El juez encarga a la UCO analizar todos los correos de Begoña Gómez tras las acusaciones de Sánchez
La instrucción judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha dado un giro decisivo. El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha requerido a la Presidencia del Gobierno la entrega íntegra de los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez desde julio de 2018, coincidiendo con la llegada de Sánchez a La Moncloa. Todo el material será remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis.
La medida se enmarca en la pieza separada del conocido como caso Begoña, donde la investigada se enfrenta a imputaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida de marca y, más recientemente, malversación de caudales públicos. La decisión de Peinado se apoya en la confirmación de que Gómez dispone desde 2018 de un correo corporativo de la Presidencia del Gobierno, algo solicitado en su momento por Vox, que ejerce la acusación popular en la causa.
La investigación actual gira en torno a la contratación de Cristina Álvarez, asesora en la Secretaría General de Presidencia, a quien el juez atribuye funciones que excedían sus competencias oficiales. Según el auto, parte de su tiempo laboral habría estado dedicado a tareas académicas vinculadas a la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía Gómez. Este hecho, a juicio de Peinado, podría constituir un delito de malversación, lo que ha llevado a imputar tanto a la asesora como a la propia esposa del presidente.
La Audiencia Provincial de Madrid ya avaló en junio que se investigara esta vertiente, al considerar que existían indicios de un uso irregular de recursos públicos en favor de actividades privadas.
Calendario judicial y tensiones políticas
Gómez declarará como investigada el próximo 10 de septiembre, un día antes de lo previsto inicialmente, tras una petición de su abogado por problemas de agenda. Ese mismo día también comparecerá Cristina Álvarez. La coincidencia temporal subraya la relevancia de esta pieza separada, que se suma a la causa principal sobre la actividad de Gómez en la Complutense.
El proceso judicial se desarrolla en un clima de alta tensión política. El propio presidente Sánchez ha denunciado en su más reciente entrevista de TVE que “hay jueces haciendo política que no cumplen la ley”, en alusión directa a la instrucción de Peinado y a lo que calificó como “pena de telediario” contra su familia. Sus declaraciones han provocado reacciones enfrentadas: mientras la oposición pide respeto a la independencia judicial, sectores afines al Gobierno denuncian una instrumentalización de la justicia con fines políticos.
Precedentes y limitaciones de la instrucción
El juez Peinado ha visto en varias ocasiones cómo sus intentos de ampliar la investigación eran frenados por instancias superiores. El Tribunal Supremo rechazó encausar al ministro Félix Bolaños, al que vinculaba con la contratación de la asesora de Gómez, por “ausencia absoluta” de indicios de delito. También se han archivado otras líneas de investigación abiertas inicialmente, como la relacionada con el Instituto de Empresa y su Africa Center.
A pesar de esas limitaciones, el magistrado insiste en avanzar en el caso y ahora centra sus esfuerzos en el análisis masivo de las comunicaciones electrónicas de Gómez. La clave será determinar si en esos correos existen evidencias de contactos con empresas colaboradoras de la cátedra que puedan sustentar las imputaciones por corrupción y malversación.
Paralelamente, la consultora Deloitte ha respondido a un requerimiento del juez aclarando que no participó en el desarrollo del software vinculado a la cátedra de Transformación Social Competitiva dirigida por Gómez. Según la firma, su trabajo se limitó a un servicio de asesoría y soporte a una oficina de proyectos ya existente, descartando cualquier implicación técnica en el programa informático bajo sospecha. @mundiario
