la derecha y que puede abordarse desde posiciones progresistas. “Se puede hacer política de seguridad desde la izquierda”, sostuvo, en un intento de desactivar las acusaciones de giro punitivo.
Críticas desde la izquierda
Las formaciones situadas a la izquierda del PSOE cargaron con dureza contra la reforma. Desde Sumar se denunció una cesión al “populismo punitivo”, mientras que Podemos calificó la norma de “racista” y “clasista”, al entender que focaliza la respuesta penal en delitos asociados a la pobreza mientras no aborda con la misma intensidad la delincuencia económica o los grandes fraudes.
EH Bildu cuestionó la eficacia real del endurecimiento de penas para reducir los hurtos y advirtió de que España ya cuenta con uno de los códigos penales más severos de la Unión Europea y una elevada población penitenciaria en comparación con otros países del entorno.
Celebración en Junts
Junts, promotora de la iniciativa registrada en abril de 2024, celebró la aprobación como un avance en la lucha contra la delincuencia reiterada, especialmente en Cataluña. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, defendió que la reforma evitará que quienes “entran por una puerta y salen por la otra” puedan eludir consecuencias más severas tras acumular condenas.
No obstante, la formación independentista también reprochó al PSOE haber demorado durante años una modificación que, a su juicio, era necesaria para afrontar el problema de los hurtos repetidos.
Una mayoría transversal y un debate de fondo
La aprobación de la ley refleja un realineamiento coyuntural de mayorías en materia penal. PSOE, PP y Vox coincidieron en el diagnóstico sobre la necesidad de reforzar la respuesta frente a la reincidencia, mientras parte de la izquierda insistió en que el endurecimiento de penas no garantiza una reducción efectiva de la delincuencia.
Con la reforma ya lista para su publicación en el BOE, el foco se desplaza ahora hacia su aplicación práctica y hacia el debate más amplio que subyace tras la votación: hasta qué punto la política criminal debe orientarse al castigo como instrumento disuasorio o a la prevención social como vía estructural para abordar la delincuencia leve.
La ley de multirreincidencia no solo modifica el Código Penal. También certifica que, en el actual escenario parlamentario fragmentado, las alianzas pueden variar según el terreno de juego, incluso cuando ello implique tensiones dentro del propio bloque gubernamental. @mundiario
