El PP abre un frente con el Gobierno por los incendios: recursos sin precedentes para la crisis
La oleada de incendios que asola España este verano ha puesto de relieve una tensión inédita entre el Gobierno central y el Partido Popular (PP). Con más de 30.000 personas evacuadas, cuatro víctimas mortales y miles de hectáreas arrasadas en comunidades como Castilla y León, Galicia y Extremadura, los dirigentes populares han elevado su discurso reclamando a La Moncloa una movilización extraordinaria de recursos, incluyendo al propio Ejército más allá de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido que se desplieguen capacidades militares para tareas de evacuación, avituallamiento y vigilancia de los perímetros de los incendios, una solicitud calificada de “sin precedentes” por parte de varios analistas y que en el Ejecutivo interpretan como un intento de reorientar el foco hacia el Gobierno central, evitando así cuestionamientos sobre la gestión autonómica.
En España, la competencia principal en la extinción de incendios forestales recae sobre las comunidades autónomas, que cuentan con sus propios operativos y que pueden solicitar apoyo del Estado en caso de verse superadas. El Ministerio del Interior, a través del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), declaró el 12 de agosto la situación de preemergencia (nivel 1), lo que implica que la gestión continúa en manos autonómicas con refuerzos estatales disponibles si así se requieren.
Para que el Estado asumiera el mando directo sería necesaria la declaración de una “emergencia de interés nacional”, una figura legal que otorga al Ministerio del Interior la coordinación total de medios autonómicos, estatales y locales. Sin embargo, hasta el momento ni el Gobierno central ni las comunidades afectadas han solicitado dar ese paso, lo que mantiene las responsabilidades en el ámbito autonómico.
La presión de los barones territoriales
La estrategia del PP ha sido interpretada por miembros del Ejecutivo como una forma de “echar balones fuera”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó las exigencias de Feijóo como una “ignorancia”, recordando que todos los recursos de la UME están desplegados desde el 2 de agosto y que las Fuerzas Armadas no cuentan con formación ni medios para atacar directamente al fuego. “No podemos engañar a los ciudadanos y decir que no ha habido medios. Me gustaría que no se hiciera demagogia con este tema y no se faltara a la verdad”, apuntó en una entrevista.
Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reprochó que los gobiernos autonómicos del PP intenten trasladar al Estado la responsabilidad de una gestión que, por ley, les corresponde. “Cuando vienen mal dadas, se inhiben de sus propias responsabilidades e intentan culpar al Gobierno de España”, señaló.
En paralelo, varios presidentes autonómicos del PP han elevado la presión sobre el Ejecutivo. El caso más llamativo es el de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, que pasó de declarar que la comunidad contaba con “suficientes medios” a solicitar la incorporación de mil soldados, 30 helicópteros y 25 bulldozers con maquinistas. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, también se sumó a la petición de más medios operativos, maquinaria pesada y apoyo aéreo.
Desde el Gobierno, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha insistido en que todas las peticiones están siendo atendidas, aunque recordó que los traslados de maquinaria pesada pueden tardar en materializarse por motivos logísticos.
Más allá del cruce político, la magnitud de los incendios refleja un desafío estructural: la creciente vulnerabilidad de España ante los efectos de la crisis climática. @mundiario
