El CGPJ abre diligencias en casos sensibles sobre los jueces de Begoña Gómez y la dana
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un paso significativo en dos investigaciones que han generado amplio eco mediático y político: el caso contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la instrucción penal de la catástrofe de la dana en Valencia. En ambos procedimientos, el máximo órgano de gobierno de los jueces ha abierto diligencias informativas para examinar quejas presentadas contra los magistrados que los conducen.
Este movimiento no solo pone en el centro del debate la actuación de jueces en causas altamente sensibles, sino que también plantea interrogantes sobre los límites de la instrucción judicial y el papel del CGPJ en la supervisión de posibles irregularidades procesales.
El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid y encargado de la causa contra Begoña Gómez, afronta ahora un nuevo frente: el CGPJ ha abierto diligencias informativas tras recibir una queja por su actuación en un procedimiento distinto, relacionado con un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid.
La queja fue interpuesta por el diputado socialista Guillermo Hita, quien acusa a Peinado de una supuesta “dejación de deberes” al no prorrogar en plazo una instrucción que investigaba presuntas irregularidades en la contratación de unas jornadas sobre movilidad sostenible. El error procesal, confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid, provocó el archivo del caso, pese a que las acusaciones populares de Podemos y Más Madrid habían solicitado la ampliación dentro del plazo legal.
La apertura de estas diligencias no implica de momento sanción alguna. El Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, deberá escuchar las alegaciones del magistrado y decidir si procede abrir un expediente disciplinario o archivar la queja.
Se trata ya de la segunda investigación interna sobre Peinado en apenas unos meses, después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentara quejas por presuntas irregularidades en su interrogatorio como testigo en abril.
La jueza de la dana en Valencia también bajo investigación
En paralelo, el CGPJ ha iniciado un procedimiento similar contra Nuria Ruiz Tobarra, jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa sobre la devastadora dana que dejó 228 víctimas mortales en octubre de 2023.
La queja ha sido presentada por Salomé Pradas, exconsejera de Justicia y Emergencias de la Generalitat Valenciana del popular Carlos Mazón y actualmente imputada en las pesquisas. Pradas, defendida por el exmagistrado Eduardo de Urbano, denuncia una supuesta “falta de imparcialidad” de la instructora y cuestiona la base probatoria de las diligencias.
Entre los reproches, la exconsejera acusa a la jueza de “intromisión” en la investigación, de no entregarle la transcripción íntegra de su declaración y de haber emitido juicios de valor que, a su entender, suponen una “condena” anticipada.
El CGPJ, de momento, se limita a comprobar si existen indicios de infracción disciplinaria o si corresponde archivar la queja. En este sentido, el procedimiento es idéntico al que afecta al juez Peinado: la fase inicial no prejuzga la existencia de responsabilidad alguna, pero sí abre la puerta a un mayor escrutinio.
Una justicia bajo escrutinio: la importancia de la imparcialidad
El hecho de que el CGPJ estudie de forma simultánea la actuación de dos jueces inmersos en causas con gran repercusión política y social refleja la delicada posición de la judicatura en un contexto de alta polarización.
Por un lado, la instrucción del caso Begoña Gómez ha estado marcada por la presión mediática y la confrontación política, lo que aumenta el interés sobre las actuaciones del magistrado. Por otro, la investigación de la dana en Valencia se relaciona con la peor catástrofe natural reciente del país, con víctimas, familias afectadas y responsables políticos bajo el foco.
Ambos procedimientos ponen de relieve la importancia de garantizar que las investigaciones judiciales se conduzcan con escrupuloso respeto a los plazos, la imparcialidad y las garantías procesales. La apertura de diligencias informativas, aunque no implique de momento sanción alguna, constituye un mecanismo de control institucional que busca salvaguardar la confianza ciudadana en la justicia. @mundiario
