El título del comisionado del Gobierno para la dana: niega irregularidades, pero no aclara su origen
El comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel Batalla, se encuentra en el centro de una creciente polémica que amenaza con erosionar su trayectoria de más de cuatro décadas en la función pública. El detonante: una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras recibir un informe demoledor de la Agencia Valenciana Antifraude que cuestiona la autenticidad de una diplomatura que figura en su expediente como funcionario de carrera. En concreto, se trataría de un título en Archivística y Biblioteconomía que, según sostiene la Universitat de València, no existía en 1983, el año en que supuestamente fue expedido.
En un comunicado difundido este martes, Ángel Batalla ha roto su silencio para negar categóricamente cualquier irregularidad en su acceso a la función pública, defendiendo la legalidad de los procesos mediante los cuales obtuvo plaza primero como auxiliar técnico y luego como ayudante técnico en la Diputación de Valencia. Sin embargo, lo más llamativo de su comparecencia es aquello que ha decidido no decir: no ha ofrecido explicación alguna sobre el título universitario que figura en su expediente ni ha aclarado cómo llegó a presentarse un documento cuya existencia niega la institución académica que supuestamente lo expidió.
“No ha existido ninguna irregularidad en mi acceso a la función pública en 1983 ni en el acceso a la plaza de ayudante técnico en 1986”; reza el comunicado de Ángel Batalla. “Siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias”, ha dicho el funcionario, que desglosó que, para acceder al cargo de Auxiliar Técnico de Archivos y Biblioteca en la Diputación de Valencia, “eran estar en posesión del título de enseñanza media, bachillerato o equivalente”. Para ello, aportó su título de Bachiller Superior y como “acreditación de los méritos” la “copia de los títulos de cinco cursos y formaciones complementarias, además del título de valenciano, y acreditación de experiencia previa en la función pública y de colaboraciones en publicaciones”.
Para la promoción de 1986 a ayudante técnico de Archivos y Bibliotecas (Grupo A2), “los únicos requisitos eran los relativos a la propiedad de la plaza que estaba ocupando desde 1983, presentar una memoria y superar un examen escrito”, dice el comunicado. “Un proceso que superé satisfactoriamente y que concluyó con mi nombramiento y toma de posesión el 11 abril de 1986″, zanjó Ángel Batalla.
Una defensa centrada en lo legal, no en lo documental
El informe de la Agencia Valenciana Antifraude sostiene que “el Sr. Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia, por lo que el título universitario que consta en su expediente personal como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso, ya que, además, no constan evidencias de que dicha titulación sea real”. La Universitat de València ha confirmado que en 1983 no ofrecía ninguna diplomatura oficial bajo la denominación de Archivística y Biblioteconomía, como la que aparece referida en distintos currículos del ahora comisionado del Gobierno.
Según la Agencia, se entregó una copia de una diplomatura no completada que fue validada por los funcionarios de la Diputación de entonces, lo que pudo facilitar la promoción de Batalla al grupo B (equivalente al actual A2) en 1986, pese a que para ello se exigía una titulación oficial o estudios universitarios avanzados. Eso habría tenido lugar “mediante una actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, no realizaron las comprobaciones oportunas”. La investigación también indica que, de ser así, Batalla pudo haberse beneficiado “de emolumentos superiores (sueldo, grado consolidado y trienios) a los que le corresponderían como funcionario del grupo D (actual C2)”.
En su defensa, Batalla ha puesto el foco en el cumplimiento estricto de los requisitos legales para optar a las plazas que obtuvo entre 1983 y 1986. En ese periodo, sostiene, bastaba con el título de Bachiller Superior para acceder a la función pública como auxiliar técnico. Incluso para promocionar al puesto de ayudante técnico, asegura que “los únicos requisitos eran los relativos a la propiedad de la plaza que estaba ocupando desde 1983, presentar una memoria y superar un examen escrito”.
La estrategia del ataque a Antifraude
En lugar de aclarar el origen de su título, Batalla ha optado por una línea argumental crítica con la Agencia Antifraude, cuestionando su imparcialidad y señalando una supuesta motivación política tras la filtración del caso. El comisionado denuncia no haber sido informado formalmente de la investigación ni haber tenido ocasión de ejercer su derecho de defensa antes de que el asunto llegara a los medios.
Apunta además a la presidencia actual de la Agencia, dirigida desde 2023 por Emilio Beüt, elegido con los votos de PP y Vox, insinuando que su actuación podría responder a una campaña de desprestigio alentada desde las derechas. “Creo que es nuestro deber condenar esta utilización política de instituciones como la Agencia Antifraude para dañar la reputación y el buen nombre de personas”, dice Batalla en el texto.
La Moncloa ha evitado por el momento expresar un respaldo explícito a Ángel Batalla. La ministra portavoz, Pilar Alegría, se ha limitado a declarar que “el Ministerio ha pedido información y cuando tengamos la respuesta, informaremos con toda la transparencia”. Un tono muy distinto al mostrado en otras polémicas recientes.
Desde el PP, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha sido el más contundente: acusa a Batalla de “engaño continuado” y exige su dimisión inmediata, además de estudiar la personación de la institución como parte perjudicada. Mientras tanto, desde el PSPV-PSOE se ha defendido la “honestidad” del comisionado y se ha criticado la oportunidad política de la filtración del informe, justo en el día en que se cumplían nueve meses desde el paso de la dana por la Comunidad Valenciana. @mundiario
