El juez Peinado bajo escrutinio: el CGPJ abre diligencias tras una queja en el caso Begoña Gómez

El órgano de gobierno de los jueces investiga al instructor de la causa contra la esposa del presidente Sánchez, después de que el ministro de Presidencia y Justicia presentara dos quejas por supuestas “irregularidades”.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia y Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid. / @franmartagui
Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia y Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid. / @franmartagui

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas para analizar la actuación del juez Juan Carlos Peinado, instructor del denominado caso Begoña Gómez, a raíz de una queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La decisión del órgano de gobierno de los jueces añade un nuevo capítulo a una investigación que desde hace meses ocupa titulares y que sitúa en el centro del debate la relación entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo.

La queja de Bolaños se remonta al pasado abril, cuando el ministro fue interrogado como testigo en La Moncloa dentro de una de las piezas separadas de la causa. Según trascendió, la declaración estuvo marcada por momentos de especial tensión, incluido un intercambio en el que el magistrado reprochó al ministro una sonrisa durante el interrogatorio. Este episodio fue considerado por Bolaños como un ejemplo de trato improcedente, lo que motivó su primera queja formal.

El conflicto se intensificó semanas más tarde, cuando el juez Peinado elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que se investigara al ministro por supuestos delitos de malversación y falso testimonio. La respuesta del alto tribunal fue contundente: rechazó de plano la petición al considerar que no existía “ni un mínimo respaldo indiciario” para abrir causa contra el ministro, censurando además algunos aspectos del escrito enviado por el juez instructor.

La apertura de diligencias por parte del CGPJ, en manos del promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, no implica automáticamente la existencia de una sanción, pero sí activa un procedimiento de revisión. Tras el estudio del caso, el órgano deberá determinar si se abre o no un expediente disciplinario contra el magistrado. Según fuentes judiciales, este tipo de diligencias son habituales y constituyen el cauce reglado para evaluar la validez de las quejas presentadas.

El juez imputa otra vez a Begoña Gómez

Mientras tanto, la instrucción que dirige Peinado sobre Begoña Gómez continúa. En las últimas resoluciones, el juez ha citado de nuevo a la esposa del presidente del Gobierno por la contratación de La Moncloa de una asesora, Cristina Álvarez, que se habría dedicado a actividades profesionales de Gómez y por la presunta utilización de correos electrónicos para recabar apoyos en la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La Abogacía del Estado ha cuestionado la actuación del magistrado en varias ocasiones, llegando incluso a plantear una querella por prevaricación que no prosperó. Esta semana, el instructor abrió una pieza separada en la causa por un presunto delito de malversación de fondos públicos. 

El auto judicial establece que Cristina Álvarez deberá declarar el 10 de septiembre y que, un día después, el 11 de septiembre, será el turno de Begoña Gómez.

En este contexto, el CGPJ se convierte en árbitro de una controversia que afecta tanto a la imagen de la Justicia como a la confianza ciudadana en la separación de poderes. Lo que está en juego no es el futuro de una investigación judicial concreta, sino también la percepción de que los mecanismos de control funcionan con equilibrio, transparencia y garantías. @mundiario

Comentarios