Bosques arrasados, pueblos evacuados… y la política de siempre
La oleada de incendios que está devastando Galicia, Castilla y León y Extremadura ha dejado en evidencia, una vez más, que el fuego no entiende de competencias, pero sí desnuda las carencias de quienes gobiernan. La magnitud de la tragedia —con muertos, miles de evacuados y decenas de miles de hectáreas calcinadas— exige coordinación, rapidez y claridad en la gestión. Sin embargo, lo que ha emergido es un nuevo capítulo del pulso político entre el Partido Popular y el Gobierno central.
Los presidentes autonómicos populares, algunos con décadas de poder continuado en sus territorios, han pasado de presumir de medios suficientes a reclamar, en cuestión de horas, un despliegue inédito del Ejército. Helicópteros, bulldozers y hasta mil soldados forman parte de unas exigencias que, más que soluciones inmediatas, parecen una estrategia para tapar la falta de previsión y los recortes previos en prevención forestal. Porque la realidad es que, por muy llamativa que sea la petición, el Ejército no está entrenado ni equipado para sofocar directamente las llamas. Lo reconocen los propios mandos militares: su papel es complementario, no sustitutivo.
El Gobierno, por su parte, ha respondido con la misma dinámica de reproches. Acusa a los dirigentes del PP de inhibirse de su propia responsabilidad y de cargar sobre La Moncloa el peso de una gestión que, según la ley, corresponde en primera instancia a las comunidades autónomas. Y tiene razón en parte: el marco legal es claro y establece distintos niveles de emergencia que determinan la intervención del Estado. Pero la insistencia en el formalismo legal no basta cuando las llamas avanzan a la velocidad del viento y la población ve cómo su vida se reduce a cenizas.
La cuestión de fondo es incómoda para ambos lados. El PP paga ahora los recortes acumulados en prevención, la tardanza en reforzar plantillas de bomberos forestales y la dependencia de la meteorología como coartada. El Gobierno central, en cambio, incurre en un error grave al parapetarse en tecnicismos mientras la ciudadanía exige respuestas inmediatas. Nadie quiere escuchar qué artículo de la ley corresponde aplicar mientras su pueblo arde; lo que esperan es liderazgo, coordinación y un gabinete de crisis en marcha desde el minuto uno.
Conviene recordar que España es un país cada vez más vulnerable al fuego. El cambio climático multiplica los episodios extremos, y no hay margen para la improvisación. El pacto de Estado sobre incendios y prevención lleva años sobre la mesa, pero nunca se convierte en una prioridad real. Mientras tanto, cada verano la tragedia se repite y se convierte en un arma arrojadiza entre Gobierno y oposición.
La ciudadanía, sin embargo, no distingue entre competencias autonómicas o estatales cuando ve cómo pierde su casa, sus bosques y su modo de vida. Reclama eficacia, no discursos. Reclama rapidez en las ayudas, no promesas de millones que se eternizan en la burocracia. Reclama, en definitiva, que quienes gobiernan estén a la altura de la emergencia.
El fuego ha dejado claro que España necesita menos excusas y más anticipación. Los incendios no se apagan con tuits ni con ruedas de prensa, sino con planificación, inversión sostenida y equipos humanos suficientemente reforzados. Lo demás es ruido político que se consume tan rápido como las llamas, pero deja tras de sí el mismo rastro: devastación y desconfianza en las instituciones. @mundiario
