La privatización pretendida en A Coruña es el trato del PP al espacio público marítimo-terrestre

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Un cuarto del litoral español está urbanizado de modo salvaje.

La reforma de la Ley de Costas de 1988, que el PP aprobó en solitario en 2013, constituyó un paso atrás en la defensa del interés público a prorrogar y legalizar la ocupación por particulares de amplias franjas del litoral, incluidas marinas privadas y urbanizaciones de extranjeros, sobre todo el Mediterráneo y Andalucía.

La privatización pretendida en A Coruña es el trato del PP al espacio público marítimo-terrestre

La pretensión del PP de privatizar un espacio esencial, de determinante contenido histórico añadido, en la bahía de A Coruña, no es en  realidad nada nuevo que se aparte de la política de este partido con respecto al uso y posesión del litoral español, a partir de su reforma de la Ley de Costas de 1988, que aprobó en solitario en 2013 y que supuso la legalización de golpe de 10.000 viviendas que ocupaban el espacio de dominio público marítimo-terrestre, la reposición de los privilegios en algunas famosas marinas y, quizá lo peor de todo, la entrega a ocupantes extranjeros de espacios públicos, ocupados por sus residencias en las costas de Andalucía, Cataluña, Levante y los dos archipiélagos.

Para que se hagan una idea vamos a poner dos ejemplos prácticos de cómo era la situación dentro del municipio de Vigo: la isla de Toralla y la llamada Finca Mirabel. En el primer caso, durante años, los propietarios de residencia en esta isla, unida a tierra por un puente, disfrutaron en solitario, pese al carácter público, que con carácter general tienen los arenales, de las playas de dicho enclave. La Ley de Costas de 1988 permitió recuperar el acceso público y el acceso a pie por el puente, construido sobre el mar; es decir, espacio público, hasta entonces cerrado salvo para los residentes.

Isla de Toralla en la ría de Vigo. Pontevedra.

Isla de Toralla en la ría de Vigo. 

El caso de la finca de Mirabel es peor. Al propietario de una finca al lado del mar se le concede en época lejana una concesión teóricamente para fines relacionados con la explotación del mar, sobre el espacio marítimo-terrestre, que de facto, une a la finca de su propiedad. Vende el conjunto (finca y espacio de la concesión) a un testaferro en escritura privada e inmediatamente recompra la finca ampliada en escritura pública. Hoy el conjunto es parte del patrimonio del municipio de Vigo, que fue adquirido, en lugar de pleitear, por el 70 millones de pesetas, siendo alcalde Manuel Soto.

¡Y qué decir de la isla de Cortegada en la isla de Arousa! Este regalo del pueblo de Galicia a Alfonso XIII, heredado por Don Juan de Borbón (donde el pretendiente y un grupo de empresarios de Santiago pretendían el negocio del siglo, luego adquirida por la Xunta) era un lugar inaccesible durante decenios, donde un guarda armado no permitía desembarcar en la playa, que seguía siendo pública sólo en teoría.

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A Ladeira en la ría de Vigo, urbanizaciones sobre la playa

 

El PP se pliega ante el interés extranjero

En la reforma de la Ley de Costas, aprobada por el PP en 2013 en solitario, gracias a la mayoría absoluta de que entonces gozaba, la derecha española se plegó a las presiones de los extranjeros (sobre todo ingleses y alemanes) con propiedades al borde del mar en Andalucía, Baleares y Canarias, quienes a través de los lobbies que operan en el Parlamento Europeo lograron que éste se ocupara del asunto, interfiriendo una competencia exclusiva de la soberanía española a favor de los intereses de quienes habían adquirido viviendas ilegales, en cualquier caso, en el boom urbanístico, en su caso promovido desde el propio Reino Unido, en la costa española, aparte de las presiones de los dueños de alguna de las marinas de lujo en Cataluña y otros lugares del litoral español, asimismo beneficiados por la reforma.

Como si España fuera una suma de parcelas, el Gobierno del PP aplicó trato distinto según qué área del litoral, de modo que el propio Tribunal Constitucional tuvo que corregir la barbaridad que se cometía en la isla de Formentera. Pero no fue el único caso.

El caso es que 10.000 viviendas han quedado excluidas del dominio público marítimo terrestre, en atención al interés de, según los interesados son entre 200.000 y 400.000 personas (notable diferencia que Green Peace reduce drásticamente); es decir que se sacrifica en su interés la propiedad común de casi 47 millones de españoles para entregarles, prácticamente a perpetuidad, una parte del territorio nacional, dada la ampliación de las concesiones en 75 años más a una serie de beneficiarios, buena parte de ellos extranjeros. Las casas situadas sobre el hasta ahora dominio público podrán ampliarse, venderse (hasta que llegó el PP estaba prohibido) o reformarse. En general, las concesiones de 30 años de uso del dominio público, con la anterior ley, eran ampliables a 60; pero el PP añade 15 años más; es decir, tres generaciones en total. Ahí queda ese regalito para la historia. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.

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El "Algarrobillo" en la Sierra de Gata

 

La ribera del mar público

Cabe recordar que se considera el límite de la zona marítimo-terrestre el punto "donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos". La ribera del mar es está formada por la zona marítimo terrestre, las playas y los acantilados. Está permitido el acceso público y gratuito para usos comunes: paseo, estancia, baño. Pero hay lugares de este tipo que ahora son absolutamente privados. Y lo que es peor, podrá venderse lo que debería ser siempre espacio público.

Unos pocos, con relación al conjunto, se beneficiaron de la rebaja de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros. Pero además, la norma general, está plagada de excepciones que benefician precisamente a los más ricos, felices moradores de diez enclaves privilegiados en Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, si bien no todos son marinas de lujo.

José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, dijo en su momento: "Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos".

Claro que se argumenta que los ingleses y alemanes (o los rusos con fortunas de dudoso origen en la costa de Cataluña), compraron sus “propiedades”, de “de buena fe” sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando entró en vigor la Ley de 1988, que el PP ha reformado, descubrieron que no podían venderlas. Muchos de los afectados extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- se movieron en sus países y llevaron sus quejas al Parlamento Europeo, al tiempo que el Reino Unido y Alemania arremetían contra un acto de soberanía del Reino de España. Y la derecha, se plegó ante el hecho insólito de que estos y otros extranjeros y españoles registraran como propios terrenos aledaños de sus fincas que eran espacio público.

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Marina privada y consolidada de por vida.

El caso de Formentera que hubo que corregir

Greenpeace fue una de las voces que pusieron las cosas en claro y redujo el número de afectados de modo elocuente. Los verdaderos afectados somos más de 46 millones y medio de españoles, no los ricos que viven en las marinas exclusivas. Pero puestos a reformar, la derecha no se paró en barras y redujo el deslinde en la isla de Formentera, “debido a la especial configuración geológica de la misma”. Nada menos que el propio Tribunal Constitucional declaró reforma no ajustada a la Constitución este caso, al estimar que la reducción de este dominio marítimo-terrestre no estaba justificada para explicar por qué recibe un tratamiento distinto del resto de las islas Baleares.

Pero sí quedaron excluidos del dominio público 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia), (Y también, por cierto, el término municipal de Moaña, en la ría de Vigo). O sea, espacio público ocupado y asegurado que se puede transferir a un tercero en venta. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público (cedido u ocupado) no se debería poder venderse.

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La Manga del Mar Menor.

Casi un cuarto de la franja litoral urbanizada

Solamente entre 1987, antes de la Ley de Costas del 1988, y 2005, las urbanizaciones engulleron el 23% de la costa a un ritmo de dos hectáreas diarias (equivalente a dos campos de fútbol) en la franja de los primeros 500 metros de litoral, según el informe “Destrucción a toda costa 2013”, que Greenpeace elabora cada verano desde hace unos años para advertir sobre la progresiva urbanización a la que se ve sometida la costa española.

Los datos, extraídos del proyecto europeo Corine Land Cover, se basan en imágenes de satélite procesadas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que se analiza el aumento de superficie construida en la costa comparando imágenes de 1987, 2000 y 2005. El estudio toma como referencia los primeros 500 metros de costa, ya que era el límite que regulaba la anterior Ley de Costas. A lo largo de esta franja, existen en España cerca de 500 municipios pertenecientes a 23 provincias distintas. La costa mediterránea es la que está más ocupada (un 43%) mientras que la cantábrica es la que menos (un 16%). Las costas que más han aumentado su ocupación entre 1987 y 2005 han sido Baleares, con un aumento del 37%, y las Islas Canarias, con un 36%. Si atendemos al número de hectáreas, la costa más destruida es la andaluza, con 14.065, seguida de Canarias, con 10.931 hectáreas.

Una privatización descarada

Además de Greenpeace otras entidades y asociaciones se alzaron en su día ante la modificación de la Ley de Costas.  A juicio de Ecologistas en Acción, la ampliación de la concesión en otros 75 años más y la posibilidad de compra-venta de los inmuebles supone una privatización encubierta de la costa y el sacrificio del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y sirve a la especulación urbanística y a los intereses privados, bajo la vacía excusa de hacer compatible la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico y dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas en el litoral. Sin embargo, esta reforma no solo no incrementará la seguridad jurídica, sino que la gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que plantea, tendrá justo el efecto contrario.

“Al prolongar ahora estas concesiones en DPMT y en su servidumbre de protección, el Estado español deberá hacer frente a una oleada de reclamaciones por indemnizaciones de los afectados que sí cumplieron la legislación. Por otra parte, la pretensión de reducir la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas. Lejos de proseguir con el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático en la costa, vemos como el ministerio avanza en dirección totalmente opuesta, lo que acarreará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones que reduzcan los metros de la servidumbre”-

Ecologistas en Acción considera, además, que aumentar la "flexibilidad" en las playas urbanas no traerá sino nefastas consecuencias para el equilibrio de la franja litoral así como un efecto negativo sobre los usuarios de las playas. La gestión del litoral no puede ir enfocada a si son playas urbanas o naturales, sino que se debe estudiar caso por caso en función de la singularidad de la zona y de las presiones a las que estén sometidas.

El rodillo del PP

El rodillo del PP se impuso en el Congreso y en el Senado, donde por cierto se olvidaron de lo que dice la Constitución a propósito del carácter público de nuestras costas. La reforma se llevó a cabo sin un estudio previo riguroso y sin tener en cuenta los efectos que irremediablemente va a tener en nuestro litoral el cambio climático. Ahora, habrá más chiringuitos y más grandes en las playas más concurridas. Se diferencia entre playas urbanas y naturales (como si todas no fueran naturales). Los chiringuitos podrán duplicar (de 150 a 300 metros cuadrados) la ocupación que se toleraba en la Ley de 1988.

Las dunas han quedado fuera del dominio público, según el caso si se consideran o no “necesarias para garantizar la estabilidad de la costa”. Las dunas estabilizadas no se mueven, pero se puede conseguir artificialmente. Este criterio podría abrir la puerta a que se hagan realidad urbanizaciones ideadas en zonas dunares, como Valdevaqueros (Tarifa) donde están tantos ojos puestos.

Una modificación en profundidad

Para hacerse una idea de lo que el PP ha hecho con la costa española, baste decir que desde el primer artículo de su ley se modifica profundamente la Ley de Costas de 1988, afectando a 43 apartados diferentes. Claro que si uno consulta la Constitución se encuentra que el artículo 45 proclama, como principio rector de la política social y económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo. El artículo 132 establece como dominio público la zona marítimo-terrestre, las playas y el mar territorial.

No deja de ser una broma que la Ley de Costas del PP, en su artículo 64 dice que “el concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. Pero ahora se añaden otras utilizaciones que han de respetarse por interés público”. De esta Ley se benefician las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes del 31 de mayo de 2013. 

Como la ley beneficia la ocupación del espacio pública produce el reintegro de la posesión consolidada como propios de los terrenos que dejan de formar parte del dominio público marítimo-terrestre a aquellas personas que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley de 1988, eran propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad, de terrenos que pasaron a formar parte del dominio público marítimo-terrestre por aplicación de aquélla, una vez revisados los correspondientes deslindes. El mismo criterio se aplica a las urbanizaciones que ocupaban espacios recuperados por la ley de 1988 en el espacio marítimo terrestre, si lo tenían inscrito como propios en el Registro de la Propiedad.

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Calviá, en Mallorca

 

Las presiones de los afectados

Mariano Rajoy y su gobierno cedieron ante la actividad desplegada por la llamada Asociación de afectados por la Ley de Costas de Denia y otros grupos de presión e intereses, que lograron bazas importantes contra el interés general público.

Y en ese sentido, los afectados lograron que la Comisión Europea atendieran las reclamaciones de propietarios de casas en el litoral español, pese a carecer de competencias para actuar contra el Gobierno de España, pero sí de expresar públicamente su rotundo rechazo a una Ley de Costas (la del 1988 y la revisada de 2013) “que no respetaba ni a la propiedad privada ni al medio ambiente”, dijeron. Y pese a todo, no se consideraron satisfechos con la prórroga de las concesiones que, de facto, privatiza y entrega la costa a particulares, especialmente de altísimo poder adquisitivo (pocos tienen una mansión al borde del mar con amarre propio, como en el caso de las marinas) durante varias generaciones.

En su argumentación, los afectados llegaron a invocar sus derechos fundamentales y el sagrado derecho a la propiedad, obviando las condiciones en que ésta cabalgaba sobre una concesión o simple usurpación del espacio público. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) requirió a España un sistema de compensaciones justo para todos los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua Ley de Costas española. Todos los solicitantes consideraban que poseían títulos legales de su propiedad, y se calculó que entre 200.000 y 400 000 personas podrían verse directamente afectadas por esta legislación.

A su vez, La Comisión de Asuntos Jurídicos  hizo una serie de observaciones a favor de la soberanía española, indicando que le informe elaborado por la ponente de la Comisión de Peticiones contenía errores con respecto a la legislación nacional que pueden llevar a sobrestimar la capacidad de actuación de la Unión Europea en este asunto, precisando que “En cualquier caso, la adquisición de bienes inmuebles en España se realiza de conformidad con la legislación nacional y cualquier supuesta infracción de esta legislación debe resolverse ante las autoridades judiciales españolas competentes.  Sólo en última instancia, una vez agotadas las vías de recurso nacionales, será posible presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

 Y añade: “En resumidas cuentas, al realizar la expropiación forzosa de un bien inmueble, las autoridades españolas actúan de conformidad con la Constitución española y las leyes promulgadas en virtud de la disposición correspondiente de dicha Constitución. El hecho de que algunas personas afectadas por las medidas en cuestión fueran ciudadanos de la Unión Europea que habían ejercido una de las libertades otorgadas por el Tratado no guarda relación con el asunto que nos ocupa. Las vías adecuadas de recurso son los tribunales españoles, y en última instancia, una vez agotadas las vías de recurso nacionales, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”.

El último regalo de Rajoy a Pontevedra

No deja de ser curioso, como en su día señalaron diversos medios, y que costó a Mariano Rajoy ser declarada “persona non grata en Pontevedra”, que el presidente del Gobierno concluyera su mandato provisional prorrogando hasta 2073 la concesión a la fábrica de la pasta de papel de la multinacional Ence que debería concluir dentro de dos años, pese a la larga batalla del Pontevedra contra su permanencia.

Todo un símbolo de una política sobre la costa, aunque el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reiterara que debía desaparecer de allí.

CLAVES DE LA LEY DE COSTAS DEL PP
Lo primero que sorprende es su nombre: Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. En general, salva lo ya construido con una concesión casi eterna y sin las restricciones actuales. Estas son sus claves:
> Núcleos amnistiados. La reforma excluye 10 núcleos de viviendas que dejarán de ser dominio público marítimo-terrestre. Lo hace sin un informe técnico ni una explicación amplia de por qué se han elegido.         
> Trato especial. Formentera tendrá un deslinde especial por su “especial configuración geológica”. (Anulado por el Tribunal Constitucional)
> Las construcciones legales construidas sobre el dominio público marítimo-terrestre al entrar en vigor la ley, cuyas concesiones empezaban a caducar en 2018, gozarán de otros 75 años a cambio de un pequeño canon
> Los concesionarios de las casas podrán venderlas (estaba prohibido) y hacer reformas, si no aumentan su volumen ni altura.
> Medio Ambiente autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 20 a 100 metros “en atención a las características topográficas o hidrográficas”. Esgrime que esa es la distancia en los ríos. Así salva muchos problemas en los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados por la Ley de Costas y que ahora se libran.
> Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión.
> La reforma permite al delegado del Gobierno suspender los planes municipales que invadan el dominio público. E
> Se excluyen del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y, por tanto, debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.
> La ley exime a las salinas e instalaciones de acuicultura de ser terreno público al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.
> La ley obliga a la Administración a incorporar en el Registro de la Propiedad todos los deslindes. La falta de ese trámite había generado muchos problemas a los compradores que denunciaban que no habían sido informados.
> Chiringuitos. Los chiringuitos y demás instalaciones desmontables de la playa recibirán un permiso cada cuatro años en vez de anualmente, como hasta ahora. Más adelante previsiblemente se modificará el reglamento de la ley y ahí sí que se puede ampliar la superficie de estos establecimientos.
> El Ministerio de Medio Ambiente distinguirá entre dos tipos de playas en un reglamento posterior: las playas urbanas y las que están rodeadas de espacios protegidos. En estas últimas la regulación será más estricta, se asegura.

 

La privatización pretendida en A Coruña es el trato del PP al espacio público marítimo-terrestre
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