La jueza desmonta el relato político sobre la tragedia de la dana
La tragedia provocada por la dana del pasado 29 de octubre, que dejó 228 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana, sigue generando una intensa pugna no solo jurídica, sino también política. Pero en este cruce de reproches y responsabilidades, la voz que ahora se impone es la de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, instructora del caso en el juzgado de Catarroja, quien ha rechazado de forma tajante las conclusiones del informe presentado por la Guardia Civil. El documento había sido convertido en ariete por parte de la Generalitat Valenciana para justificar su versión sobre la falta de previsión y comunicación por parte de las agencias estatales. Sin embargo, la jueza desmantela ese relato con un argumentario jurídico contundente que va más allá del simple desacuerdo técnico: habla de errores, de extralimitaciones y, en última instancia, de una intencionalidad política que contamina la investigación de una tragedia humana.
El auto no deja lugar a dudas. La cronología elaborada por la Guardia Civil —220 páginas que pretendían reconstruir lo ocurrido en el barranco del Poyo— es, según la magistrada, un informe “claramente incompleto” y “erróneo en sus consideraciones y apreciaciones”. Su mayor defecto no es la falta de datos, sino la omisión deliberada de elementos cruciales: declaraciones de víctimas y familiares, informes de la Generalitat, testimonios técnicos, registros del CECOPI e incluso grabaciones que desmienten una supuesta falta de avisos por parte de la Aemet. Todo ello ha sido ignorado en favor de una interpretación parcial que refuerza una narrativa política concreta: la de la inacción del Gobierno central y sus organismos dependientes.
Es precisamente esta utilización política la que convierte el informe en un instrumento de manipulación. No es casual que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, difundiera en redes sociales un audio recortado —y por tanto manipulado— que pretendía reforzar la idea de un “apagón informativo” por parte de Aemet. La jueza desmonta también esa teoría: no hubo tal apagón, sino momentos puntuales en los que el trabajo se desarrolló de forma presencial, sin que ello supusiera una ruptura en la cadena de información crítica.
La acusación más grave, en cualquier caso, es la de que la Guardia Civil se extralimitó en su encargo. Según la jueza, el cuerpo debía limitarse a establecer una cronología de los desbordamientos y su relación con los fallecimientos, sin entrar a valorar las actuaciones de los distintos actores implicados, algo que es competencia exclusiva del ámbito jurisdiccional. “El análisis de la negligencia, fallos o posición de garante es exclusivamente jurisdiccional”, subraya el auto. Es decir, ni la Guardia Civil ni, por extensión, ninguna administración puede erigirse en juez antes del juicio.
La magistrada va aún más lejos al señalar que el informe no solo no aborda las decisiones clave —como la retirada de los bomberos forestales, documentada por el propio Consorcio Provincial de Valencia—, sino que contribuye a desviar el foco de las verdaderas responsabilidades operativas. No puede achacarse a la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni mucho menos a su presidente Miguel Polo, el descontrol del desbordamiento ni la falta de presencia en terreno de otros cuerpos. Aun así, se solicitó su imputación, que ha sido rechazada de nuevo.
En este contexto, el informe de la Guardia Civil se convierte en munición para una estrategia política más amplia, liderada por la Generalitat Valenciana, que busca cargar la responsabilidad sobre el Gobierno central. Así lo expresó, sin ambages, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, al considerar que el informe “corrobora” lo que el Ejecutivo autonómico sostiene desde el primer día. En su declaración pública evita valorar el auto judicial, pero defiende a ultranza el trabajo de la Guardia Civil, sin matizar la contundente desautorización que ha hecho la magistrada.
Resulta especialmente preocupante que se pretenda blindar un documento claramente parcial bajo el prestigio institucional del cuerpo que lo firma. La solvencia de la Guardia Civil como institución no debería servir para legitimar un trabajo deficiente que, como indica la jueza, incurre en sesgos relevantes y omisiones graves. No es la primera vez que un informe técnico o pericial es utilizado políticamente, pero sí lo es que su uso desemboque en una acusación formal rechazada por la misma jueza instructora que denuncia su falta de rigor.
Este episodio pone en evidencia un fenómeno cada vez más presente en la gestión de crisis: la politización del dolor y la manipulación del relato en beneficio partidista. Convertir una tragedia humana en un campo de batalla política, ignorando los tiempos y cauces judiciales, deslegitima las instituciones, desorienta a la opinión pública y revictimiza a quienes han perdido a sus seres queridos.
En última instancia, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha puesto orden donde otros han querido sembrar confusión. Ha recordado, con la firmeza que exige su cargo, que la búsqueda de la verdad y la depuración de responsabilidades debe hacerse con pruebas, no con relatos interesados. Porque en una democracia madura, ni el dolor se manipula ni la justicia se instrumentaliza. Y mucho menos cuando hay 228 muertos esperando una respuesta que no puede —ni debe— estar contaminada por los cálculos electorales. @mundiario
